4 de diciembre de 2024
Con 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó la implementación de una nueva tasa de seguridad que se cobrará mediante facturas de servicios públicos. El gobernador Andrés Julián Rendón logró superar la oposición y garantizar recursos para proyectos clave en seguridad. Sin embargo, la medida ha generado tensiones con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció que no permitirá su aplicación en la ciudad.
La polémica en la aprobación de la tasa
La tasa de seguridad fue discutida en una sesión extraordinaria de la Asamblea de Antioquia, marcada por enfrentamientos entre sectores públicos y privados. Durante el debate, gremios empresariales y algunos diputados argumentaron que la medida no fue concertada y que afectará a ciudadanos y empresas. A pesar de las críticas, el gobernador Rendón defendió la iniciativa como una herramienta necesaria para financiar proyectos estratégicos.
Rechazo desde Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez expresó su oposición a la tasa, afirmando: “No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas”. También advirtió que, como presidente de la Junta Directiva de EPM, no permitirá que el cobro se realice a través de las facturas de servicios públicos. Esta postura abrió interrogantes sobre posibles acciones legales por parte del Distrito o de EPM para cuestionar la viabilidad de la ordenanza.
En noviembre, EPM ya había señalado riesgos legales en la implementación del tributo. El gerente de EPM, John Maya Salazar, advirtió sobre posibles conflictos jurídicos y normativos, lo que podría generar inseguridad jurídica para la compañía y sus usuarios.
Destinación de los recursos y justificación de la Gobernación
Con la aprobación de la tasa, la Gobernación espera recaudar $1,1 billones entre 2025 y 2027. Los recursos serán invertidos en cinco áreas clave, destacándose $600.000 millones para cámaras de seguridad y $300.000 millones para infraestructura deportiva. Además, se destinarán $194.000 millones a la construcción de una cárcel departamental y $156.000 millones para dotar al Ejército y la Policía.
Argumentos del gobernador Rendón
Rendón defendió la medida asegurando que: “Medellín es una ciudad con un gran presupuesto, pero la realidad fuera de ella es muy difícil”. Según el mandatario, el 85% de los suscriptores residenciales no pagarán la tasa, mientras que el 60% de los no residenciales tendrán un cargo menor a $30.000 mensuales.
Rendón también cuestionó los argumentos legales de EPM, señalando que la empresa aplica tributos similares en otros departamentos a través de sus filiales.
Reacciones en la Asamblea
El debate dejó en evidencia las divisiones políticas dentro de la Asamblea de Antioquia. Por el sí votaron las bancadas del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático y ASI, mientras que los diputados de Creemos, Alianza Verde, Mira, el Pacto Histórico y otros independientes votaron en contra.
Gremios y alcaldes municipales
Mientras que agremiaciones como Fenalco Antioquia reiteraron que los empresarios no soportan más impuestos, varios alcaldes de municipios como Girardota, Amagá y Anzá insistieron en la urgencia de invertir en seguridad. “Las inversiones en materia de seguridad no dan espera”, señalaron los mandatarios locales.
La medida también enfrentó oposición en julio pasado, cuando una ponencia negativa presentada por el movimiento Creemos bloqueó el proyecto. Sin embargo, el gobernador Rendón retomó la iniciativa en noviembre, logrando finalmente su aprobación.
Un debate que continúa
Aunque la tasa ya fue aprobada, persisten las dudas sobre su implementación en Medellín y su viabilidad jurídica. Las declaraciones del alcalde Gutiérrez y las advertencias de EPM podrían derivar en nuevas disputas legales. Mientras tanto, la Gobernación avanza en los preparativos para su aplicación, argumentando que los recursos son esenciales para garantizar la seguridad del departamento.
