Las indagaciones, añadió el alto oficial, las adelanta la Inspección General de la Policía. Los investigadores analizan no solo el comportamiento de los policías, también se verifican los requerimientos y las instrucciones impartidas en este caso.

Según el alto oficial, las indagaciones cuentan con el apoyo y coordinación de la Fiscalía general de la Nación.

​Más Amenaza​s

El general Triana también anunció que la Policía abrió una investigación para determinar la autenticidad y el grado de riesgo frente a las amenazas al presidente Petro, los ministros del Despacho y sus familias, aparecidas en las últimas horas en diversas redes sociales.

“La Policía anuncia una investigación que se inició desde el mismo día que se supo de estas amenazas, En el marco de esta noticia criminal se coordina con la Fiscalía General de la Nación», indicó el general Triana.

“He ordenado la ampliación de los sistemas de seguridad de los miembros de la oposición, y de las familias de los integrantes del Gobierno, ante nuevas amenazas directas contra los hijos de ministros y Presidente», reveló.

​Más seguridad

Frente a la orden de ampliar la protección a los miembros de la oposición, el director de la Policía confirmó que la institución está adelantando un estudio de riesgos de todos los aspirantes, candidatos, precandidatos y dirigentes políticos que han expresado su decisión de participar en el debate electoral.

El general Triana indicó que se están revisando los esquemas de seguridad tanto en sus residencias como en las sedes políticas. Además, se dio comienzo a un programa de reentrenamiento al personal de la Policía y se trabaja en ajustes a los esquemas de protección.

Agresor dispuesto a colaborar

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Cáceres Cárdenas, afirmó este lunes que el adolescente implicado en el atentado ocurrido el fin de semana contra el senador Miguel Uribe Turbay está dispuesto a colaborar con las autoridades sobre la verdad en torno a lo acontecido.

“Se requiere una protección especial, no solo de la información que damos a medios, sino también de su seguridad. Él está en total colaboración, y también en actitud de asumir las responsabilidades”, dijo la directora de ICBF en declaración a medios de comunicación en la Casa de Nariño. 

Respecto al proceso judicial amparado por el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, explicó que el joven debe enfrentar dos trámites: “Frente al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente empiezan dos procesos, el administrativo y el jurídico como tal. Frente al jurídico, él tiene un defensor de oficio asignado por la Defensoría del Pueblo; frente al administrativo, una defensora de familia a cargo del proceso”, manifestó. 

Asimismo, reveló que hay acuerdos con la Fiscalía General de la Nación para que el adolescente cuente con todas las medidas de protección.

“Hay unos acuerdos con la Fiscalía para que esa medida tenga condiciones de seguridad para el chico, condiciones excepcionales por el caso que tenemos y por supuesto en el marco de las garantías de ley”, aseveró la directora de ICBF.

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Mientras el dirigente herido se debate entre la vida y la muerte en una clínica capitalina, su esposa en medio del dolor pide respeto; la jauría política se trenza en una brutal guerra verbal en la calle y redes sociales tratando de sacar los mayores réditos partidistas a la tragedia. Esa es la violencia cíclica que se ha apoderado de la patria por décadas, sin el más mínimo asomo de voluntad de cambio. ¡leña a la hoguera pareciera ser la consigna general ¡apagar el fuego con gasolina.

Una vez conocida la infausta noticia de la acción criminal y como si estuviesen preparados con antelación, las redes sociales se inundaron de mensajes de odio, de acusaciones y recriminaciones, todas insultando y culpando al gobierno del presidente Petro, al que no le dan un día de tregua.

De inmediato llegarían las amenazas a los hijos del Jefe del Estado y de los integrantes de su equipo de gobierno, como si se tratara del resultado de una bien planificada maniobra terrorista para terminar de desestabilizar el gobierno y direccionar el rumbo de las nuevas elecciones, como ya ha ocurrido en otros tiempos.

Los llamados a la cordura y la sensatez caen en el vacío como palabras huecas y la multitud enardecida busca y señala responsables directos, sin los mínimos indicios o pruebas.

Mientras más confusión, odio y división se genere, mayores serán los caudales electorales. Este perece ser el mensaje de una clase política guiada por sus tenebrosos intereses personales de clanes y grupos sin el menor respeto y apego por las grandes mayorías.

Desalentador pronóstico

De otro lado, el más reciente reporte médico emanado de la Fundación Santa Fe de Bogotá donde es atendido el dirigente herido no es nada alentador, informa de poca reacción al tratamiento y que su estado sigue siendo crítico.

Además, el neurocirujano Remberto Burgos de La Espriella, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, hizo para RCN y la FM, otro diagnóstico poco esperanzador.

“El pronóstico se ha empobrecido”, insistiendo en que, en casos como este, la evolución neurológica debe observarse en las primeras 72 horas. “Si no hay respuesta después de 36 horas, es muy difícil que el paciente comience a responder después. El tiempo razonable para una evolución clínica son 72 horas. Si tras ese periodo no hay mejoría, se deben tomar decisiones médicas y familiares más complejas”, explicó el especialista.

“Yo pienso que las cosas, el tiempo y la evolución del senador Uribe no han sido favorables”, afirmó el doctor Burgos. Según explicó, ya han pasado más de 36 horas desde que el político recibió el impacto de bala en la cabeza y hasta ahora no se ha evidenciado mejoría” concluyó.

Comisión de Garantías Electorales

A las 2 de la tarde de hoy lunes el ministro del Interior liderará en su despacho una reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de Procesos Electorales —más conocida como Comisión de Garantías Electorales—. El propósito del encuentro es diseñar un plan de paz, crear subcomisiones y establecer agendas relacionadas con la seguridad de los candidatos presidenciales, “sobre todo los de la oposición, como siempre lo ha declarado el presidente”, aseguró Benedetti.

En la tarde, también en la Casa de Nariño, el mandatario se reunirá con presidentes y voceros de los diferentes partidos políticos. “Se convocará a cada uno de los presidentes o voceros de los partidos para una reunión con el presidente de la República. Es importante decir que hemos invitado a los presidentes del Senado, Efraín Cepeda, y de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, así como a los presidentes de todas las comisiones constitucionales de Senado y Cámara. Creemos que es el momento de dejar las diferencias políticas para trazar una ruta de paz y tranquilidad”, señaló la secretaria general de la Presidencia.

La investigación

Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez, indicó que existen tres líneas de investigación: “Primero, si el atentado fue por ser Miguel Uribe Turbay; segundo, si fue por su condición de dirigente político y lo que representa su partido (Centro Democrático); y tercero, si se trata de un intento por desestabilizar al Gobierno nacional mediante amenazas a algunos miembros que piensen diferente”.

Ya se estableció que el arma utilizada en el atentado fue comprada en los Estados Unidos, se han registrado varios allanamientos, numerosas personas han sido llamadas a versión libre, mientras que un grupo de especialistas ahonda en la investigación.

A su turno, el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, explicó que se han destinado más de 200 investigadores al caso Uribe Turbay: 188 de la Dijín y más de 20 del CTI de la Fiscalía, con el respaldo de la comunidad de inteligencia militar y policial.

A esta hora la fiscalía general de la Nación analiza más de mil videos relacionados con los hechos y ha entrevistado a más de veinte personas, además de haber establecido que la pistola utilizada fue comprada en el año 2020 en Estados Unidos, entre muchos otros detalles que no pueden ser públicos.

Por su parte, la Fiscalía general de la Nación y la Policía Nacional, detallaron hoy en rueda de prensa los avances clave en la investigación del atentado contra el senador Miguel Uribe. Hasta ahora, solo hay un implicado: un menor de edad capturado en el lugar, a quien ya le legalizaron la captura, abajo los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El menor es asistido por Bienestar familiar por razones de ley.

Mayor seguridad para la oposición

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana anunció que se reforzará la seguridad de la familia del senador Uribe Turbay, incluso con personal militar, y se intensificó la protección en los centros asistenciales donde permanece hospitalizado el senador, así como el menor de edad señalado como presunto sicario.

“Vamos a hacer una revisión muy exhaustiva de la seguridad del partido Centro Democrático y de todo su esquema de protección. Se han mapeado refuerzos específicos para los cerca de 30 aspirantes presidenciales, en un esfuerzo integral de la Policía para garantizar su seguridad en todo el país”, aseguró.

Desescalar el lenguaje

El ministro del Interior Armando Benedetti instó además a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad e hizo un llamado a los actores políticos y a la ciudadanía para desescalar el lenguaje de odio y evitar nuevas violencias.

“Lo que busca el Gobierno es que cesen las insinuaciones infundadas sobre la autoría del crimen, porque eso nos aleja de la verdad y nos acerca al abismo de la violencia. Tal como va el lenguaje actualmente, vamos directo a un escenario como el de los años 80 y 90. Es posible que este atentado sea apenas uno de varios eslabones de grupos muy poderosos que quieren desestabilizar a la sociedad colombiana”, advirtió Benedetti.

Finalmente, el ministro de Defensa señaló que en redes sociales se han identificado mensajes de odio que incitan a la violencia. “Eso no le hace bien al país, sino a los criminales. Incluso, periodistas de algunos medios han recibido insultos y amenazas. No lo podemos tolerar. La invitación es a que seamos responsables con el lenguaje”, “Lo cierto es que hemos encontrado en redes sociales y en algunos medios de comunicación un ánimo que no es propio de una democracia madura, ni de una cultura ciudadana. La situación exige sensatez, prudencia y respeto”, advirtió el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez.

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“Atentar contra la vida de un dirigente político es atentar contra el país y su democracia”, afirmó el ministro.

El hecho ocurrió en horas de la tarde mientras Uribe participaba en un evento público en el parque Modelia, en la localidad de Fontibón. Según versiones preliminares, un hombre se acercó por detrás y disparó contra el senador, quien fue trasladado de urgencia al Medical Center de Engativá, donde permanece con pronóstico reservado.

El Gobierno, en conjunto con la Policía Nacional y la fiscalía general de la Nación, activó un plan especial de búsqueda, que incluye la revisión exhaustiva de cámaras de seguridad del sector, entrevistas a testigos y una línea especial para recibir información confidencial que pueda ayudar a esclarecer los hechos.

La recompensa de $3.000 millones es una de las más altas ofrecidas por un caso individual en los últimos años y refleja la gravedad con la que el Gobierno asume este ataque, no solo por la relevancia política del afectado, sino también por el riesgo que representa para la estabilidad democrática del país.

“Este no es solo un atentado contra Miguel Uribe. Es un atentado contra el derecho a hacer política libremente, sin miedo. Por eso desplegaremos todas las capacidades del Estado para capturar a los responsables y garantizar justicia”, agregó el ministro.

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Dicha transacción denunciada por un ciudadano anónimo en noviembre del año pasado señala que el lote situado en inmediaciones de la Institución Educativa El Tres, el cual había sido donado para fines hospitalarios con prohibición de desarrollar allí actividades industriales y de vivienda masiva, fue vendido por los citados funcionarios por 1.437 millones de pesos, mientras que su avalúo real es de 2.572.587.600 mil pesos.

Dicho lote se ubica inicialmente en un predio conocido como finca Managua, pero hoy se denomina, Buenos Aires y fue vendido a un único proponente omitiendo el proceso de licitación, dice la Contraloría.

La investigación que estuvo a cargo de Iván Darío Alvear Pérez, ya fue remitida a Juan Carlos Zapata Pimienta, contralor auxiliar delegado para su revisión, enviada a la Procuraduría Provincial de Apartadó y a la fiscalía general de la Nación para que estos entes establezcan las posibles responsabilidades penales y disciplinarias a las que haya lugar ante el millonario detrimento patrimonial del cual los sindica la Contraloría de Antioquia.

Como se recuerda a finales del año 2024, estalló un escándalo público en redes sociales y otros sectores de la prensa y la opinión pública en Urabá, especialmente en Turbo, al conocerse la venta del citado predio lo que a la luz de los entendidos se vendió por un precio muy por debajo al valor real, hoy los investigadores comienzan a darle la razón a los denunciantes.

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El saqueo más grande a los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó, de acuerdo con el mismo funcionario Montes, se ejecutó entre el 21 de mayo del 2024 y el 10 de abril de 2025 cuando se registraron cincuenta transacciones bancarias sin el lleno de los requisitos legales. “Simplemente habría una cuenta y pagaban, sin reserva presupuestal, sin planillas de salud, sin contrato, sin evidencias de ejecución.

Bajo esta modalidad el entonces alcalde de Apartadó giró 2.280 millones de pesos, los dos mandatarios que lo reemplazaron mientras fueron convocadas nuevas elecciones, su secretario de gobierno Amaury Quejada Buenaño giró 319 millones y Sara Moreno 755 millones.

“El 10 de abril mientras el alcalde Adolfo Romero se posesionaba, en la alcaldía estaban haciendo este tipo de pagos” denunció el secretario de gobierno Rubiel Montes.

Para hacer este tipo de transacciones deben intervenir el alcalde, el secretario de hacienda, el tesorero y el contador, aunque existen dos sistemas de pagos finales llamados Token, uno manejado por el alcalde como ordenador del gasto y otro a cargo del secretario de hacienda explicaron.

El secretario de gobierno explicó que también se han hecho pagos dobles y que dichos recursos no han sido reintegrados al municipio, señaló que la información entregada hoy a los medios de comunicación es fidedigna y que ya está en manos de la fiscalía general de la Nación.

El funcionario hizo una seria advertencia que, si algo le llegara a pasar a los funcionarios del actual gabinete, la responsabilidad recae en los responsables de los hechos denunciados.

“Los dineros robados corresponden a recursos propios, es decir de los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó, que bien se pudieron utilizar en varias obras” explicaron.

La rueda de prensa fue dirigida por el secretario de hacienda Jony Valencia y de gobierno, Rubiel Montes, acompañados además de varios secretarios de despacho e institutos descentralizados.

Beneficiarios

Una de las principales empresas beneficiadas con este tipo de pagos denunciados hoy por la administración de Apartadó es Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S, creada mediante documento privado del 16 de enero de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Apartado, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2020, inicialmente domiciliada en Turbo, pero trasladada luego a Apartadó y representada legalmente por el señor Diego Andrés Cardona Doria.

Ahora la tarea para esclarecer estos hechos queda en manos del ente investigador el cual deberá establecer si estos dineros extraídos de manera fraudulencia de las arcas del municipio de Apartadó, fueron a parar a los bolsillos de abogados, políticos y creadores de contenidos digitales al servicio del señor Héctor Rangel y su proyecto político, como lo sospecha y presume el actual gobierno.

Nota de la dirección: Las personas o empresas aquí citadas, tienen el derecho a la réplica como lo dispone la ley para estos casos.

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El programa

En el Consejo de ministros del 3 de marzo, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, expuso el nuevo plan del gobierno para acabar con el cultivo de la hoja de coca en el Catatumbo. 

Este plan fue adoptado en virtud del estado de conmoción interior mediante el Decreto 180 de 2025, que establece “(…) medidas excepcionales para desvincular a los núcleos familiares que dependan de cultivos de uso ilícito y promover su tránsito a economías lícitas (…)”.  El plan consiste en dos tipos de medidas:

-Un programa de erradicación voluntaria acompañado de la compra de los cultivos ilícitos; según lo dicho en el Consejo de ministros, el Gobierno ofrecería pagos de 1.280.000 de pesos mensuales, por un año, a la población que se sume al programa.

– Un programa de promoción de cultivos lícitos, cuya herramienta principal será la formalización de la propiedad privada y la adjudicación de bienes baldíos, incluso en las áreas afectadas por la presencia de cultivos de la hoja de coca.  De esta manera se evitaría el traslado de personas de un territorio y se crearían condiciones para otro tipo de cultivos con vocación de mediano plazo.  

Las críticas 

Varios analistas y figuras políticas han señalado que este plan no es novedoso, ya que guarda demasiadas similitudes con el fallido PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución), la estrategia del gobierno que, en lugar de reducir, aumentó las hectáreas de cultivos de coca. 

Otros temen que pueda tener efectos negativos en el proceso de certificación de Estados Unidos porque podría ser interpretado como una negativa del gobierno Petro a la erradicación forzosa.

Con el fin de evaluar estas críticas – y de aprender lecciones que pueden ser valiosas- en este artículo me propongo revisar la experiencia de otros países que han adoptado medidas similares con diversos resultados.

La experiencia de Tailandia

El desarrollo alternativo surgió hace más de 50 años de los esfuerzos de sustituir los cultivos de amapola en Tailandia. La idea era hallar algunos cultivos nuevos o mejorar los ya existentes, para lograr cosechas más valiosas. 

En 1965 Tailandia produjo 265.000 kilos de opio y después de 35 años logró disminuir esta producción a 4.o0o kilos. 

Para contextualizar este éxito, es importante notar que el crecimiento económico de Tailandia ha sido extraordinario y muy difícil de replicar, pues su PIB per cápita pasó de US$722,4 en 1965 a US$6393,9 en el 2023. 

El programa empezó con una lista de 1.080 cultivos, posibles sustitutos, que se fueron eliminando hasta tener una de 50 cultivos que iban a ser sometidos a estudios más amplios. Estos esfuerzos requerían experimentación, tiempo, generación de confianza entre los campesinos cultivadores y el Estado, así como recursos duraderos, puesto que muchas de las plantas identificadas requerían varios años antes de dar una cosecha satisfactoria.

Los intentos de sustitución demostraron ser más difíciles de lo esperado y no arrojaron resultados satisfactorios, lo que llevó a los gobiernos a formular políticas de desarrollo alternativo. Un enfoque mucho más complejo, enmarcado dentro de las amplias políticas de desarrollo territorial y regional.

Un factor crucial para el éxito fue el profundo respeto de la población campesina hacia el rey. Tailandia, históricamente conocida como Siam, se destaca por no haber sido colonizada jamás; no es sorprendente, por tanto, que la ciudadanía tenga un fuerte sentido de identidad nacional y de respeto hacia el Estado y sus normas, características poco comunes en países en vías de desarrollo.

También contribuyó el hecho que en la zona cultivadora de amapolas las comunidades tenían problemas de adicción al opio, por lo que no hubo un rechazo significativo a los programas de desarrollo alternativo. Los programas tenían un componente de salud pública, y además el gobierno desarrolló otros programas que aumentaron sustancialmente los niveles de educación y los servicios sanitarios. Lo que integró físicamente al país.   

A pesar del éxito del programa es importante recordar que el narcotráfico no desapareció, sino que se transformó. Los cultivos de amapola estaban localizados principalmente en zonas alejadas de los grandes mercados internos, especialmente el de Bangkok; pero las redes comerciales desarrolladas por el mercado del opio fueron aprovechadas por la industria de anfetaminas y metanfetaminas, que de facto ha sustituido a las amapolas y ha inducido al gobierno a tomar medidas contra la posesión y uso de estas drogas.

El ejemplo del programa de reducción de la amapola en Tailandia muestra que estos procesos no son fáciles.

La experiencia de Bolivia

El experimento boliviano comenzó con la ley 1008 de 1998 que reconoce la existencia de cultivos legales de coca para usos tradicionales, y la adopción de un programa de erradicación financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que ofrecía al campesinado hasta US$2.500 por hectárea erradicada. 

Este programa logró una disminución de cultivos en forma pacífica, gracias a las relaciones de cooperación y confianza entre las comunidades campesinas y el Estado.

Estas relaciones han sido el producto de un conjunto de políticas y cambios, que se iniciaron a mediados del siglo XX.  En 1952 Bolivia experimentó un golpe militar revolucionario, y en 1953 se inició un programa de reforma agraria en la sierra. Muchas haciendas fueron divididas y distribuidas entre un elevado número de campesinos que se organizaron en “sindicatos” con capacidad negociadora frente al gobierno. 

El gran crecimiento demográfico que empezó a finales de los años cincuenta motivó al gobierno a promover la colonización de la provincia del Chapare, que terminó siendo poblada por campesinos que replicaron sus “sindicatos” en esa zona y por mineros desplazados por la caída del precio del estaño. 

Es importante recalcar que este acuerdo permitió el crecimiento del poder político de Evo Morales, el líder cocalero, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019.

El Estado siempre estuvo presente y desarrolló grandes proyectos de infraestructura financiados en parte por agencias multilaterales y bilaterales, especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos financiaron una parte sustancial de la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz y que atraviesa el Chapare. Estas inversiones se complementaron con los programas de desarrollo alternativo financiados por donantes externos, lo que hizo que el Chapare cuente en la actualidad con buenos servicios de electricidad, educación, servicios de salud, comunicaciones, transporte, etc.

Es claro que, en el ambiente político actual de Estados Unidos, que ha eliminado a USAID, un apoyo similar sería imposible.

La experiencia de Afganistán 

En Afganistán, se han registrado dos casos de erradicación de cultivos ilícitos, ambos bajo la dirección del Talibán motivado por sus creencias religiosas.  El Corán prohíbe el consumo de alcohol y, aunque no se menciona explícitamente el opio, su uso recreativo es generalmente descrito como “haram” (no permitido por las leyes islámicas), por lo que los talibanes han incluido los opiáceos en la misma categoría que las bebidas alcohólicas. 

En 1999 aplicaron la prohibición total a los cultivos de amapola y lograron su virtual erradicación, pero esto no se mantuvo una vez que el gobierno cambió. 

Los Talibanes retomaron el poder en 2021 después de que el comercio de opio había vuelto a crecer y la mayoría de los agricultores habían plantado opio para cosecharlo en la primavera de 2022. Los talibanes prohibieron la producción en abril de ese año durante la cosecha de amapola y en 2023 según un informe de la ONU lograron una disminución de 95% en el área cultivada.  

Las lecciones aprendidas

Los casos de Tailandia, Bolivia y Afganistán muestran que el éxito de una política de erradicación de cultivos depende principalmente del tipo de relación que existe entre el formulador de la política – el Estado – y sus destinatarios. 

Mientras que la política más exitosa ha sido la de Afganistán, su permanencia en el mediano plazo depende de la existencia de un régimen autoritario.  En el caso de Tailandia los cambios en la economía generaron opciones de empleo e ingreso para los campesinos y les permitieron apartarse del cultivo amapola. Sin embargo, no se ha logrado controlar la industria ilegal de drogas sintéticas que remplazó a la del opio y la heroína. Finalmente, en Bolivia los acuerdos con el Estado le permitieron a la comunidad la legalización de los cultivos para usos tradicionales y el gobierno ha promovido los usos industriales. Pero el narcotráfico continúa, aunque con niveles muy inferiores a los de Colombia.

Otro factor que se resalta en los tres ejemplos mencionados es que la eliminación de los cultivos ilícitos no vino acompañada de violencia porque el Estado tenía control sobre el territorio. 

Reflexiones para Colombia

Ya hace casi 30 años Clawson y Lee III  (1996)  señalaban que para que un programa de desarrollo regional en zonas de cultivos ilícitos fuera exitoso debía incluir cinco elementos: 1) sustitución de cultivos, 2) desarrollo de mercados para los productos agrícolas legales, 3) industrialización de los productos agrícolas para añadir valor agregado en áreas rurales, 4) suministro de infraestructura social (salud, educación, seguridad, etc.) y, finalmente, 5) desarrollo de organizaciones en las comunidades involucradas. 

En los casos de Tailandia y Bolivia, los proyectos han incluido en diversos grados estos elementos, y estos han contribuido a su relativo éxito y estabilidad en el mediano plazo. 

En el caso de Colombia, el desafío es mayor. A diferencia de estos países, donde los proyectos se hicieron en territorios donde el Estado tenía un mayor o menor grado de control territorial, la finalidad del decreto 180 de 2025, es lograr control territorial, en una zona donde la gobernanza ilegal ha suplantado al Estado. 

Una vez se logre el control territorial, y el reconocimiento de la comunidad, será posible diseñar políticas que resuelvan el problema. De lo contrario se requerirá una solución autoritaria como en el caso de Afganistán. 

Moraleja: la soberanía territorial que no se ejerce se pierde …. 

*Cofundador de Razón Pública.

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Según explicó, el Gobierno Nacional aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM.

«Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta. Por esta razón decidimos acudir a la justicia y hoy se genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno Nacional: en este caso en particular la Justicia ha decidido frente a la demanda que interpusimos por la deuda que tiene con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-Epm. También presentamos las demandas por deudas con Afinia y demás filiales de Epm, asimismo demandamos el no pago de los aportes del Metro de La 80 de la vigencia 2024, como también demandamos el decreto de presupuesto donde aplaza el pago de 2025», Dijo el alcalde de la capital paisa.

Petro responde:

Por su parte el presidente Gustavo Petro ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y al Ministerio de Minas y Energía tomar las medidas que haya que tomar y actuar de inmediato frente a la demanda por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de las cuentas de la Nación.

“EPM, que es una empresa pública, a la cual la Nación ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga”, precisó el mandatario durante la sesión del Consejo de Ministros público realizado este lunes en la Casa de Nariño.

“Esa es una acción política”, dijo el mandatario y agregó que esto “no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”.

El jefe de Estado recordó que el presidente de la República “tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente, por política y sectarismo político”.

“Entonces le pido aquí a Angie (Lizeth Rodríguez, directora del Dapre) que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía (Edwin Palma), hay que tomarlas. Entonces debe actuar de inmediato”, puntualizó el jefe de Estado.

Son inembargables

El Gobierno nacional impugnará la decisión del juzgado y solicitará el levantamiento del embargo, argumentando que la medida contradice disposiciones legales establecidas en los artículos 19 y 34 del estatuto del presupuesto, los cuales prohíben el embargo de cuentas públicas

“Este marco normativo busca proteger los recursos estatales destinados a la ejecución de políticas públicas y programas sociales” dio el Ministerio de Hacienda

Por su parte, el Ministerio de Minas señaló que ya se cumplió con el 85% de los pagos correspondientes a las filiales de EPM, lo que refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para atender las obligaciones financieras dentro de sus capacidades presupuestarias.

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El Tribunal Superior de Bogotá rechazó por improcedente la tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Uribe contra la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, por supuestamente “haber violado los derechos fundamentales del debido proceso”.

Se reanuda el juicio. La decisión del Tribunal dice que una vez se notifique, la jueza podrá reanudar el juicio contra el expresidente Uribe. 

 La jueza había negado la recusación de la defensa de Uribe, porque encontró que los abogados no sustentaron la petición. “No queda otra alternativa diferente a rechazarla de plano”, dijo en la audiencia. La defensa de Uribe argumentó ante el Tribunal que eso violó sus derechos porque supuestamente el juzgado no dio trámite y rechazó de plano la recusación. 

Por su lado, el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, dijo en su momento que la tutela de Uribe era “una estrategia para dilatar el proceso” y dijo que era un acto “desleal”. 

Por su parte Cepeda anunció que él junto a las demás víctimas solicitará observación internacional, porque Uribe “ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso”. (Fuente/Vía La Silla Vacía)

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El Juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: Explicación de lo que está ocurriendo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y exploración de los futuros escenarios en este proceso que atrae la atención de toda la comunidad, al ser la primera vez en nuestra historia que un expresidente comparece en condición de acusado ante el poder judicial.

Un juicio histórico y las primeras decisiones

Los recientes acontecimientos comienzan con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Decisión Penal que cierra de manera definitiva el debate sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas que se hicieran a conversaciones entre el expresidente Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena, que igualmente se encuentra en la fase de juicio oral como acusado. Sin duda, este ha sido uno de los debates más intensos en este proceso, y el que esta corporación validara estas interceptaciones supuso el cierre de esta discusión que, es importante recordarlo, tuvo incluso una aparición de dos magistrados en la televisión nacional explicando el procedimiento y defendiendo su legalidad. 

Superado este debate, el proceso regresa al Juzgado 44 de Bogotá con el propósito de que se diera inicio al juicio, mismo que avanzara en dos sesiones donde las partes pudieron exponer sus compromisos en esta fase del proceso e, incluso, comenzó el testimonio del senador Iván Cepeda, uno de los testigos más importantes para la hipótesis de la fiscalía general de la Nación. Estando en curso esta diligencia, la defensa presenta una recusación a la juez encargada de la dirección del proceso con el propósito de abrir el debate sobre la imparcialidad del juzgador, misma que fue despachada de manera desfavorable y categórica, en tanto que, por la modalidad en que se tomó la decisión, una orden, se entiende como una maniobra dilatoria que no suspende la diligencia y no se le da trámite.

La imparcialidad y las garantías procesales

Es ahí donde considero este juicio muestra una de las grandes deficiencias de la manera como opera el sistema judicial colombiano. Quienes ejercemos como defensores tenemos el deber de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para hacer efectivas las garantías de las personas que han confiado en nosotros la defensa de sus derechos, y se ha vuelto un lugar común entender que cualquier petición que se haga es una manera de dilatar el proceso y afecta la pronta y cumplida justicia. Esta petición que hizo su defensa, amparada en la tesis de la apariencia de imparcialidad del juzgador, que, dentro de este mismo proceso aplicó la Sala de Instrucción para separar de la actuación a la magistrada Cristina Lombana, tiene como propósito mantener vigente la garantía de la imparcialidad del funcionario judicial y forma parte de la salvaguarda de los derechos del inculpado, no porque la juez a cargo del proceso no sea imparcial, pues precisamente ello es lo que debe decidir, sino porque quienes están hoy a cargo de la defensa sienten que no están frente a un juez imparcial, y lo que corresponde es que el superior, a partir de lo ocurrido, defina si se mantiene o no esta garantía fundamental. En otras palabras, esta, y cualquier petición razonable de la defensa, es parte de un proceso debido, y el derecho que le asiste no es a que se le dé la razón, sino a tener un espacio para ser considerada y resuelta, y, precisamente, esto fue lo que se negó. 

Podría decirse que esta es una actuación dilatoria que pretende acercar el proceso a la prescripción, pero ello no se corresponde con la realidad. El trámite de las recusaciones suspende este término, de manera que en nada incide en el posible fenecimiento del juicio. Lo correcto, jurídicamente, era dar trámite a la solicitud, que el Juzgado expusiera los argumentos que descartaban una presunta falta de imparcialidad y que fuera el Tribunal Superior quien decidiera la cuestión de manera definitiva. Ante esta situación, en la siguiente sesión la defensa no compareció, a la espera de una decisión sobre la suspensión del juicio por cuenta de una acción de tutela, y ahí sobrevino otro de los grandes defectos del sistema procesal penal colombiano: la indebida comprensión del servicio público de la Defensoría Pública. 

La Defensoría Pública en el centro del debate

La Defensoría Pública es una de las instituciones más importantes de nuestra democracia, pues permite que ciudadanos que no tienen los recursos para procurarse una defensa de su confianza puedan tener un asesoramiento más que cualificado, pues por todos es sabido que los mejores penalistas de nuestro país son los defensores públicos que a diario realizan decenas de audiencias de todo tipo con toda solvencia. Ante la inasistencia de la defensa a la diligencia, se dijo que se pediría la presencia de un defensor público que se hiciera cargo de la defensa del expresidente Uribe. Si bien esta es la triste práctica de nuestro sistema judicial, lo cierto es que es contraria a los derechos humanos y es la causa por la cual muchas personas que necesitan acudir a estos servicios encuentran un absoluto colapso por la sobrecarga de nuestros defensores. Toda persona tiene el derecho humano, universalmente reconocido, de escoger quién va a hacerse cargo de sus intereses, y no se le puede imponer a otro profesional en contra de su voluntad, pero peor, los Defensores tienen un derecho a la dignidad humana y al respeto por su profesión, y no se les puede arrojar sin la debida preparación a asumir una defensa en una actuación que no conocen. Los miles de condenas que en Colombia se han producido con este tipo de prácticas son contrarios a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha dejado sin efecto decisiones así obtenidas. 

Ante esta situación, era apenas previsible que el Tribunal ordenara la suspensión del juicio mientras se decide de fondo la tutela interpuesta por la defensa, lo cual ocurrirá dentro de los diez días hábiles siguientes y que seguramente va a ordenar que se genere el debate planteado por la defensa, que, repito, no tiene derecho a que se le dé la razón, pero si a que se le oiga y a que se le resuelvan sus peticiones. 

De manera que son muchas las reflexiones que este episodio nos deja, y es necesario destacar y reiterar que en absoluto esta petición afecta lo que conocemos como el “vencimiento de términos” en este proceso, que, técnicamente, se denomina la prescripción de la acción penal, en tanto que opera por mandato legal una suspensión hasta tanto no se resuelva de manera definitiva. Por otra parte, considero necesario reiterar que si bien es cierto que la justicia debe avanzar y que los procesos deben caminar con una marcha normal, ello no puede hacerse a cualquier costo. No todo vale. No toda petición que haga un defensor debe ser descalificada de entrada como dilatoria, ni el trabajo de los abogados puede ser siempre estigmatizado, son las garantías de todos. 

Ojalá este asunto abriera un debate de fondo, en tanto que ya la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el colapso en el servicio público de la Defensoría Pública ante el recorte presupuestal de la entidad que no podrá hacer frente a la elevada demanda de sus servicios como es debido, mientras que quienes hacen parte de esta institución tan importante para nosotros deben ocuparse de asuntos donde ya hay apoderados actuando y cuyos usuarios pueden procurarse un defensor de su elección, como corresponde. 

*Abogado de la Universidad del Rosario y doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Penal en la misma universidad.

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Una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía desmanteló un importante arsenal del Clan del Golfo, frustrando un ataque terrorista planeado para Tierralta, Córdoba. La acción, liderada por tropas de la Décima Séptima Brigada en el marco del Plan Ayacucho, representa un nuevo golpe contra este grupo armado en la región.

Operativo coordinado frustra ataque en Tierralta

El operativo se desarrolló en la vereda La Estrella, donde, tras labores de inteligencia militar, se detectó la presencia de integrantes del Clan del Golfo. La operación permitió incautar 141 kilogramos de explosivos y capturar a un presunto miembro de la Subestructura Carlos Vásquez. Durante la intervención se produjo un intercambio de disparos en el que uno de los agresores resultó herido. Este fue atendido de inmediato por un enfermero militar, garantizando el respeto por los derechos humanos incluso en situaciones de combate.

Hallazgo de explosivos y material bélico

Además de los explosivos, las autoridades localizaron un depósito ilegal que contenía material de guerra, equipos de comunicaciones y elementos de intendencia. Según las fuerzas militares, este arsenal estaba destinado a ejecutar ataques terroristas en la región, afectando tanto a las autoridades como a la población civil.

Destrucción controlada de los explosivos

Los explosivos incautados fueron destruidos por expertos militares siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Esta acción no solo garantizó la protección de las tropas y la comunidad, sino que también minimizó el impacto ambiental, demostrando el compromiso de las fuerzas armadas con la preservación del entorno.

Impacto del Plan Ayacucho en la región

Este exitoso operativo forma parte del Plan Ayacucho, una estrategia integral enfocada en neutralizar las acciones del Clan del Golfo y otros grupos armados en Colombia. Con este golpe, se refuerza la seguridad en el departamento de Córdoba, debilitando las estructuras criminales que operan en la zona.

Compromiso de las autoridades con la seguridad

Las fuerzas militares, en colaboración con la Policía y la Fiscalía, han reiterado su compromiso de proteger a las comunidades más vulnerables frente a las amenazas de los grupos ilegales. Este tipo de operativos no solo representan avances en materia de seguridad, sino que también envían un mensaje claro a los actores armados sobre la determinación del Estado para combatir el crimen organizado.

Este operativo refleja el resultado de un trabajo articulado entre las instituciones de seguridad del país y su capacidad para prevenir acciones que amenacen la tranquilidad de los colombianos.

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