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Con 14 votos a favor y 10 en contra, la Asamblea de Antioquia aprobó la implementación de una nueva tasa de seguridad que se cobrará mediante facturas de servicios públicos. El gobernador Andrés Julián Rendón logró superar la oposición y garantizar recursos para proyectos clave en seguridad. Sin embargo, la medida ha generado tensiones con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien anunció que no permitirá su aplicación en la ciudad.

La polémica en la aprobación de la tasa

La tasa de seguridad fue discutida en una sesión extraordinaria de la Asamblea de Antioquia, marcada por enfrentamientos entre sectores públicos y privados. Durante el debate, gremios empresariales y algunos diputados argumentaron que la medida no fue concertada y que afectará a ciudadanos y empresas. A pesar de las críticas, el gobernador Rendón defendió la iniciativa como una herramienta necesaria para financiar proyectos estratégicos.

Rechazo desde Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez expresó su oposición a la tasa, afirmando: “No estoy de acuerdo con nuevos impuestos o tasas a ciudadanos y empresas”. También advirtió que, como presidente de la Junta Directiva de EPM, no permitirá que el cobro se realice a través de las facturas de servicios públicos. Esta postura abrió interrogantes sobre posibles acciones legales por parte del Distrito o de EPM para cuestionar la viabilidad de la ordenanza.

En noviembre, EPM ya había señalado riesgos legales en la implementación del tributo. El gerente de EPM, John Maya Salazar, advirtió sobre posibles conflictos jurídicos y normativos, lo que podría generar inseguridad jurídica para la compañía y sus usuarios.

Destinación de los recursos y justificación de la Gobernación

Con la aprobación de la tasa, la Gobernación espera recaudar $1,1 billones entre 2025 y 2027. Los recursos serán invertidos en cinco áreas clave, destacándose $600.000 millones para cámaras de seguridad y $300.000 millones para infraestructura deportiva. Además, se destinarán $194.000 millones a la construcción de una cárcel departamental y $156.000 millones para dotar al Ejército y la Policía.

Argumentos del gobernador Rendón

Rendón defendió la medida asegurando que: “Medellín es una ciudad con un gran presupuesto, pero la realidad fuera de ella es muy difícil”. Según el mandatario, el 85% de los suscriptores residenciales no pagarán la tasa, mientras que el 60% de los no residenciales tendrán un cargo menor a $30.000 mensuales.

Rendón también cuestionó los argumentos legales de EPM, señalando que la empresa aplica tributos similares en otros departamentos a través de sus filiales.

Reacciones en la Asamblea

El debate dejó en evidencia las divisiones políticas dentro de la Asamblea de Antioquia. Por el sí votaron las bancadas del Partido Liberal, Conservador, Centro Democrático y ASI, mientras que los diputados de Creemos, Alianza Verde, Mira, el Pacto Histórico y otros independientes votaron en contra.

Gremios y alcaldes municipales

Mientras que agremiaciones como Fenalco Antioquia reiteraron que los empresarios no soportan más impuestos, varios alcaldes de municipios como Girardota, Amagá y Anzá insistieron en la urgencia de invertir en seguridad. “Las inversiones en materia de seguridad no dan espera”, señalaron los mandatarios locales.

La medida también enfrentó oposición en julio pasado, cuando una ponencia negativa presentada por el movimiento Creemos bloqueó el proyecto. Sin embargo, el gobernador Rendón retomó la iniciativa en noviembre, logrando finalmente su aprobación.

Un debate que continúa

Aunque la tasa ya fue aprobada, persisten las dudas sobre su implementación en Medellín y su viabilidad jurídica. Las declaraciones del alcalde Gutiérrez y las advertencias de EPM podrían derivar en nuevas disputas legales. Mientras tanto, la Gobernación avanza en los preparativos para su aplicación, argumentando que los recursos son esenciales para garantizar la seguridad del departamento.

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Con una mezcla de nostalgia y admiración, el mundo del deporte recuerda la destacada participación de Caterine Ibargüen en la final de salto triple de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Aunque la atleta colombiana finalizó en el décimo lugar con un salto de 14.25 metros, su presencia en la competencia fue un triunfo en sí mismo, marcado por su resiliencia y amor al deporte, incluso en el ocaso de su carrera.

Una despedida con la frente en alto

La final del salto triple fue liderada por la venezolana Yulimar Rojas, quien se llevó el oro y estableció un nuevo récord mundial con 15.67 metros. Sin embargo, la participación de Caterine, abanderada de la delegación colombiana, fue más que un resultado. Fue la confirmación de su carácter competitivo y la culminación de una carrera que quedará en la historia del atletismo colombiano y mundial.

Su trayectoria incluye logros como la medalla de plata en Londres 2012, el oro en Río 2016, y títulos en campeonatos mundiales y continentales. Caterine siempre representó la excelencia, no solo por sus marcas, sino por su capacidad de superar adversidades, como la lesión que casi la aparta del deporte.

Los inicios de una campeona

Nacida en Apartadó, Antioquia, el 12 de febrero de 1984, Caterine Ibargüen mostró desde niña su potencial. Fue gracias al entrenador Wilder Zapata que inició su camino en el atletismo, especializándose inicialmente en salto de altura. A los 15 años, se trasladó a Medellín, donde su talento floreció, consiguiendo en 1999 su primera medalla internacional en el Campeonato Suramericano de Bogotá.

Tras una etapa difícil que incluyó su fracaso para clasificar a Pekín 2008, Caterine encontró un renacer en Puerto Rico. Allí, bajo la guía del entrenador cubano Ubaldo Duany, se convirtió en una especialista del salto triple. Este cambio la llevó a conquistar el mundo, escribiendo su nombre junto a los grandes del deporte.

Un legado imborrable

Caterine Ibargüen es más que una atleta; es un símbolo de perseverancia y determinación. Sus logros incluyen 2 oros en campeonatos mundiales, 5 títulos en la Liga de Diamante y múltiples preseas doradas en Juegos Panamericanos, Suramericanos y Centroamericanos. Su historia inspira a las nuevas generaciones, no solo en Colombia, sino en el mundo entero.

Hoy, su sonrisa y pasión iluminan los corazones de quienes la ven como un ejemplo. Caterine Ibargüen deja las pistas con orgullo, pero su legado permanecerá vivo en cada salto que impulse el sueño de los futuros atletas.

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Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Carepa, Antioquia, dejó un saldo de tres jóvenes fallecidos tras una violenta colisión entre una motocicleta y un bus intermunicipal. El siniestro se registró durante la madrugada del domingo 1 de diciembre en la vía principal del municipio, impactando a la comunidad local.

El fatal desenlace

Las víctimas, identificadas como Juan Torres Castro (18 años), Andrés Felipe Barrios (23 años) y Caterine Tordecilla Salgado (22 años), viajaban a bordo de una motocicleta de placa KPV 26E. El fuerte impacto les provocó la muerte instantánea, según confirmaron las autoridades en el lugar de los hechos.

Este lamentable incidente eleva la cifra de fallecimientos por accidentes de tránsito en la región de Urabá a 119 durante 2024, reflejando una preocupante tendencia en el aumento de estos casos en la zona.

Llamado de las autoridades

La Secretaría de Movilidad local hizo un llamado urgente a los conductores, especialmente motociclistas, para que extremen las medidas de precaución, particularmente en horas de la madrugada cuando la visibilidad es limitada y los riesgos son mayores. Se espera que las investigaciones en curso revelen las causas exactas del accidente, aunque las condiciones de iluminación y la velocidad podrían ser factores determinantes.

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En una operación estratégica de las fuerzas militares, se descubrió un importante arsenal de guerra perteneciente al Clan del Golfo en el municipio de Carepa, Antioquia. Este hallazgo pone en evidencia los peligros persistentes que enfrenta la región de Urabá debido a la actividad de este grupo armado ilegal.

Hallazgo de un arsenal de guerra en Carepa

El operativo se llevó a cabo en la vereda El Cerro, donde las tropas encontraron una caleta con un arsenal de guerra. Entre los elementos incautados se destacan fusiles, pistolas, revólveres, municiones y material explosivo. Según las autoridades, este equipo estaba destinado a fortalecer las actividades del Clan del Golfo y a perpetrar atentados contra la fuerza pública y la población civil.

La operación subraya el impacto negativo de estos grupos armados en la seguridad regional. El uso de estas armas y explosivos tiene el potencial de incrementar los niveles de violencia en Urabá, una región históricamente golpeada por el conflicto armad

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Minas antipersonales: una amenaza latente

Además del arsenal de guerra, la presencia de minas antipersonales en el área de la caleta evidencia el nivel de peligrosidad de las operaciones del Clan del Golfo. Este año, ya se han neutralizado 11 artefactos explosivos en la región, lo que refuerza la necesidad de intensificar las acciones de inteligencia para prevenir ataques que pongan en riesgo tanto a la fuerza pública como a la población civil.

Las minas antipersonales no solo son una herramienta de guerra, sino también un medio de intimidación y control territorial. Este tipo de armamento representa un peligro constante para los habitantes, quienes enfrentan riesgos diarios al transitar por las zonas rurales de Urabá.

Respuesta de las autoridades y medidas preventivas

Frente a estos hechos, las autoridades han intensificado las operaciones para desarticular las redes criminales responsables. La estrategia incluye acciones conjuntas de inteligencia, contrainteligencia y cooperación comunitaria.

Asimismo, las fuerzas militares han enfatizado la importancia de la denuncia ciudadana como un elemento clave para prevenir actividades ilegales. El apoyo de la comunidad es fundamental para identificar movimientos sospechosos y ubicar posibles escondites de armamento y explosivos.

El impacto en la seguridad regional

El descubrimiento de este arsenal no solo es un golpe al Clan del Golfo, sino que también genera un mensaje de alerta para las autoridades locales y nacionales. La continua presencia de grupos armados en Antioquia y sus actividades ilegales amenazan la estabilidad y el desarrollo socioeconómico de la región.

Fortalecer la seguridad en zonas críticas como Urabá requiere una intervención integral que combine esfuerzos militares con iniciativas sociales. Esto incluye la generación de oportunidades económicas, programas de desminado y el fortalecimiento del tejido comunitario.

El hallazgo en Carepa es un recordatorio de los desafíos persistentes en materia de seguridad en Colombia. Es crucial mantener la vigilancia y reforzar las estrategias de lucha contra estos grupos armados para garantizar la protección de las comunidades más vulnerables.

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Las autoridades han dado un golpe contundente al patrimonio ilícito del narcotráfico en Colombia. En el Urabá antioqueño, fueron ocupados 101 bienes que pertenecerían a alias Pelomono, señalado cabecilla del ‘Clan del Golfo’ y cuñado de alias Chiquito Malo, uno de los máximos líderes de la organización criminal. Las propiedades, avaluadas en más de 2.300 millones de pesos, habrían sido adquiridas con recursos provenientes del narcotráfico y ocultadas bajo nombres de terceros.

Estrategia contra el narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación, en colaboración con la Policía Nacional, ha implementado una estrategia investigativa para rastrear y afectar los activos ilegales de estructuras criminales. Alias Pelomono, identificado como Pedro Pablo Guzmán Usma, sería responsable de cobrar a otras redes para garantizar la salida de cocaína por el Golfo de Urabá.

Los bienes, distribuidos entre los municipios de Apartadó y Turbo (Antioquia), incluyen:

• 7 inmuebles urbanos.
• 27 vehículos.
• 66 semovientes.
• Un establecimiento de comercio.

Estas propiedades estaban registradas a nombre de familiares y allegados del cabecilla con el objetivo de ocultar su procedencia ilícita y evadir a las autoridades.

Impacto en el patrimonio criminal

Las medidas cautelares impuestas incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de los bienes. Este es un paso importante en la estrategia estatal de afectar las finanzas de las estructuras armadas ilegales y debilitar su capacidad operativa.

Alias Pelomono, capturado en enero de este año, enfrenta un proceso de extradición solicitado por Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico y tráfico de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica. Su vínculo con alias Chiquito Malo, uno de los cabecillas principales del ‘Clan del Golfo’, lo posiciona como una figura clave dentro de la organización.

Este operativo refuerza el compromiso de las autoridades de combatir el narcotráfico desde su base económica y evitar que estos recursos sigan financiando actividades ilícitas que afectan la seguridad nacional.

¿Qué opinas de estas acciones contra el crimen organizado? Déjanos tu comentario y únete a la conversación.

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Con el apoyo de alcaldes de diversos municipios de Antioquia, incluido el actual alcalde de Carepa Agapito Murillo y otros más de la subregión de Urabá, el gobernador Andrés Julián Rendón ratificó su compromiso de implementar el impuesto de seguridad, defendiendo su legalidad y viabilidad a pesar de los reparos de empresarios, gremios políticos y el presidente Gustavo Petro.

El respaldo de los alcaldes: clave en un debate crítico

La controversia en torno al impuesto de seguridad alcanzó su punto más álgido este lunes durante la sesión de la Comisión Primera de la Asamblea Departamental, encargada de discutir la propuesta. El gobernador Rendón se presentó con el respaldo de alcaldes de distintas regiones, quienes expresaron públicamente su apoyo a la medida.

El mandatario enfatizó que el impuesto no afectará al 85% de los antioqueños, ya que los estratos 1, 2 y 3 estarán exentos, y las tarifas para la mayoría de los usuarios industriales y comerciales no superarán los $30.000 mensuales. Rendón defendió su proyecto afirmando que está enfocado en garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos:
«Estamos haciendo lo correcto, tengo esa convicción. Lo que está en discusión refleja mi compromiso político y mi trayectoria».

Argumentos legales y críticas de EPM

Una de las principales objeciones provino de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que cuestionó la legalidad del impuesto al argumentar posibles repercusiones negativas en su recaudo y el riesgo de sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Frente a esto, Martha Patricia Correa Taborda, secretaria general de la Gobernación, sostuvo que la iniciativa está respaldada por la sentencia C-363 de 2023 de la Corte Constitucional, la cual validó la implementación de tasas de seguridad en todos los departamentos. Según Correa, esta decisión judicial otorga a la Gobernación la autoridad para aplicar la medida:
«La Corte Constitucional, en su papel supremo, declaró exequible la Ley 2271, artículo 12. Este fallo debe ser acatado por todos».

No obstante, gremios como Fenalco Antioquia, la Andi y el Comité Intergremial de Antioquia se han mostrado escépticos, advirtiendo que la medida podría impactar negativamente la economía regional.

Un proyecto que divide opiniones

El debate sobre este impuesto no es nuevo. En julio pasado, Rendón tuvo que retirar una versión previa del proyecto luego de recibir una ponencia negativa del movimiento político Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez. En esa ocasión, las críticas se centraron en el posible impacto económico del tributo.

Pese a la reiterada oposición de Creemos y otros sectores, Rendón dejó claro que esta vez no dará marcha atrás. Según el mandatario, las preocupaciones sobre posibles cobros excesivos a las empresas son infundadas. Afirmó que el tributo será manejado de forma justa y transparente para beneficiar la seguridad en el departamento.

¿Qué sigue para el impuesto de seguridad?

Luego de la rueda de prensa, los alcaldes que apoyan la medida acudieron a la sesión en la Asamblea Departamental para presenciar el debate. Allí, los 26 diputados tendrán la responsabilidad de decidir si el proyecto avanza.

Aunque la discusión legal sigue siendo un punto de choque, el gobernador Rendón se mostró confiado en que la iniciativa prosperara y contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad en Antioquia.

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El corredor vial que une a los municipios de Valencia y San Pedro de Urabá está llamado a convertirse en una pieza clave para el desarrollo comercial y logístico de Córdoba. Este proyecto, que reducirá tiempos de transporte hacia los nuevos puertos del Urabá antioqueño, transformará la dinámica exportadora del departamento.

Una conexión estratégica para el comercio exterior

El corredor Valencia-San Pedro de Urabá se presenta como una alternativa más eficiente al puerto de Cartagena, tradicionalmente usado por los exportadores de Córdoba. Con esta nueva vía, el tiempo de transporte hacia los tres nuevos puertos del Urabá antioqueño será de aproximadamente 2.5 horas.

Según Ernesto Vergara Parra, director de la Comisión Regional de Competitividad de la Cámara de Comercio de Montería, “esta vía nos permitirá acceso directo al desarrollo portuario de Puerto Antioquia, lo que es crucial para el crecimiento del sur de Córdoba”. Empresas de sectores clave como el agrícola y manufacturero se beneficiarán de una infraestructura que facilita su integración con mercados internacionales.

Un corredor multimodal para fortalecer la competitividad

La construcción del corredor Valencia-San Pedro forma parte de una estrategia regional más amplia. El objetivo es integrar las economías de Córdoba, Sucre y Antioquia, consolidando una red de conectividad entre centros de producción y puertos.

Además de la vía, se proyectan mejoras en el Aeropuerto Los Garzones, buscando su internacionalización, y el establecimiento de clústeres empresariales que impulsarán el desarrollo logístico de la región. Estas iniciativas crearán un corredor económico multimodal, diseñado para potenciar la productividad y la competitividad del departamento.

Beneficios directos para el sector productivo

Este proyecto representa una oportunidad única para los productores del sur de Córdoba, quienes tendrán acceso a una infraestructura de transporte más eficiente y económica. Los sectores agrícola, minero y manufacturero verán una reducción significativa en los costos y tiempos de transporte, fortaleciendo su capacidad exportadora.

Por otro lado, la vía busca atraer inversión extranjera al departamento, gracias a su mejorada conectividad con mercados internacionales. Esto permitirá diversificar la economía de Córdoba y consolidarla como un centro logístico de importancia estratégica para el país.

La visión detrás de esta iniciativa es clara: convertir a Córdoba en un eje de desarrollo que impulse el comercio exterior y mejore la calidad de vida de sus habitantes.

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Un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda La Plancha, municipio de Anorí, Antioquia, dejó como saldo tres militares muertos y seis personas heridas, entre ellas un civil. El hecho se registró en medio de operaciones del Ejército para mantener la estabilidad en esta región del Nordeste antioqueño, fuertemente impactada por el conflicto armado.

Entre las víctimas mortales se cuentan un suboficial y dos soldados profesionales, mientras que los heridos, incluyendo cinco uniformados, están siendo atendidos en centros asistenciales locales. Las autoridades trabajan en su traslado a hospitales de mayor capacidad debido a la gravedad de las lesiones.

Contexto del ataque y acciones del ELN

El atentado fue atribuido al Frente Héroes y Mártires de Anorí, adscrito al Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN. Según los reportes iniciales, los guerrilleros emplearon artefactos explosivos improvisados lanzados desde plataformas, una táctica recurrente para generar daño masivo y dificultar la respuesta militar.

Zona simbólica y en disputa

La vereda La Plancha, escenario del ataque, corresponde al Área de Capacitación y Reincorporación (AETCR) del mismo nombre, una zona que en el pasado simbolizó esfuerzos de desmovilización y paz. No obstante, en los últimos años ha sido blanco de reactivación violenta por parte de grupos armados ilegales que buscan el control territorial.

El Ejército Nacional respondió al ataque movilizando refuerzos hacia el área, con el despliegue de dos pelotones adicionales para reforzar las operaciones de control y garantizar la seguridad de la población.

Impacto en el proceso de paz

Este atentado ocurre en un momento crítico para el país, mientras avanzan con dificultad las negociaciones de paz con el ELN. Hechos como este generan cuestionamientos sobre la voluntad de diálogo por parte de esta guerrilla, al tiempo que agravan la situación humanitaria en las zonas rurales.

Mientras tanto, las comunidades del Nordeste antioqueño continúan enfrentando el impacto del conflicto, atrapadas entre los operativos militares y las acciones violentas de los grupos armados.

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