Imputados 4 generales por crímenes de guerra

Los generales (r) del Ejército Nacional Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, comandantes y Jefe  de Operaciones de la Brigada IV entre 2004 y 2007, fueron hallados máximos responsables de liderar la política de facto de “conteo de cuerpos» que desató el patrón macrocriminal en el que  por lo menos 442 personas fueron asesinadas y desaparecidas  forzadamente para ser presentadas como falsas  bajas en combate en del departamento de Antioquia.

Junto a los generales también fueron imputados otros 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en la comisión de los crímenes.

Asimismo, se imputó a dos terceros civiles que hacían parte de una red criminal dedicada a reclutar a las víctimas y entregarlas, a cambio de sumas de dinero, a los militares para que las asesinaran.

Por primera vez en una imputación por ‘falsos positivos’, la Sala de Reconocimiento de Verdad confirma la comisión de actos de tortura contra las víctimas directas o sus familiares. Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, que fueron arbitrariamente acusados por los militares de ser guerrilleros, milicianos o colaboradores de las guerrillas, y torturados para que les entregaran información, material de guerra o a otros miembros de la guerrilla que supuestamente escondían.

Este es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) que se expide dentro del Caso 03, el cual investiga los falsos positivos en todo el país, y confirma una vez más los elementos del patrón macrocriminal determinados ya por la JEP en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio las Mercedes de Dabeiba y el Oriente Antioqueño (2002-2003).

La JEP ha esclarecido miles de hechos ilustrativos del patrón macrocriminal y se concentrará ahora en determinar si existieron o no responsabilidades en el nivel nacional, para así garantizar el derecho a la justicia de las víctimas de todo el país y resolver definitivamente la situación jurídica de más de 4000 antiguos miembros de las fuerzas militares acogidos a esta jurisdicción especial. 

En los seis ADHC expedidos antes de éste, 106 máximos responsables han sido imputados y 92 han reconocido su responsabilidad, la gran mayoría en 5 audiencias públicas transmitidas en vivo y con la participación activa de las víctimas. 821 antiguos militares, partícipes, pero no máximos responsables de los crímenes, han sido remitidos a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) para lo de su competencia. Respecto de 53, la SDSJ ha renunciado a la persecución penal.