Dicha transacción denunciada por un ciudadano anónimo en noviembre del año pasado señala que el lote situado en inmediaciones de la Institución Educativa El Tres, el cual había sido donado para fines hospitalarios con prohibición de desarrollar allí actividades industriales y de vivienda masiva, fue vendido por los citados funcionarios por 1.437 millones de pesos, mientras que su avalúo real es de 2.572.587.600 mil pesos.

Dicho lote se ubica inicialmente en un predio conocido como finca Managua, pero hoy se denomina, Buenos Aires y fue vendido a un único proponente omitiendo el proceso de licitación, dice la Contraloría.

La investigación que estuvo a cargo de Iván Darío Alvear Pérez, ya fue remitida a Juan Carlos Zapata Pimienta, contralor auxiliar delegado para su revisión, enviada a la Procuraduría Provincial de Apartadó y a la fiscalía general de la Nación para que estos entes establezcan las posibles responsabilidades penales y disciplinarias a las que haya lugar ante el millonario detrimento patrimonial del cual los sindica la Contraloría de Antioquia.

Como se recuerda a finales del año 2024, estalló un escándalo público en redes sociales y otros sectores de la prensa y la opinión pública en Urabá, especialmente en Turbo, al conocerse la venta del citado predio lo que a la luz de los entendidos se vendió por un precio muy por debajo al valor real, hoy los investigadores comienzan a darle la razón a los denunciantes.

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El saqueo más grande a los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó, de acuerdo con el mismo funcionario Montes, se ejecutó entre el 21 de mayo del 2024 y el 10 de abril de 2025 cuando se registraron cincuenta transacciones bancarias sin el lleno de los requisitos legales. “Simplemente habría una cuenta y pagaban, sin reserva presupuestal, sin planillas de salud, sin contrato, sin evidencias de ejecución.

Bajo esta modalidad el entonces alcalde de Apartadó giró 2.280 millones de pesos, los dos mandatarios que lo reemplazaron mientras fueron convocadas nuevas elecciones, su secretario de gobierno Amaury Quejada Buenaño giró 319 millones y Sara Moreno 755 millones.

“El 10 de abril mientras el alcalde Adolfo Romero se posesionaba, en la alcaldía estaban haciendo este tipo de pagos” denunció el secretario de gobierno Rubiel Montes.

Para hacer este tipo de transacciones deben intervenir el alcalde, el secretario de hacienda, el tesorero y el contador, aunque existen dos sistemas de pagos finales llamados Token, uno manejado por el alcalde como ordenador del gasto y otro a cargo del secretario de hacienda explicaron.

El secretario de gobierno explicó que también se han hecho pagos dobles y que dichos recursos no han sido reintegrados al municipio, señaló que la información entregada hoy a los medios de comunicación es fidedigna y que ya está en manos de la fiscalía general de la Nación.

El funcionario hizo una seria advertencia que, si algo le llegara a pasar a los funcionarios del actual gabinete, la responsabilidad recae en los responsables de los hechos denunciados.

“Los dineros robados corresponden a recursos propios, es decir de los impuestos que pagan los ciudadanos de Apartadó, que bien se pudieron utilizar en varias obras” explicaron.

La rueda de prensa fue dirigida por el secretario de hacienda Jony Valencia y de gobierno, Rubiel Montes, acompañados además de varios secretarios de despacho e institutos descentralizados.

Beneficiarios

Una de las principales empresas beneficiadas con este tipo de pagos denunciados hoy por la administración de Apartadó es Fenomenal Soluciones y Logísticas Zomac S.A.S, creada mediante documento privado del 16 de enero de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Apartado, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de enero de 2020, inicialmente domiciliada en Turbo, pero trasladada luego a Apartadó y representada legalmente por el señor Diego Andrés Cardona Doria.

Ahora la tarea para esclarecer estos hechos queda en manos del ente investigador el cual deberá establecer si estos dineros extraídos de manera fraudulencia de las arcas del municipio de Apartadó, fueron a parar a los bolsillos de abogados, políticos y creadores de contenidos digitales al servicio del señor Héctor Rangel y su proyecto político, como lo sospecha y presume el actual gobierno.

Nota de la dirección: Las personas o empresas aquí citadas, tienen el derecho a la réplica como lo dispone la ley para estos casos.

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El programa

En el Consejo de ministros del 3 de marzo, la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, expuso el nuevo plan del gobierno para acabar con el cultivo de la hoja de coca en el Catatumbo. 

Este plan fue adoptado en virtud del estado de conmoción interior mediante el Decreto 180 de 2025, que establece “(…) medidas excepcionales para desvincular a los núcleos familiares que dependan de cultivos de uso ilícito y promover su tránsito a economías lícitas (…)”.  El plan consiste en dos tipos de medidas:

-Un programa de erradicación voluntaria acompañado de la compra de los cultivos ilícitos; según lo dicho en el Consejo de ministros, el Gobierno ofrecería pagos de 1.280.000 de pesos mensuales, por un año, a la población que se sume al programa.

– Un programa de promoción de cultivos lícitos, cuya herramienta principal será la formalización de la propiedad privada y la adjudicación de bienes baldíos, incluso en las áreas afectadas por la presencia de cultivos de la hoja de coca.  De esta manera se evitaría el traslado de personas de un territorio y se crearían condiciones para otro tipo de cultivos con vocación de mediano plazo.  

Las críticas 

Varios analistas y figuras políticas han señalado que este plan no es novedoso, ya que guarda demasiadas similitudes con el fallido PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución), la estrategia del gobierno que, en lugar de reducir, aumentó las hectáreas de cultivos de coca. 

Otros temen que pueda tener efectos negativos en el proceso de certificación de Estados Unidos porque podría ser interpretado como una negativa del gobierno Petro a la erradicación forzosa.

Con el fin de evaluar estas críticas – y de aprender lecciones que pueden ser valiosas- en este artículo me propongo revisar la experiencia de otros países que han adoptado medidas similares con diversos resultados.

La experiencia de Tailandia

El desarrollo alternativo surgió hace más de 50 años de los esfuerzos de sustituir los cultivos de amapola en Tailandia. La idea era hallar algunos cultivos nuevos o mejorar los ya existentes, para lograr cosechas más valiosas. 

En 1965 Tailandia produjo 265.000 kilos de opio y después de 35 años logró disminuir esta producción a 4.o0o kilos. 

Para contextualizar este éxito, es importante notar que el crecimiento económico de Tailandia ha sido extraordinario y muy difícil de replicar, pues su PIB per cápita pasó de US$722,4 en 1965 a US$6393,9 en el 2023. 

El programa empezó con una lista de 1.080 cultivos, posibles sustitutos, que se fueron eliminando hasta tener una de 50 cultivos que iban a ser sometidos a estudios más amplios. Estos esfuerzos requerían experimentación, tiempo, generación de confianza entre los campesinos cultivadores y el Estado, así como recursos duraderos, puesto que muchas de las plantas identificadas requerían varios años antes de dar una cosecha satisfactoria.

Los intentos de sustitución demostraron ser más difíciles de lo esperado y no arrojaron resultados satisfactorios, lo que llevó a los gobiernos a formular políticas de desarrollo alternativo. Un enfoque mucho más complejo, enmarcado dentro de las amplias políticas de desarrollo territorial y regional.

Un factor crucial para el éxito fue el profundo respeto de la población campesina hacia el rey. Tailandia, históricamente conocida como Siam, se destaca por no haber sido colonizada jamás; no es sorprendente, por tanto, que la ciudadanía tenga un fuerte sentido de identidad nacional y de respeto hacia el Estado y sus normas, características poco comunes en países en vías de desarrollo.

También contribuyó el hecho que en la zona cultivadora de amapolas las comunidades tenían problemas de adicción al opio, por lo que no hubo un rechazo significativo a los programas de desarrollo alternativo. Los programas tenían un componente de salud pública, y además el gobierno desarrolló otros programas que aumentaron sustancialmente los niveles de educación y los servicios sanitarios. Lo que integró físicamente al país.   

A pesar del éxito del programa es importante recordar que el narcotráfico no desapareció, sino que se transformó. Los cultivos de amapola estaban localizados principalmente en zonas alejadas de los grandes mercados internos, especialmente el de Bangkok; pero las redes comerciales desarrolladas por el mercado del opio fueron aprovechadas por la industria de anfetaminas y metanfetaminas, que de facto ha sustituido a las amapolas y ha inducido al gobierno a tomar medidas contra la posesión y uso de estas drogas.

El ejemplo del programa de reducción de la amapola en Tailandia muestra que estos procesos no son fáciles.

La experiencia de Bolivia

El experimento boliviano comenzó con la ley 1008 de 1998 que reconoce la existencia de cultivos legales de coca para usos tradicionales, y la adopción de un programa de erradicación financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que ofrecía al campesinado hasta US$2.500 por hectárea erradicada. 

Este programa logró una disminución de cultivos en forma pacífica, gracias a las relaciones de cooperación y confianza entre las comunidades campesinas y el Estado.

Estas relaciones han sido el producto de un conjunto de políticas y cambios, que se iniciaron a mediados del siglo XX.  En 1952 Bolivia experimentó un golpe militar revolucionario, y en 1953 se inició un programa de reforma agraria en la sierra. Muchas haciendas fueron divididas y distribuidas entre un elevado número de campesinos que se organizaron en “sindicatos” con capacidad negociadora frente al gobierno. 

El gran crecimiento demográfico que empezó a finales de los años cincuenta motivó al gobierno a promover la colonización de la provincia del Chapare, que terminó siendo poblada por campesinos que replicaron sus “sindicatos” en esa zona y por mineros desplazados por la caída del precio del estaño. 

Es importante recalcar que este acuerdo permitió el crecimiento del poder político de Evo Morales, el líder cocalero, presidente de Bolivia entre 2006 y 2019.

El Estado siempre estuvo presente y desarrolló grandes proyectos de infraestructura financiados en parte por agencias multilaterales y bilaterales, especialmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos financiaron una parte sustancial de la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz y que atraviesa el Chapare. Estas inversiones se complementaron con los programas de desarrollo alternativo financiados por donantes externos, lo que hizo que el Chapare cuente en la actualidad con buenos servicios de electricidad, educación, servicios de salud, comunicaciones, transporte, etc.

Es claro que, en el ambiente político actual de Estados Unidos, que ha eliminado a USAID, un apoyo similar sería imposible.

La experiencia de Afganistán 

En Afganistán, se han registrado dos casos de erradicación de cultivos ilícitos, ambos bajo la dirección del Talibán motivado por sus creencias religiosas.  El Corán prohíbe el consumo de alcohol y, aunque no se menciona explícitamente el opio, su uso recreativo es generalmente descrito como “haram” (no permitido por las leyes islámicas), por lo que los talibanes han incluido los opiáceos en la misma categoría que las bebidas alcohólicas. 

En 1999 aplicaron la prohibición total a los cultivos de amapola y lograron su virtual erradicación, pero esto no se mantuvo una vez que el gobierno cambió. 

Los Talibanes retomaron el poder en 2021 después de que el comercio de opio había vuelto a crecer y la mayoría de los agricultores habían plantado opio para cosecharlo en la primavera de 2022. Los talibanes prohibieron la producción en abril de ese año durante la cosecha de amapola y en 2023 según un informe de la ONU lograron una disminución de 95% en el área cultivada.  

Las lecciones aprendidas

Los casos de Tailandia, Bolivia y Afganistán muestran que el éxito de una política de erradicación de cultivos depende principalmente del tipo de relación que existe entre el formulador de la política – el Estado – y sus destinatarios. 

Mientras que la política más exitosa ha sido la de Afganistán, su permanencia en el mediano plazo depende de la existencia de un régimen autoritario.  En el caso de Tailandia los cambios en la economía generaron opciones de empleo e ingreso para los campesinos y les permitieron apartarse del cultivo amapola. Sin embargo, no se ha logrado controlar la industria ilegal de drogas sintéticas que remplazó a la del opio y la heroína. Finalmente, en Bolivia los acuerdos con el Estado le permitieron a la comunidad la legalización de los cultivos para usos tradicionales y el gobierno ha promovido los usos industriales. Pero el narcotráfico continúa, aunque con niveles muy inferiores a los de Colombia.

Otro factor que se resalta en los tres ejemplos mencionados es que la eliminación de los cultivos ilícitos no vino acompañada de violencia porque el Estado tenía control sobre el territorio. 

Reflexiones para Colombia

Ya hace casi 30 años Clawson y Lee III  (1996)  señalaban que para que un programa de desarrollo regional en zonas de cultivos ilícitos fuera exitoso debía incluir cinco elementos: 1) sustitución de cultivos, 2) desarrollo de mercados para los productos agrícolas legales, 3) industrialización de los productos agrícolas para añadir valor agregado en áreas rurales, 4) suministro de infraestructura social (salud, educación, seguridad, etc.) y, finalmente, 5) desarrollo de organizaciones en las comunidades involucradas. 

En los casos de Tailandia y Bolivia, los proyectos han incluido en diversos grados estos elementos, y estos han contribuido a su relativo éxito y estabilidad en el mediano plazo. 

En el caso de Colombia, el desafío es mayor. A diferencia de estos países, donde los proyectos se hicieron en territorios donde el Estado tenía un mayor o menor grado de control territorial, la finalidad del decreto 180 de 2025, es lograr control territorial, en una zona donde la gobernanza ilegal ha suplantado al Estado. 

Una vez se logre el control territorial, y el reconocimiento de la comunidad, será posible diseñar políticas que resuelvan el problema. De lo contrario se requerirá una solución autoritaria como en el caso de Afganistán. 

Moraleja: la soberanía territorial que no se ejerce se pierde …. 

*Cofundador de Razón Pública.

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Según explicó, el Gobierno Nacional aún no ha pagado la totalidad de los subsidios a la tarifa de energía de los estratos 1, 2 y 3 que desde el año pasado debe a EPM.

«Intentamos por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta. Por esta razón decidimos acudir a la justicia y hoy se genera un hito alrededor de varias acciones legales que emprendimos en contra del Gobierno Nacional: en este caso en particular la Justicia ha decidido frente a la demanda que interpusimos por la deuda que tiene con Centrales Eléctricas de Norte de Santander-Epm. También presentamos las demandas por deudas con Afinia y demás filiales de Epm, asimismo demandamos el no pago de los aportes del Metro de La 80 de la vigencia 2024, como también demandamos el decreto de presupuesto donde aplaza el pago de 2025», Dijo el alcalde de la capital paisa.

Petro responde:

Por su parte el presidente Gustavo Petro ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y al Ministerio de Minas y Energía tomar las medidas que haya que tomar y actuar de inmediato frente a la demanda por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de las cuentas de la Nación.

“EPM, que es una empresa pública, a la cual la Nación ha ayudado mucho, acaba de decir que embarga cuentas de la Nación. O sea, no solo el uribismo sabotea la financiación del Gobierno, sino que además los pocos recursos que tiene los embarga”, precisó el mandatario durante la sesión del Consejo de Ministros público realizado este lunes en la Casa de Nariño.

“Esa es una acción política”, dijo el mandatario y agregó que esto “no va ni bajo el interés de Antioquia, ni por el interés de Medellín, cuyos barrios pobres no tienen agua potable, ni por el interés nacional. Eso no se puede permitir”.

El jefe de Estado recordó que el presidente de la República “tiene la función constitucional de control, de vigilancia de los servicios públicos de Colombia. No se pasan por la faja los derechos constitucionales del Gobierno y del presidente, por política y sectarismo político”.

“Entonces le pido aquí a Angie (Lizeth Rodríguez, directora del Dapre) que tome las medidas que hay que tomar. Ministro de Minas y Energía (Edwin Palma), hay que tomarlas. Entonces debe actuar de inmediato”, puntualizó el jefe de Estado.

Son inembargables

El Gobierno nacional impugnará la decisión del juzgado y solicitará el levantamiento del embargo, argumentando que la medida contradice disposiciones legales establecidas en los artículos 19 y 34 del estatuto del presupuesto, los cuales prohíben el embargo de cuentas públicas

“Este marco normativo busca proteger los recursos estatales destinados a la ejecución de políticas públicas y programas sociales” dio el Ministerio de Hacienda

Por su parte, el Ministerio de Minas señaló que ya se cumplió con el 85% de los pagos correspondientes a las filiales de EPM, lo que refleja un esfuerzo por parte del Gobierno para atender las obligaciones financieras dentro de sus capacidades presupuestarias.

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El Tribunal Superior de Bogotá rechazó por improcedente la tutela interpuesta por la defensa de Álvaro Uribe contra la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, por supuestamente “haber violado los derechos fundamentales del debido proceso”.

Se reanuda el juicio. La decisión del Tribunal dice que una vez se notifique, la jueza podrá reanudar el juicio contra el expresidente Uribe. 

 La jueza había negado la recusación de la defensa de Uribe, porque encontró que los abogados no sustentaron la petición. “No queda otra alternativa diferente a rechazarla de plano”, dijo en la audiencia. La defensa de Uribe argumentó ante el Tribunal que eso violó sus derechos porque supuestamente el juzgado no dio trámite y rechazó de plano la recusación. 

Por su lado, el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, dijo en su momento que la tutela de Uribe era “una estrategia para dilatar el proceso” y dijo que era un acto “desleal”. 

Por su parte Cepeda anunció que él junto a las demás víctimas solicitará observación internacional, porque Uribe “ha emprendido una campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso”. (Fuente/Vía La Silla Vacía)

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El Juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: Explicación de lo que está ocurriendo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y exploración de los futuros escenarios en este proceso que atrae la atención de toda la comunidad, al ser la primera vez en nuestra historia que un expresidente comparece en condición de acusado ante el poder judicial.

Un juicio histórico y las primeras decisiones

Los recientes acontecimientos comienzan con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá en su Sala de Decisión Penal que cierra de manera definitiva el debate sobre la legalidad de las interceptaciones telefónicas que se hicieran a conversaciones entre el expresidente Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena, que igualmente se encuentra en la fase de juicio oral como acusado. Sin duda, este ha sido uno de los debates más intensos en este proceso, y el que esta corporación validara estas interceptaciones supuso el cierre de esta discusión que, es importante recordarlo, tuvo incluso una aparición de dos magistrados en la televisión nacional explicando el procedimiento y defendiendo su legalidad. 

Superado este debate, el proceso regresa al Juzgado 44 de Bogotá con el propósito de que se diera inicio al juicio, mismo que avanzara en dos sesiones donde las partes pudieron exponer sus compromisos en esta fase del proceso e, incluso, comenzó el testimonio del senador Iván Cepeda, uno de los testigos más importantes para la hipótesis de la fiscalía general de la Nación. Estando en curso esta diligencia, la defensa presenta una recusación a la juez encargada de la dirección del proceso con el propósito de abrir el debate sobre la imparcialidad del juzgador, misma que fue despachada de manera desfavorable y categórica, en tanto que, por la modalidad en que se tomó la decisión, una orden, se entiende como una maniobra dilatoria que no suspende la diligencia y no se le da trámite.

La imparcialidad y las garantías procesales

Es ahí donde considero este juicio muestra una de las grandes deficiencias de la manera como opera el sistema judicial colombiano. Quienes ejercemos como defensores tenemos el deber de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para hacer efectivas las garantías de las personas que han confiado en nosotros la defensa de sus derechos, y se ha vuelto un lugar común entender que cualquier petición que se haga es una manera de dilatar el proceso y afecta la pronta y cumplida justicia. Esta petición que hizo su defensa, amparada en la tesis de la apariencia de imparcialidad del juzgador, que, dentro de este mismo proceso aplicó la Sala de Instrucción para separar de la actuación a la magistrada Cristina Lombana, tiene como propósito mantener vigente la garantía de la imparcialidad del funcionario judicial y forma parte de la salvaguarda de los derechos del inculpado, no porque la juez a cargo del proceso no sea imparcial, pues precisamente ello es lo que debe decidir, sino porque quienes están hoy a cargo de la defensa sienten que no están frente a un juez imparcial, y lo que corresponde es que el superior, a partir de lo ocurrido, defina si se mantiene o no esta garantía fundamental. En otras palabras, esta, y cualquier petición razonable de la defensa, es parte de un proceso debido, y el derecho que le asiste no es a que se le dé la razón, sino a tener un espacio para ser considerada y resuelta, y, precisamente, esto fue lo que se negó. 

Podría decirse que esta es una actuación dilatoria que pretende acercar el proceso a la prescripción, pero ello no se corresponde con la realidad. El trámite de las recusaciones suspende este término, de manera que en nada incide en el posible fenecimiento del juicio. Lo correcto, jurídicamente, era dar trámite a la solicitud, que el Juzgado expusiera los argumentos que descartaban una presunta falta de imparcialidad y que fuera el Tribunal Superior quien decidiera la cuestión de manera definitiva. Ante esta situación, en la siguiente sesión la defensa no compareció, a la espera de una decisión sobre la suspensión del juicio por cuenta de una acción de tutela, y ahí sobrevino otro de los grandes defectos del sistema procesal penal colombiano: la indebida comprensión del servicio público de la Defensoría Pública. 

La Defensoría Pública en el centro del debate

La Defensoría Pública es una de las instituciones más importantes de nuestra democracia, pues permite que ciudadanos que no tienen los recursos para procurarse una defensa de su confianza puedan tener un asesoramiento más que cualificado, pues por todos es sabido que los mejores penalistas de nuestro país son los defensores públicos que a diario realizan decenas de audiencias de todo tipo con toda solvencia. Ante la inasistencia de la defensa a la diligencia, se dijo que se pediría la presencia de un defensor público que se hiciera cargo de la defensa del expresidente Uribe. Si bien esta es la triste práctica de nuestro sistema judicial, lo cierto es que es contraria a los derechos humanos y es la causa por la cual muchas personas que necesitan acudir a estos servicios encuentran un absoluto colapso por la sobrecarga de nuestros defensores. Toda persona tiene el derecho humano, universalmente reconocido, de escoger quién va a hacerse cargo de sus intereses, y no se le puede imponer a otro profesional en contra de su voluntad, pero peor, los Defensores tienen un derecho a la dignidad humana y al respeto por su profesión, y no se les puede arrojar sin la debida preparación a asumir una defensa en una actuación que no conocen. Los miles de condenas que en Colombia se han producido con este tipo de prácticas son contrarios a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha dejado sin efecto decisiones así obtenidas. 

Ante esta situación, era apenas previsible que el Tribunal ordenara la suspensión del juicio mientras se decide de fondo la tutela interpuesta por la defensa, lo cual ocurrirá dentro de los diez días hábiles siguientes y que seguramente va a ordenar que se genere el debate planteado por la defensa, que, repito, no tiene derecho a que se le dé la razón, pero si a que se le oiga y a que se le resuelvan sus peticiones. 

De manera que son muchas las reflexiones que este episodio nos deja, y es necesario destacar y reiterar que en absoluto esta petición afecta lo que conocemos como el “vencimiento de términos” en este proceso, que, técnicamente, se denomina la prescripción de la acción penal, en tanto que opera por mandato legal una suspensión hasta tanto no se resuelva de manera definitiva. Por otra parte, considero necesario reiterar que si bien es cierto que la justicia debe avanzar y que los procesos deben caminar con una marcha normal, ello no puede hacerse a cualquier costo. No todo vale. No toda petición que haga un defensor debe ser descalificada de entrada como dilatoria, ni el trabajo de los abogados puede ser siempre estigmatizado, son las garantías de todos. 

Ojalá este asunto abriera un debate de fondo, en tanto que ya la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el colapso en el servicio público de la Defensoría Pública ante el recorte presupuestal de la entidad que no podrá hacer frente a la elevada demanda de sus servicios como es debido, mientras que quienes hacen parte de esta institución tan importante para nosotros deben ocuparse de asuntos donde ya hay apoderados actuando y cuyos usuarios pueden procurarse un defensor de su elección, como corresponde. 

*Abogado de la Universidad del Rosario y doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Penal en la misma universidad.

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En los siguientes términos se refirió la autoridad judicial al momento de la legalización de la captura del exalcalde de Apartadó Felipe Cañizalez y otros implicados en hechos de corrupción en el municipio de Apartadó:

“Se logró determinar que, durante la administración principal de Apartadó en el periodo del primero de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023, se conformó una organización delincuencial liderada por el ciudadano Felipe Benicio Cañizalez Palacios, para la época alcalde de Apartadó, Joaquín Gómez Gómez, para la época secretario de movilidad y Carlos Andrés Manco Tordedilla, para la época Concejal de Apartadó”

La caída de dos alcaldes, una concejala y un personero, además de numerosas investigaciones en curso, han sido calificados como un apocalipsis político en este municipio.

Las autoridades judiciales arreciaron durante los últimos días contra la clase política de Apartadó inmersa en una serie de irregularidades y presuntos delitos contra la administración pública.

Inicialmente el Concejo de Estado anuló la elección de la concejala liberal Geritza Echeverría Quinto, por haber sido contratista de la Asociación de Municipios de Urabá, (Asomura), entidad que tiene una amplia contratación con el municipio de Apartadó.

Posteriormente caería también en manos del Consejo de Estado, el personero de este municipio.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que anuló la elección del personero de Apartadó, Wilmar Herrera Orozco, por vicios legales en su nombramiento.

La Caía de Rangel

El más reciente golpe a la política de Apartadó lo propinaría el mismo Consejo de Estado, al anular la elección del alcalde Héctor Rangel Palacios, al cual le probó su doble militancia y dejó por fuera del cargo, originando un terremoto entre los mandos enfrentados en esta contienda que parece no tener fin.

Por un lado, el sector “cañizalista” y por otro los “rangelistas” se han trenzado en una verdadera guerra, la cual al menos por ahora se libra en las redes sociales en las que insultan sin ahorrar términos, además de haber cruzado las fronteras judiciales donde ya comienzan a verse los primeros frutos, con capturas y suspensiones.

Al día de hoy el gran temor de la gente de a pie, es que pasen de estos medios al gatillo, a la violencia física, en medio de tamaña irresponsabilidad para ejercer la política.

El Fallo:

El Consejo de Estado resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 20 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró la nulidad del acto de elección del alcalde de Apartadó, Héctor Rangel palacios.

El señor John Jairo Aristizábal, en nombre propio, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, contemplado en el artículo 139 del CPACA, en contra del Acta de Escrutinio Municipal E26 – ALC del 4 de noviembre de 2023, mediante la cual se declaró la elección del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como alcalde de Apartadó (Antioquia), periodo 2024-2027.

En este sentido el despacho confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia del 20 de mayo de 2024, por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección del señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez como alcalde de Apartadó.

Especulaciones

Luego de conocido este fallo se dio pie a una serie de especulaciones sobre sí el alcalde destituido podrá presentarse nuevamente a elecciones, en este campo los conceptos de los abogados consultados están divididos, mientras unos afirman que no está inhabilitado, otros sostienen lo contrario.

Ante este limbo jurídico, El Pregonero del Darién elevó consulta al Consejo de Estado, la instancia, no solamente que lo sancionó, sino la competente para resolver el dilema.

La caída de Cañizalez

Si bien en diferentes escenarios de la opinión pública desde hacía varios días se daba como un hecho la caída del exmandatario ante diferentes procesos penales que afronta por presuntos malos manejos en la contratación pública, su captura esta mañana causó sorpresa ya que se motiva en la puesta en marcha del Coso Municipal contrato en el que las autoridades encontraron varias irregularidades y no por procesos de mayor cuantía.

Sorpresa también por el grupo de exfuncionarios y reconocidas personas del municipio capturados en la redada de la Fiscalía, en la que el primero de los privados de la libertad fue el propio Felipe Cañizalez.

Los retenidos:

Extraoficialmente, ya que no hay un boletín o comunicado oficial de la Fiscalía, se conoció que entre los capturados estarían:

Felipe Benicio Cañizalez

Joaquín Gómez Gómez

Óscar Vèlez

Harley Alexander Bedoya

Carlos Andrés Manco Tordecilla

Alexis Morelo Villa

Se espera que en horas de esta tarde y mañana, estas capturas sean legalizadas, pero como suele ocurrir en esos casos, la mayoría de ellos recobrarán su libertad luego de ser vinculados al proceso.

Como si algo faltara, en medios judiciales se afirma que dos alcaldes más de Urabá tienen las barbas en el horno y que en los próximos días serán protagonistas de los titulares de prensa.

Líderes parecidos

En Apartadó estamos hablando de dos líderes populares muy parecidos en sus orígenes:

El señor Rangel Palacios es un líder popular del barrio Obrero, quien inició su carrera política en el Concejo de Apartadó, donde estuvo varios periodos, luego ocupó algunos cargos públicos en la administración de ese municipio y fue secretario general de la Asamblea de Antioquia antes de postularse a la alcaldía de su pueblo, la que ganó por más de 28 mil votos.

Felipe Benicio Cañizalez, también es un hombre de origen popular, hecho a pulso quien logró graduarse como abogado, hizo periodismo deportivo en la emisora Antena Estéreo y laboró en una Caja de compensación durante algún tiempo, antes de incursionar en la política donde logró ser elegido alcalde de Apartadó con casi 28.364 votos. Los dos afrontan dificultades con la justicia.

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La menor de edad fue identificada como Liceth Paola Peralta Medellín, de 14 años a quien desconocidos le quitaron la vida. El suceso tiene consternada a las comunidades del bajo Atrato y región del Darién. El crimen ocurrió en la vereda Quebrada Montería, municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó.

La menor había salido como era costumbre para asistir a la escuela veredal, pero al notar en la comunidad educativa y entre los habitantes que ella nunca llegó al centro educativo se inició una intensa búsqueda con alerta general y aviso a las autoridades.

Lamentablemente su cuerpo fue hallado sin signos vitales en una trocha en horas de la noche, con dos heridas de arma blanca y con signos de haber sido abusada.

El cuerpo sin vida fue rescatado por familiares y miembros de las comunidades afro, campesinos e indígenas. Estuvo presente la Policía Nacional, pero no llegaron funcionarios de CTI ni medicina legal.

Horas después desde la cabecera urbana del municipio Nuevo Belén de Bajirá, Chocó, distante 30 kilómetros, se desplazó una comisión con personal de la Fiscalía que trasladó el cuerpo sin vida de la menor hasta el municipio de Apartadó, Antioquia, donde se hará la necropsia de rigor.

Líderes y familia adelantarán velación y sepelio en próximas horas en el poblado Llano Rico, de Nuevo Belén de Bajirá, dijeron voceros cercanos a la familia.

Diversas voces, instituciones y las comunidades expresaron a la familia la solidaridad y acompañamiento y exigen investigación y esclarecimiento para capturar y castigar a quienes cometieron este atroz crimen.

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En un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de 500 kilos de cocaína en zona rural del municipio de Necoclí, Antioquia.

La droga, que estaba camuflada en un vehículo de carga, pretendía ser transportada hacia la zona costera para su posterior envío a Centroamérica y Europa.

La operación también permitió la captura de dos personas.

Un duro golpe a las redes criminales

Esta incautación representa un duro golpe a las redes criminales que operan en Urabá, una de las regiones más afectadas por el narcotráfico en Colombia.

La droga incautada tiene un valor aproximado de 2.500 millones de pesos, lo que significa una importante pérdida económica para estas estructuras criminales.

Además, la captura de los dos individuos permitirá avanzar en las investigaciones para identificar y desarticular otras redes dedicadas al narcotráfico en la región.

Un compromiso por la seguridad

La incautación de 500 kilos de cocaína en Urabá es un ejemplo del compromiso del Gobierno Nacional con la lucha contra el narcotráfico y la seguridad ciudadana.

Las autoridades continuarán trabajando para desarticular las redes criminales que afectan la tranquilidad de los colombianos.

Se intensificarán las operaciones en las zonas más afectadas por el narcotráfico para reducir la oferta de droga y proteger a la población.

La lucha contra el narcotráfico requiere del trabajo conjunto de las autoridades y la comunidad.

Se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcotráfico.

Solo con el trabajo en equipo se podrá lograr un país libre de drogas y violencia.

Palabra clave:

Meta descripción: Incautación de 500 kilos de cocaína en Urabá, Antioquia, representa un duro golpe a las redes criminales. La operación permitió la captura de dos personas y la incautación de droga valorada en [Valor de la droga incautada]. Se invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el narcotráfico.

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El Cambio de Fiscal en el Caso de Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfrentando acusaciones por presunta manipulación de testigos y soborno, ha sido una figura central en un proceso judicial que ha captado la atención de todo el país. El reciente cambio de fiscal, ahora bajo la dirección de Marlene Orjuela Rodríguez, representa una etapa crucial en este caso. Uribe había recusado al fiscal anterior, Gilberto Villarreal Pava, citando seis causales para su reemplazo, destacando la necesidad de garantizar la objetividad del proceso.

Sin embargo, la recusación de Uribe no fue la razón directa del cambio. La decisión fue tomada por la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien designó a Orjuela Rodríguez como la nueva fiscal a cargo. Orjuela Rodríguez, con una sólida trayectoria de 10 años en la Fiscalía y experiencia como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, asume esta responsabilidad en un momento crítico.

Antecedentes y Acusaciones

El 24 de mayo pasado, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Álvaro Uribe Vélez, llevándolo a juicio por los delitos de soborno en la actuación penal, fraude procesal y soborno. Estos cargos, según el Código Penal colombiano (Ley 599 del 2000), pueden resultar en penas de entre 6 y 12 años de prisión. Esta acusación formal marca un hito significativo en el proceso judicial del expresidente.

La Trayectoria de Marlene Orjuela Rodríguez

Marlene Orjuela Rodríguez no es una recién llegada a los pasillos de la justicia. Con una década de servicio en la Fiscalía y experiencia como magistrada, su nombramiento añade un nivel de profesionalismo y experiencia al caso. Su historial incluye una variedad de casos complejos y su conocimiento profundo del sistema judicial colombiano la convierte en una figura adecuada para manejar este delicado proceso.

Implicaciones del Cambio de Fiscal

El nombramiento de Orjuela Rodríguez trae consigo expectativas de mayor imparcialidad y objetividad en el proceso. La designación por parte de la Fiscal General Luz Adriana Camargo busca asegurar que el caso se maneje con la máxima transparencia y justicia, lo cual es esencial en un asunto de tan alta relevancia pública y política.

El proceso judicial de Álvaro Uribe Vélez continúa evolucionando con el nombramiento de Marlene Orjuela Rodríguez como la nueva fiscal. Este cambio, decidido por la Fiscal General de la Nación, apunta a reforzar la objetividad y la imparcialidad en un caso que tiene profundas implicaciones para la justicia y la política en Colombia.

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