Así se extiende el Ejército Gaitanista de Colombia en Antioquia

Análisis de la noticia/ Max Yuri Gil Ramírez* Germán Darío Valencia Agudelo*

Razón Pública/ El Pregonero del Darién.

Actualmente, el Ejército Gaitanista de Colombia se está expandiendo por Antioquia, llevando su estructura económica ilegal a nuevos territorios del país. ¿Qué tan grande es el poder de esta organización?

El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) es la agrupación armada criminal más grande y poderosa de Antioquia y del país. En Colombia, según el más reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), ¿Plomo es lo que viene?, la organización hace presencia en por lo menos “316 municipios, distribuidos en 24 departamentos del país”, y sus integrantes en el territorio nacional, según el informe del programa Antioquia cómo vamos, rondan los 14 000, con una tasa de crecimiento del 93 % entre 2016 y 2024. 

En Antioquia, esta agrupación tiene una presencia histórica en las subregiones de Urabá y Bajo Cauca. Sin embargo, debido a su expansión económica, hoy se les encuentra en el Nordeste, Norte, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio, Oriente y Valle de Aburrá.

Según el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación (Sipares), a septiembre de 2024, se registra un control territorial del 52 %. Esto significa que hay presencia del grupo en 66 de los 125 municipios de Antioquia, lo que implica un crecimiento porcentual de cinco puntos (del 47 % al 52 %) entre el año pasado y el presente (ver mapa 1).

Los negocios del EGC

En estos territorios, el EGC realiza diversas actividades económicas, tanto legales como ilegales. Por esto, el Gobierno nacional lo cataloga como una organización multicrimen. Sus tentáculos empresariales se extienden y adaptan según las oportunidades que se presenten para apropiarse de rentas, principalmente las ilegales, como el narcotráfico, microtráfico y extorsión, pero también de rentas legales, como la minería, la agroindustria y el comercio.

La Fundación PARES propone ver al EGC como un “holding criminal”. Es decir, como una “empresa que posee acciones mayoritarias en otras compañías, sin dedicarse directamente a la producción de bienes y servicios». Su principal función es gestionar y coordinar las actividades de sus filiales, tomando decisiones estratégicas y de inversión. Esto significa que el crecimiento de la organización depende de sus negocios.

De allí que se pueda decir, con alto grado de certeza, que el crecimiento del EGC en el país y Antioquia depende, en buena parte, de los fines económicos que persigue y los resultados que obtiene. Su lógica expansionista está estrechamente relacionada con la posibilidad de obtener ganancias.  La presencia del EGC en Antioquia, cuya economía es la segunda más importante del país después de Bogotá, le ofrece grandes oportunidades para ampliar sus rentas, lo que facilita su crecimiento continuo.

Los negocios que tiene el EGC en Antioquia son muy diversos. En ellos se incluyen desde el tradicional negocio del narcotráfico y la minería ilegal, hasta las más recientes rentas que le ofrece la migración internacional, pasando por actividades ilícitas como el lavado de activos, la venta de armas y la comercialización de bienes lícitos —como medicamentos, licores y gaseosas—. Incluso, se les encuentra ofreciendo dinero a préstamo —el gota a gota—, extorsionando a los comerciantes, y atendiendo el mercado de la prostitución y la explotación sexual de menores de edad.

Uno de sus mayores y más antiguos negocios es el narcotráfico. Esta actividad, aunque riesgosa —pues hoy sufre los rigores de la efectiva política antidroga del gobierno Petro— se desarrolla principalmente en las subregiones del Norte y el Bajo Cauca antioqueño, y tiene conexión con la región del Catatumbo. Según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), en estos territorios, en los municipios de Valdivia, Tarazá y Cáceres, se encuentra el sexto enclave de mayor tamaño de sembrados de coca del país, con 5 908 hectáreas de cultivo de esta planta. 

Una segunda actividad bastante lucrativa y en crecimiento en el departamento es la minería ilegal. El EGC ha encontrado tanto en la Serranía de San Lucas, como en el municipio de Buriticá y algunos otros de la subregión del Norte, unos territorios propicios para sacar rentas criminales asociadas a esta actividad. 

Lo hacen tanto siendo mineros ilegales, que invierten grandes sumas de dinero en maquinaria amarilla, como extorsionando a pequeños mineros que realizan sus actividades de manera informal. Incluso, se les observa instrumentalizando a la población y desarrollando acciones tendientes a la afectación del orden público, como ocurrió en el Norte y Bajo Cauca de Antioquia, a principios de 2023.

El tercer y más reciente negocio es el de vender servicios de transporte, seguridad y protección a la población en situación de migración. La posición estratégica que ofrece el Urabá, al ser un territorio cercano a la frontera con Panamá, le ha permitido a las EGC aprovechar la ventaja competitiva y ofrecer variados servicios criminales a los migrantes internacionales. 

Según la Defensoría del Pueblo, se estima que en 2023 fueron 520 085 personas las que atravesaron la ruta irregular de la selva del Darién —406 905 adultos y 113 180 menores de edad—. Una cifra que creció en un 110 % en comparación con 2022, cuando 248 284 personas atravesaron esta ruta. Población a la que se le cobra abusivas sumas de dinero, el ingreso por persona promedio es de 125 dólares, logrando obtener rentas superiores a los 60 millones de dólares en 2023.

La expansión del EGC

Además de estos tres rentables negocios, el EGC está buscando la expansión de su conglomerado económico legal e ilegal. En el último año se le ha detectado intentando llegar desde el Magdalena Medio hasta el Valle de San Nicolás en la subregión del Oriente antioqueño. 

Este es un recorrido que inicia en los municipios de Argelia y Sonsón, pasa por San Rafael, San Luis, Granada y Cocorná, y llega a la turística región de El Peñol y El Santuario. Así mismo, están conquistando el corredor conocido como el Camino Islitas, que conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.

El EGC tiene como meta ampliarse y acercarse cada vez más al segundo complejo urbano más grande de Colombia. Los valles de San Nicolás y de Aburrá se presentan como un territorio que ofrece la posibilidad de explotar rentas ilegales cada vez mayores y con menos riesgo que el tráfico internacional de estupefacientes. De allí que en los últimos meses se estén encontrando laboratorios de procesamiento de cocaína en fincas cercanas a la capital de Antioquia, en municipios como Marinilla; al igual que motobombas usadas en la minería ilegal, en los cañones de los ríos Santo Domingo, Melcocho, Verde, Nare, Arma y Calderas.

Si bien es cierto que el EGC no cuenta con el mismo nivel de respaldo institucional que tuvieron los grupos paramilitares, aun es evidente el apoyo que reciben por parte de sectores institucionales territoriales y de la fuerza pública, lo que se evidencia en las constantes denuncias sobre el accionar ilegal del EGC en contra de otros grupos rivales o contra la población civil, especialmente en zonas en disputa. 

Esta expansión del EGC está provocando que varias organizaciones no gubernamentales, como la Mesa de Derechos Humanos de Antioquia, prendan las alarmas y denuncien la presencia de la organización, llamando la atención del Estado para que proteja la población. Advierten que ante la salida de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), el EGC está usando las viejas tácticas de control, intimidación y limpieza social. 

¿Qué los está deteniendo?

Existen algunos factores que están provocando que no se expanda tan rápidamente el EGC en Antioquia. Aquí señalamos dos: 

La presencia activa del Estado. Según el informe de seguimiento al conflicto de la Fundación Pares, de los 61 enfrentamientos identificados en el departamento de Antioquia en el último año, 24 han sido entre la Fuerza Pública y el EGC, en municipios como Briceño, Ituango, Tarazá y Valdivia. 

Además, la Gobernación de Antioquia está insistiendo en una nueva estrategia, llamada el EMPÁS, para controlar la expansión criminal en el departamento.

La lucha entre los mismos actores armados ilegales. Está agrupación debe enfrentarse de manera recurrente con otras estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una parte del denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, facción comandada a nivel nacional por Calarcá Córdoba. Ambas organizaciones tienen una presencia del 26 % y 15 %, respectivamente en el territorio (ver mapa 2). 

Como se sabe, existe una lucha entre estas dos últimas agrupaciones con el EGC para frenar la expansión de efectivos en el territorio paisa. De allí que sean tan comunes los enfrentamientos entre estas agrupaciones en las subregiones del Nordeste, Norte y Bajo Cauca.

EL EGC seguirá expandiéndose

A pesar de estos dos factores detectados, que regulan el crecimiento del EGC en el territorio antioqueño, se puede concluir que este departamento está enfrentando en la última década una expansión acelerada de esta organización armada de alto impacto. 

El inmenso potencial que ofrece la segunda economía más grande del país está incentivando a la organización criminal a buscar nuevos negocios y llevarlos a más amplios territorios. 

Además de continuar con las actividades ilícitas de narcotráfico y minería ilegal, ahora la organización pone su mira en otros negocios como el tráfico de maderas, el monopolio de bienes legales como huevos, gas, arepas y licores. Además, se está acercando a la capital paisa, trayendo sus tradicionales actividades de producción de cocaína y minería, convirtiéndose en un factor de alto riesgo para Antioquia.

Acerca de los autores:

Max Yuri Gil

*director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia e integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: Max.gil@udea.edu.co

German Darío Valencia

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Integrante de ISEGORÍA, plataforma digital de seguimiento al proceso de paz con el ELN. Contacto: german.valencia@udea.edu.co