El terrorismo es una violencia proteica: toma formas diferentes en sus modalidades de actuación y en los propósitos que persigue. Estas dos facetas se influyen mutuamente: el “cómo” se ejecuta un acto de terror influye en sus efectos y repercusiones. Pero a lo largo de la historia, el atentado personal, que debe entenderse no solo como individual, sino como individual con nombre propio, ha tendido a diferenciarse en sus efectos. No es lo mismo la víctima anónima que pisa una mina terrestre que una persona escogida por motivos específicos inherentes a la víctima.

El atentado personal es profundamente perturbador. Es una modalidad que parece tener un poder especial para poner en la realidad consciente cúmulos de fuerzas y procesos subyacentes, no siempre percibidos, o por lo menos no con toda la intensidad que pueden alcanzar, en el discurrir cotidiano de una realidad social y política. Los colombianos no necesitamos mucha ilustración para entenderlo: hoy, a 77 años de distancia, el 9 de abril sigue presente como una fecha que cambió los rumbos de la sociedad y del Estado.

En la historia reciente de la humanidad hay un ejemplo que no deja dudas sobre el malestar que produce el asesinato de un dirigente político y las dinámicas que desata. En 1914, las potencias imperiales de Europa parecían haber superado los rifirrafes de 1912, el incidente de Agadir en primer plano, cuando se mostraron los dientes y aclararon alianzas y enemistades. En ese año discurría la política internacional con una calma apacible que hacía olvidar contradicciones y choques de ambiciones.

De súbito se produce el maldito “incidente de efecto instantáneo”, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Viena, visto de inmediato como producto del nacionalismo serbio y como tramado por el gobierno de Belgrado. No se trató de las causas encontradas que se tramitan con morosidad en las cancillerías, sino de un golpe que desordenó la mesa e hizo volar platos y vasos.

El efecto perturbador no dejó ver la cauda de coincidencias y acciones no previstas que se juntaron al azar. El gobierno imperial solo vio lo que quería ver y puso en movimiento todo el arsenal de visiones irracionalistas que comporta el tránsito “cuesta abajo de la guerra”. Como en una escena célebre de la película Hotel Budapest, cada huésped abrió su puerta y disparó a la de enfrente.

El asesinato era un asunto serio, pero no podía ser causa de la matanza horrible de la Primera Guerra Mundial que comenzó en el mes siguiente y duró más de cuatro años. Un muerto, por más príncipe que fuera, no puede explicar la catástrofe que todavía modela los sucesos que vivimos en este planeta sufrido. El juego de la historia contrafactual hace pensar en tantas posibilidades, que vale la pena jugarlo. No es el momento, por supuesto, pero con frecuencia da pistas para entender lo sucedido.

El punto es que el crimen político destapa lo que habría podido permanecer latente y hasta desaparecer con el tiempo. Hoy, la sociedad colombiana debe afrontar la desconfianza desatada por el atentado al senador Miguel Uribe. Por más llamados a la razón y a la calma, en cada bando reinará el miedo, que es un consejero pésimo, máxime cuando las posiciones y orígenes del atentado no tienen las certezas del ya sufrido en el final del siglo pasado. En ese entonces se sabía de dónde venía el fuego. Hoy se desatará el cúmulo de interpretaciones posibles, sobre todo si, como sucede con nuestras investigaciones exhaustivas, no se llega a la otra punta de la cuerda.

Es la incertidumbre lo que daña el ambiente. Es el saber que hay gentes dispuestas al atentado personal. Es también, en parte, el poder de las prédicas polarizadoras, de moda en la política de hoy, orientadas a encontrar un culpable detrás de todo suceso político. Los hechos de la política no se estudian con objetividad. Las soluciones estriban en eliminar al culpable. Pero de construir no se ocupa nadie. La violencia cotidiana, la que mata a los olvidados, a los nadie, se incuba en un voluntarismo absurdo, factor de estímulo de las violencias que asuelan campos y ciudades. El crimen organizado avanza impune sobre el lomo del narcotráfico, la extorsión generalizada, la incapacidad de la justicia y la fragmentación política.

Lo más grave que puede suceder ahora es que cada huésped dispare a la habitación de enfrente. El juego de las descalificaciones mutuas llevó en 1948 a balaceras letales en el recinto de la Cámara de Representantes. Para los nadie hubo la imposición a “sangre y fuego” de un régimen extremista que sembró cientos de miles de muertes. Más adelante las guerrillas, muy pronto criminalizadas, se impusieron en los campos.

El narcotráfico todo lo penetró y nació el paramilitarismo. El sufrimiento ha sido indecible y un símbolo de esa nación violenta es la familia que acaba de recibir este golpe. Vuelve a la memoria el 25 de enero de 1991. En la radio, poco antes del mediodía, la noticia de la muerte de Diana Turbay agobió a toda una generación que hoy ve, al final de su ciclo vital, cómo se repiten y reproducen las violencias, sin que la sociedad encuentre caminos para parar la fatalidad.

*Sociólogo, Especialista en Derecho Constitucional, Magíster en Defensa y Seguridad Nacional. Se ha desempeñado como Consejero Presidencial para la Defensa y Seguridad Nacional. Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.Cofundador de Razón Pública.

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El nombre y el blanco

Los atentados personales tienen un efecto distinto del ejercicio indiscriminado de la violencia.

Apuntar a alguien por su nombre convierte el acto en un mensaje directo, no contra “la política”, sino contra una idea que encarna una persona concreta. La víctima deja de ser un símbolo difuso y se convierte en un blanco específico. Y esto desata la alarma colectiva.

Colombia conoce bien este fenómeno: setenta y siete años después, el 9 de abril sigue marcando un antes y un después en nuestra historia. Treinta y cinco años después, el asesinato de Galán el 18 de agosto sigue marcando un antes y un después de la Constitución que cambió el rostro del país.

Miguel Uribe no es cualquier político. Hijo de Diana Turbay y nieto de Julio César Turbay, su figura transporta historias previas de muerte política y periodística. Por ello, más que alguien con trayectoria, representa un nudo familiar y simbólico irrumpido.

El espejo de la violencia

Los recuerdos del asesinato de Galán en 1989 y de la muerte de Diana Turbay en 1991 vuelven a la superficie.

Ayer, el adolescente pudo haber sido usado como instrumento para reavivar viejas polarizaciones. No sabemos si actuó exclusivamente por dinero, pero sí sabemos que el atentado revive cadenas de odio que no hemos cortado.

Cada atentado actúa como un espejo. Los discursos que siguen a la violencia dicen mucho más de los vivos que del muerto. En las reacciones inmediatas al crimen —las acusaciones mutuas, las versiones encontradas, los silencios ruidosos, las conjeturas precipitadas, las vocerías usurpadas — se despliega el verdadero mapa de la sociedad: quién se atreve, quién calla, quién miente y quién tiembla.

La línea peligrosamente delgada entre la opinión pública y la amenaza se desdibuja frente al atentado. Aquello que se discute con argumentos se convierte en objeto de sospecha y temor. No es apenas el miedo real del próximo ataque; es el miedo a que el siguiente mensaje, tuit o debate signifique la siguiente bala.

Una cadena insoportablemente larga

No es la primera vez que Colombia intenta enterrar la violencia política sin haberla entendido. Asesinar a los líderes es una forma reiterada de disputar el poder, de imponer una ideología, de acallar una voz. Cada generación tiene sus muertos, y cada muerte tiene su carga de advertencia.

Desde el atentado septembrino contra el Libertador, pasando por el asesinato de Sucre, el atentado contra Reyes, el asesinato de Gaitán, el de Rodrigo Lara, el de Galán, el de Bernardo Jaramillo, el de Carlos Pizarro, el de Jaime Pardo Leal, el atentado contra Ernesto Samper, el asesinato de Álvaro Gómez, los atentados contra Álvaro Uribe o el atentado contra Iván Duque, hasta las 23.161 víctimas de asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares, la fuerza pública y grupos guerrilleros entre 1981 y 2012, las 121.768  personas forzosamente desaparecidas entre 1985 y 2016, o las 4.756  personas en tareas de liderazgo social asesinadas entre 1986 y 2018, hasta las amenazas actuales contra líderes sociales y políticos, el país ha vivido una sucesión de crímenes que rara vez se resuelven.

Cada crimen reabre la pregunta por el origen del odio: ¿por qué sigue siendo más fácil eliminar al contradictor que persuadirlo? ¿Por qué se normaliza la agresión como parte del juego político?

La impunidad no es solo judicial: es también simbólica. La sociedad acepta el crimen si conviene a su narrativa; lo excusa, lo minimiza, o lo usa como arma. Esta cultura del “algo habrá hecho” perpetúa el miedo y justifica la sospecha.

Y esto es lo peor: la rutina de lo intolerable. La idea de que el crimen político es “parte del paisaje” ha erosionado nuestra sensibilidad. Cada nuevo atentado se convierte en tema de tendencia durante dos días, mientras se cruzan acusaciones o se ventilan conjeturas. Después viene el olvido. Hasta el próximo cuerpo.

Por eso, el crimen político no es un acto individual: es una expresión colectiva de la incapacidad de convivir con la diferencia.

La palabra que dispara

Rechazar el atentado es tan solo el primer paso. El siguiente es remover las palabras que disparan desde la tribuna, los impulsos de venganza ritualizados, y los silencios de los demás ante un ruido político que se vuelve atronador y violento.

En este ambiente, las palabras también matan. La política polarizada se alimenta de frases beligerantes, de apelativos deshumanizantes, de etiquetas que justifican la exclusión o la agresión. Llamar “enemigo” a quien piensa distinto es más que un recurso retórico: es una forma de evocar la violencia y de convertir al adversario en blanco legítimo. Hoy, las redes sociales se han convertido en el nuevo campo de batalla simbólica. La palabra que divide puede ser el primer disparo.

No se trata tan solo de salvar al senador Miguel Uribe. Se trata también de reconocer que la violencia simbólica no es un desahogo: es la antesala del crimen. Y de preguntarnos, con seriedad, qué queremos decir cuando hablamos de democracia.

La consigna no es entender para corregir, sino eliminar al culpable. Pero nadie se encarga de construir algo distinto. Y por eso la violencia reaparece.

El Estado, la justicia…y el vacío

La recompensa de 3.000 millones de pesos revela la gravedad: el Estado cree que Uribe fue víctima de algo más que un delincuente solitario. Si fuera un evento aislado, no ofrecería tanta recompensa.

Esto significa que detrás de una bala puede haber una red —o la amenaza de ella—, y por tanto la tarea no se limita a curar a la víctima: hay que encontrar al victimario, porque esa es la única manera posible de empezar a curarnos a nosotros mismos.

La incertidumbre se agrava porque la justicia no ofrece claridad. Si algo sabemos en Colombia es que muchas investigaciones terminan en nada o concluyen lo que ya conviene. Cuando los jueces no esclarecen, es la plaza pública la que condena. Y en esa plaza reina el rumor, se impone la versión más útil para cada tribuna, y se degrada aún más la confianza en las instituciones. El crimen queda flotando, como tantos otros, convertido en símbolo y en excusa.

Un mal no justifica otro mal

Oí con cuidado al presidente Petro y cada una de sus palabras sobre el atentado fueron las propias de un presidente respetuoso del Estado de derecho y buen conocedor de las entrañas oscuras de Colombia. Su única inconsistencia – que el jamás podrá reconocer – es haber sido parte del M19.

También leí sus tuits de lenguaje deplorable, y aun así debe decirse que una cosa son los discursos incendiarios y otra cosa son las órdenes de asesinatos.  Leí su conjetura a raíz de amenazas a su hija Antonella, y lamento que él no espere a que las autoridades establecidas para investigar los hechos —y solamente ellas —se pronuncien sobre las evidencias.

Leí u oí igualmente a los expresidentes, cada uno en su estilo y desde su trinchera, y lamenté precisamente eso: que cada uno hable desde su trinchera.

Una cosa mal hecha no justifica otra cosa mal hecha. El discurso encendido no es lo mismo que la frase sibilina, ni el uno ni la otra son lo mismo que la bala asesina: cada acto —y sobre todo el de quienes nos dirigen — merece un reproche proporcional al daño que produce.

Confundirlos es abrir la puerta a la venganza y cerrar la puerta al juicio sereno que exige la democracia.

Una nación sin lecciones

Colombia vive, una vez más, la tensión entre el pasado y el futuro. Volvemos a preguntarnos si este país puede sostener una contienda democrática sin balas, sin miedo, sin símbolos que inciten a la violencia. Volvemos a confrontar una realidad conocida: sin garantías de seguridad ciudadana y política, no hay democracia posible.

Tal vez la forma peor de violencia sea la repetición. Colombia no ha olvidado sus tragedias: lo que no ha logrado es digerirlas. Recordamos los nombres, las fechas, los titulares; pero no sabemos qué hacer con ese pasado que se repite, que cambia de víctima y de verdugo, pero sigue siendo el mismo.

Si queremos evitar que la historia se repita, tenemos que restaurar el pacto de lo básico: que las diferencias no se tramitan con insultos, que el debate no se gana con amenazas, que las elecciones no se sabotean con balas. Esta es la lección que nunca aprendemos y que siempre volvemos a necesitar.

Y es porque una nación que recuerda sin aprender es una nación condenada a cien, y cien, y cien años de soledad.

* Director y editor general de Razón Pública.

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“Voy a decretar la Consulta Popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente, puede o no decidir, de acuerdo con las normas existentes”, afirmó el jefe de Estado.

¿Por qué el decreto?”, preguntó el presidente. Y respondió: “Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República. Hicieron trampas”.

En ese contexto, el mandatario agregó que “ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho, búsqueda de la igualdad, de la libertad humana”.

El presidente Gustavo Petro anunció que esta misma semana firmará el decreto de convocatoria a la consulta popular, para que la ciudadanía se pronuncie en las urnas sobre la reforma laboral, y aseguró que la firma tendrá que hacerse “ante el pueblo”.

Durante el consejo de ministros que sesionó en la Casa de Nariño, el mandatario les pidió a sus ministros, en especial al jefe de la cartera de Trabajo, Antonio Sanguino, definir dónde se hará la firma del decreto: si Cali o Medellín.

«El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de millas de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo. No tenemos mucho tiempo, luego no tenemos mucho tiempo para citarlo», explicó.

Democracia participativa

«El Gobierno está preparado, está firme y está comprometido con la democracia participativa. Vamos a firmar el decreto hacerlo con rigor jurídico, con respaldo constitucional y con plena transparencia. Porque lo que ocurrió en el Senado fue una cadena de trampas, mentiras y jugaditas que rompieron los principios más elementales del Estado de derecho».

Así lo manifestó el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reiteró que el Gobierno nacional se encuentra ultimando detalles del decreto que convocará oficialmente a la Consulta Popular. El jefe de la cartera política denunció vicios de forma y fondo en el trámite legislativo de la Reforma Laboral.

Por su parte, el ministro Benedetti indicó que el Gobierno nacional tiene hasta el 12 de junio para expedir el decreto, esto en cumplimiento de los tiempos legales que contemplan ocho días hábiles luego del vencimiento del plazo del Congreso para decidir.

Finalmente, afirmó que será la Corte Constitucional la que revise la validez del decreto, como lo establece la ley, y que el Consejo de Estado podría recibir eventuales demandas de nulidad, propias de cualquier acto administrativo.

«El Gobierno ha jugado todas las cartas posibles: la mini reforma, la revivida laboral, la consulta 1.0 y ahora la consulta 2.0. No nos rendiremos. Si no fue en el Congreso, será en las urnas. Los trabajadores de Colombia merecen empleos dignos, salarios justos y condiciones humanas. Y si hay que consultarlo al pueblo, pues que así sea», concluyó el ministro.

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Además, presentamos el balance en redes: los perfiles que más crecieron en seguidores y los contenidos más virales del periodo.

El Algoritmo Presidencial 2026 es una herramienta de análisis que monitorea periódicamente la conversación digital en torno a los principales presidenciables, con el objetivo de brindar datos claros, visuales y accesibles para entender cómo la dinámica digital influye en la contienda electoral.

En esta entrega se analiza el número de apariciones en medios digitales de los 36 principales presidenciables entre el 25 de abril y el 25 de mayo, usando búsquedas en Google Noticias. Se presenta el top 10 más mediático —quienes registraron más menciones— junto con el tema principal por el que fueron noticia.

Cada entrega del Algoritmo incluye un análisis global en las principales redes sociales (Facebook, Instagram, X y TikTok), que incluye el top de perfiles que más crecieron en seguidores, el volumen de crecimiento total y los contenidos más virales del periodo. Además, se incorpora una revisión de los presidenciables más buscados en Google, como indicador complementario de visibilidad e impacto digital.

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En circular dirigida a entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial, empleadores del sector privado, trabajadores y ciudadanía en general, la cartera ministerial advierte que así lo establecen la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo y los compromisos internacionales firmados por Colombia en estos asuntos y que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Anunció que “en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control, podrá iniciar las investigaciones administrativas correspondientes’ ante la eventual vulneración de los derechos de los trabajadores.

Instó, además, a quienes se consideren afectados “presentar sus quejas, incluso de forma anónima, por los canales institucionales dispuestos para tal fin, con el objeto de activar los mecanismos de protección, verificación e intervención previstos en la normativa vigente’.

El Ministerio expresó “la necesidad de ponderar las normas legales aplicables al ejercicio de la actividad empresarial con las garantías constitucionales y supralegales que protegen a las personas trabajadoras’, conforme con lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Sentencia C-009 de 2018 de la Corte Constitucional.

De manera particular destacó tener en cuenta que las normas descritas establecen “los derechos a la libertad de expresión, reunión y manifestación pública y pacífica como principios fundamentales para la materialización de una democracia participativa y pluralista, propios del Estado social y de derecho” deben fundamentarse en el principio de la dignidad humana y reconocer la autodeterminación de las personas trabajadoras para expresar sus opiniones y demandas”.

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Así lo anunció en rueda de prensa el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que “lo que sucedió en esa sesión tortuosa queda claro es que el presidente del Senado dice: ‘siguiente punto del orden del día’, el secretario lee el orden del día, apagan el micrófono y el presidente del Senado dice de una vez ‘abra el registro para votar lo de la consulta’. En la Ley Quinta, el artículo 125, dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición. En este caso, tenía que haber un concepto y no se leyó el objeto de lo que se iba a votar; luego el Senado no se pronunció. Tengo la razón en decir que el Senado no se ha pronunciado y si no lo hace, el presidente puede convocar a la Consulta Popular».

Explicó que “el artículo 125 de la Ley Quinta dice: ‘Lectura de la proposición. Cerrada la discusión se dará lectura nuevamente a la proposición que haya que votarse'».

Así mismo, el jefe de la cartera de Gobierno indicó que “tenemos un antecedente sobre lo que sucedió en el 2018, allí se votó la consulta que, en su momento, se llamó anticorrupción, donde se presentó un concepto favorable a la proposición y eso fue lo que leyeron en esa época. Esta vez el Senado no se pronunció porque votaron sin haber leído lo que iban a votar».

“A la clase trabajadora le hicieron una jugadita en esa sesión, se la perratearon, por lo que es necesario defender los derechos de los trabajadores», sentenció.

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En el encuentro, que se realizó en las instalaciones del SENA, se decidió “instalar una mesa por el Urabá, donde concurrirá el Gobierno nacional para atender preocupaciones del sector empresarial, de trabajadores y sectores sociales de esta región”, señaló el titular de la cartera laboral. 

En entrevista con los medios de comunicación, el ministro precisó: “Acá se adoptaron decisiones importantes: adelantar cabildos en todos los municipios de la región del Urabá, como lo ha pedido el presidente de la República, y participar activamente en la jornada de protesta de los próximos 28 y 29 de mayo, por la reforma laboral y la consulta popular”. 

Anotó que respaldar “la consulta popular con 16 preguntas votando por el sí, es lo que se ha acordado. La ruta de los cabildos y de la consulta popular son los seguros de vida de las reformas sociales en el país”. 

Diálogo en Medellín

El ministro del Trabajo participó también en un espacio de diálogo en Medellín, donde sostuvo: “Es una expresión de la ciudadanía, organizaciones sindicales y sectores empresariales y sociales de Antioquia, que demuestra que el respaldo popular crece en favor de la consulta popular. Antioquia votará sí para que las reformas sociales se abran paso y se impongan en Colombia”. 

“Nos pusieron en la tarea de corear 16 veces sí, estamos en la pelea por las reformas y, al mismo tiempo, por una democracia de verdad. Es una disputa política con un concepto de democracia profunda: popular, activa, viva, permanente, contra una democracia que va en contravía y que limita el poder a las élites que han monopolizado por décadas en Colombia”, sostuvo.

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El mandatario recordó que Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo en su momento “fueron autor y ponente de la privatización de la salud y de la flexibilización laboral, léase aumento de la explotación absoluta de las y los trabajadores: Ley 100 y Ley 50”.

En su mensaje, el presidente indicó que la Consulta Popular radicada por el Gobierno nacional en el Senado busca “salir de ese modelo que ha determinado la desigualdad social y la violencia”. 

Indicó que los expresidentes citados “no fueron capaces de aceptar el paso de la historia y no superaron su anacronismo, y ahora juegan a la desesperada al golpe”.

Según el jefe de Estado, “el soldado de la Patria está para defender la Patria, que es el pueblo, el mismo de sus padres, madres y hermanos y hermanas. Ayer llamaban a los soldados sin salario a reprimir a los campesinos, los trabajadores y los jóvenes, y era tanta el hambre que hasta por un pollo le obedecían a la oligarquía”, resaltó.

“Hoy hemos dado salario y dignidad y mi orden es no atacar al Pueblo, defenderlo porque es la Patria”, puntualizó el presidente de la República.

Choque Uribe-Petro

Álvaro Uribe le pidió a las Fuerzas Militares obedecer primero a la Constitución y después a Gustavo Petro, y el presidente respondió: “Lo que va contra las instituciones es asesinar al pueblo”

El expresidente criticó los recientes comentarios de Gustavo Petro sobre el papel de la fuerza pública en las protestas sociales, pero Petro le respondió defendiendo su posición

Gustavo Petro contestó a las críticas de Álvaro Uribe por sus palabras en Barranquilla sobre la protesta social.

El expresidente Álvaro Uribe expresó su preocupación tras una declaración de Gustavo Petro en Barranquilla, durante un cabildo abierto organizado luego del hundimiento de su consulta popular en el Senado.

Petro se refirió al papel de la fuerza pública en futuras manifestaciones sociales desde el Paseo de Bolívar.

Uribe, desde Cali, refutó las declaraciones del actual mandatario. “Que la fuerza pública le tiene que obedecer al presidente, primero a la Constitución. Y el deber de la fuerza pública es la protección de los ciudadanos”, dijo el expresidente.

Frente a las declaraciones de Álvaro Uribe, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, respondió por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X, defendiendo su postura sobre el manejo de las manifestaciones sociales.

El mandatario colombiano afirmó que “lo que va contra las instituciones es asesinar al pueblo”.

Uribe calificó como una afirmación grave las declaraciones de Petro, quien, según él, sostuvo que la fuerza pública no podía intervenir y que debía proteger ciertos bienes específicos.

“¿Y qué pasará con los bienes de los demás, los que quedaron fuera de ese discurso? ¿Qué pasará con quienes no están en el grupo protegido? ¿Qué nos toca hacer? Pensemos”, cuestionó el expresidente.

Uribe calificó como una afirmación grave las declaraciones de Petro, quien, según él, sostuvo que la fuerza pública no podía intervenir y que debía proteger ciertos bienes específicos.

En respuesta a las declaraciones de Álvaro Uribe, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que la fuerza pública debe obedecer tanto a la Constitución como al presidente de la República, quien es su comandante en jefe. Además, afirmó que en su gobierno ha ordenado proteger los derechos y libertades de la ciudadanía, los cuales, según sus palabras están claramente consagrados en la Carta Magna. Fuente: Infobae/Presidencia de la República/Foto Reuters)

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El funcionario pidió respaldo popular para el gran paro nacional previsto por las centrales obreras para los días 28 y 29 de mayo próximo.

“Nos quieren regresar a la obscuridad, al pasado, debemos organizar un gran cabildo popular en Urabá con la presencia del presidente Petro” agregó.

A nosotros nos gusta la democracia popular, no la de Gaviria, Uribe, Paloma o Cabal, que el pillo de Cepeda no se equivoque, no crean que porque compran votos y son elegidos tiene un cheque en blanco, ahora vamos a votar por nosotros, tienen pavor, tienen culillo del pueblo” manifestó ministro hablando a estudiantes y obreros en Apartadó.

Les dijo que no se olviden de esos senadores que hundieron la reforma laboral y la consulta popular, el presidente no se arrodilla y volvió a presentar la consulta con cuatro preguntas más sobre temas de salud.

El ministro también dijo que, si el Congreso niega nuevamente la consulta, el presidente la convocará y que por el mes de septiembre los colombianos la estarán votando en las urnas.

“La tacañería y la mezquindad les impide a los empresarios ver la realidad, el año pasado obtuvieron utilidades por 58 billones de pesos, pero niegan 2.000 pesos a los trabajadores por una hora extra, además con la reforma esas ganancias podrían elevarse este año a los 60 billones de pesos, pero el trabajo de bebe ser digno y decente”, concluyó el ministro, añadiendo que “no aceptarán una reforma peluquiada”.

El senador León Fredy Muñoz

Por su parte el senador León Fredy Muñoz Lopera, uno de los legisladores más cercanos al presidente Petro y quien acompañó al ministro de trabajo en su visita a Urabá, vaticinó que la reforma a la salud también será hundida la próxima semana en el Congreso y que por eso el Mandatario añadió cuatro preguntas más a la Consulta Popular.

“Han elaborado una reforma con el empresariado y la derecha de este país, una reforma peliquiada, esta es la gran oportunidad que tenemos de transformar este país, es el momento de los jóvenes, de los sectores populares, de los excluidos, debemos mantener los cabildos populares abiertos por todo el país, que se le permita al pueblo definir su futuro, tenemos que exigirle a ese Congreso miserable y si es necesario iremos a la huelga general” advirtió el senador.

Muñoz Lopera cerró su intervención diciendo el pueblo se tiene que preparar para derrotar en las próximas elecciones en las urnas a quieres hoy le niegan los derechos al pueblo.

Tanto el senador León Fredy Muñoz Lopera como el ministro de trabajo, Antonio Sanguino, llegaron hoy a Urabá para socializar el tema de la Reforma Laboral, el futuro de la Consulta Popular, apoyar los cabildos abiertos y sostener diálogos con diferentes escotes sociales de Urabá.

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El país necesita reformas estructurales en el ámbito social; más allá de si la iniciativa presidencial era o no la correcta para las realidades del mercado laboral contemporáneo, el que se aplace la discusión arriesga el desinterés de la ciudadanía por la política electoral como vía para la solución de controversias públicas.

El hundimiento

El fracaso de la reforma laboral y de la consulta popular constituye un episodio más de las tensiones entre el Gobierno y el Legislativo, especialmente con el Senado, tensiones que no solo marcan un claro escenario de gobierno dividido, una situación extraña para nuestra democracia caracterizada por la inalterable condición de gobiernos de coalición, sino que sin duda marca una confrontación directa entre ambos poderes. 

Pero, a diferencia de otros espacios de confrontación, con la votación y las imágenes de la accidentada sesión ya decantadas, la reflexión en torno a este episodio conduce a considerar un riesgo a largo plazo: la frustración del electorado ante la incapacidad política del Ejecutivo y del Legislativo para dar respuesta a las necesidades del país.

El mandato de las dificultades (autoinfligidas)

Para un gobierno que desde el día uno ha gobernado en un contexto de constantes crisis internas y de confrontación con los demás poderes públicos, con la prensa, los sectores empresariales e incluso, por momentos, con el gobierno de Estados Unidos, un escenario de fracaso de su agenda legislativa, como lo es el hundimiento de la consulta popular, marca a un año largo del fin del período presidencial, sin duda el agotamiento de las posibilidades de dejar un legado simbólico.

De haber iniciado el mandato con una coalición mayoritaria, la relación Ejecutivo- Legislativo ha pasado a estar dominada por una postura categorizable como recalcitrante   desde el Senado a las iniciativas del Gobierno. La última gran victoria del Ejecutivo en el Legislativo, la Reforma al Sistema General de Participaciones, tuvo su origen como iniciativa parlamentaria, lo cual en la práctica es una rareza para un Congreso tradicionalmente reactivo. 

La ruptura de la relación se ha caracterizado por un inusitado y poco institucional lenguaje despectivo del presidente hacia el presidente del Congreso y en general hacia los senadores. Pero también por una también inusitada celebración de los integrantes de la Cámara alta de sus negativas a las iniciativas presidenciales. Ya había ocurrido cuando, sin debate previo, los ponentes de la Comisión séptima prefirieron hundir la Reforma Laboral. 

También el fracaso de la posibilidad de la consulta deja en duda el valor de la incorporación de Armando Benedetti, quien con su llegada provocó un cisma profundo entre el mandatario y el ala de izquierda del gabinete. Si bien la tarea del ministro de Interior a estas alturas del período presidencial resulta compleja, más centrada en las futuras elecciones de 2026, sin duda la consulta era una pieza clave en la movilización electoral, pero por sobre todo en la posibilidad de reconstruir el aura de cambio que movilizó Petro en 2022. 

Por ahora, la figura de Benedetti solo ha resultado en costos políticos. Cuestión que, más allá de las desavenencias que entre la ciudadanía pueda o no generar el ministro, deja en entredicho la capacidad del Ejecutivo por construir sólidos equipos de gabinete y sobre todo, de leer el país político y la función administrativa. 

El problema principal radica en que, a diferencia de otras reformas del Ejecutivo que han fracasado, la Reforma Laboral tuvo un amplio proceso de discusión y concertación pública, de la mano de la capacidad consensual de la exministra Gloria Inés Ramírez, artífice de la mayor victoria del Ejecutivo, la Reforma Pensional, aún pendiente de aprobación por la Corte Constitucional.

Si bien en su momento los gremios expresaron la falta de mayores consensos, el trámite en la Cámara baja permitió la construcción de acuerdos parciales entre partidos políticos, sectores gremiales y el Gobierno. E incluso desde ámbitos multilaterales como la OCDE existieron pronunciamientos a favor del aumento de las garantías laborales en el país.

Con un escenario de este tipo, el que el ministro de Interior no haya logrado en primer lugar impedir el hundimiento de la Reforma en la Comisión séptima del Senado y posteriormente hubiera fracasado en la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre el tema, es una muestra de su falta de capacidad para construir consensos e incluso, para controlar efectivamente a la bancada de gobierno.

La fracasomanía de la oposición

También es importante resaltar la actitud que ha caracterizado a la oposición política, la cual está empeñada en confrontar de manera constante y directa a la Presidencia. Actitud que, si bien es normal y característica de un sano esquema de Gobierno-oposición, tiene como contraparte la falta de un relato sobre 2026. 

Pues más allá de defender una justificada crítica a los problemas de ejecución del Gobierno, a los escándalos de corrupción alrededor de la Presidencia o la falta de formas e incluso confrontaciones directas entre funcionarios del Ejecutivo, no han logrado construir una imagen sobre el proyecto de país deseado y se conforman con hablar un lenguaje fracasómano  sobre el estado de la sociedad colombiana, panorama que, más que llevar a una indignación y evaluación crítica de la ciudadanía al Ejecutivo, puede a largo plazo conducir a un desinterés o frustración del electorado con los procesos político-electorales.

El país necesita reformas estructurales en el ámbito social; más allá de si la iniciativa presidencial era o no la correcta para las realidades del mercado laboral contemporáneo, el que se aplace la discusión de la transformación de las garantías para la clase trabajadora arriesga no un estallido social, como el que cada bando –Gobierno u oposición– teme o añora, sino un destino más grave, el completo desinterés de la ciudadanía por la política electoral como vía para la solución de las controversias públicas.

El riesgo a largo plazo es que recorra el país una dinámica semejante a la del sistema político de Perú, en donde un Legislativo cada vez más distante de la opinión pública sabe que no tiene responsabilidad alguna ante el electorado, a la vez que puede confrontar Presidencias débiles no bajo un principio de “frenos y contrapesos”, sino como medida de negociación bajo presión. Ruta que a la larga ha marcado para aquel país una abismal distancia entre las instituciones político representativas nacionales con la ciudadanía, lo que deja en las evaluaciones de opinión pública recientes tanto al Congreso como la Presidencia con el 2% de aprobación. 

Por ahora, la tarea en demostrar su valía está en el Legislativo, ya que entre el 19 de mayo y el 22 de junio del presente año deberán probar que la agenda no es únicamente el bloqueo sino la capacidad efectiva de tramitar agendas nacionales. Si no ocurre nada y la reforma agoniza de nuevo, el juicio de su acción ya no será compartido con el Ejecutivo sino enteramente propio. 

Si el revivir la Reforma fue asumido por el Legislativo solo como una estrategia para deslegitimar el llamado a consulta popular, será una estrategia de filibusterismo  muy arriesgada pues, aunque legítimas, este tipo de “jugadas” no son comprendidas por la opinión pública, a quien no le interesa el entretejido de la dinámica interna del Legislativo, sino los resultados. 

El problema es que una cosa es ser un Legislativo de bloqueo, y otra, un hacedor de políticas públicas, peor aún, de una reforma que como está moviliza a una parte del electorado, pero tiene la resistencia directa de una gran parte de los financiadores de campañas políticas, y sin la cubierta del Ejecutivo el costo político de la actuación lo deberá asumir cada uno de los y las legisladoras. 

* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

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