La elección de Miguel Polo Rosero como magistrado de la Corte Constitucional marcó un hito en el Senado colombiano este martes, luego de una jornada que estuvo en el centro del debate público. Con 57 votos a favor, Polo Rosero venció a Claudia Dangond, quien obtuvo 47 votos, en un proceso empañado por polémicas y cuestionamientos sobre su transparencia.

La polémica de la papeleta extra

Durante la votación inicial del lunes, apareció una papeleta de más, generando suspicacias entre diversos sectores y forzando a una nueva sesión. Este hecho provocó que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, ordenara medidas adicionales de control en el ingreso a la plenaria del Senado.

Miguel Polo Rosero, tras ser elegido, dirigió un mensaje a los senadores en el que destacó su compromiso con la Constitución: «Quiero hacer una férrea defensa de lo que es la Corte Constitucional y cada uno de sus magistrados… De mi parte no pueden esperar nada distinto a mi sujeción a la Constitución», afirmó.

La influencia del Gobierno

El resultado fue interpretado como un triunfo del Gobierno en el Senado, una cámara que anteriormente le había propiciado varias derrotas importantes al presidente Gustavo Petro. La Casa de Nariño realizó intensas gestiones para que el resultado fuera favorable a Polo Rosero, desplazando las proyecciones iniciales que favorecían a Dangond.

Se presume que Roy Barreras, embajador en Londres y exlíder del Congreso, tuvo un papel clave en esta jugada política. A través de su cuenta de X, Barreras se refirió al proceso diciendo: «La Corte Constitucional es la garante de los Derechos de cada Colombiano. Incluso es el Polo a tierra de las decisiones de las otras ramas del poder».

Los factores decisivos

La votación, que contó con la presencia de 104 senadores, evidenció fracturas internas en algunos partidos. En el Partido Liberal, sectores liderados por César Gaviria apoyaron a Polo Rosero, mientras que los disidentes respaldaron a Dangond. Este desbalance fue crucial en un proceso que, hasta el lunes por la mañana, parecía inclinarse a favor de la abogada conservadora.

Además, la alianza entre partidos como Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático y buena parte de La U no fue suficiente para contrarrestar el trabajo político del Gobierno, que terminó sumando votos de independientes y sectores liberales.

Reacciones al nombramiento

El presidente Gustavo Petro celebró la elección de Polo Rosero en su cuenta de X, describiéndola como «un gran triunfo». Este nombramiento no solo fortalece la presencia del Gobierno en una Corte clave para el país, sino que también marca un cambio en la dinámica de poder dentro del Congreso.

Por otro lado, sectores de la oposición expresaron su descontento, señalando las irregularidades del proceso como un reflejo de las tensiones políticas actuales.

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Santiago Uribe Vélez absuelto de homicidio agravado y concierto para delinquir
En un fallo emitido por el Juzgado Primero Penal de Antioquia, el juez Jaime Herrera Niño absolvió a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión ha generado una respuesta inmediata de la representación de las víctimas, quienes han anunciado su intención de apelar.

Acusaciones iniciales y contexto del caso

En el 2021, Santiago Uribe Vélez fue acusado formalmente por la muerte de Camilo Barrientos, un conductor de bus en Yarumal, Antioquia, presuntamente asesinado como parte de las actividades de “Los doce apóstoles”, un grupo paramilitar que operaba en el norte de Antioquia. Las investigaciones involucraron a Uribe en la creación y participación activa de este grupo en los años 90, en el contexto de una supuesta campaña de lucha contra el crimen y la insurgencia.

La Hacienda La Carolina como base de operaciones

Uno de los testimonios clave en el caso fue el de Jairo Rodríguez Venegas, exagente de la Policía Nacional y antiguo comandante encargado en Yarumal. Según sus declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Hacienda La Carolina, propiedad de Santiago Uribe Vélez y ubicada cerca del corregimiento Llano de Cuivá, servía como base de operaciones para “Los doce apóstoles”. Entre 1993 y 1994, Rodríguez detalló cómo la hacienda era empleada para el entrenamiento y organización de las actividades del grupo paramilitar.

Revelaciones de la JEP sobre «Los doce apóstoles»

La JEP ha revelado importantes hallazgos sobre la estructura y el impacto de “Los doce apóstoles” en el norte de Antioquia. En un informe reciente, se indicó que este grupo fue responsable de al menos 525 homicidios entre los años 1992 y 1996. Entre los nombres señalados como integrantes del grupo, además de Santiago Uribe Vélez, se encuentran otros individuos como Gonzalo Palacios, Pedro Benavides, Juan Carlos Meneses Quintero y Hernán Darío Zapata, quienes participaron en lo que se definió como una campaña de limpieza social.

Objetivo inicial y evolución de «Los doce apóstoles»

Los documentos de la JEP y testimonios de exintegrantes revelaron que el objetivo inicial del grupo era la lucha contra la delincuencia y la contrainsurgencia. No obstante, sus acciones derivaron en una serie de asesinatos que, según las pruebas presentadas, excedieron con creces esa misión inicial. La violencia en las zonas rurales y urbanas de Antioquia se intensificó, lo que llevó a múltiples denuncias sobre abusos y excesos cometidos en nombre de esta “limpieza social”.

Reacción de las víctimas y posible apelación

Tras la decisión judicial, la representación de las víctimas de “Los doce apóstoles” expresó su rechazo y anunció que tomarán acciones legales. Según sus abogados, la absolución de Santiago Uribe no les brinda justicia y consideran que aún existen pruebas relevantes que deberían ser examinadas en instancias superiores. La apelación se ha convertido en un proceso que no solo busca revertir la decisión, sino también garantizar que se dé un reconocimiento formal a las víctimas del grupo.

Implicaciones para el sistema judicial

El fallo en favor de Santiago Uribe Vélez ha planteado preguntas sobre el funcionamiento del sistema judicial colombiano en casos de gran envergadura y relevancia política. Algunos sectores han criticado la absolución, sugiriendo que la influencia política puede jugar un papel en decisiones judiciales de alto perfil. Este caso, al involucrar al hermano de un expresidente, también destaca la importancia de la independencia judicial y la capacidad de las instituciones para abordar temas de derechos humanos y justicia transicional.

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El excanciller Álvaro Leyva Durán se pronunció públicamente tras ser sancionado por la Procuraduría General de la Nación con destitución e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión, que se fundamenta en supuestas irregularidades durante el proceso de licitación para la emisión de pasaportes, ha generado una fuerte respuesta por parte de Leyva, quien acusa a la procuradora Margarita Cabello Blanco de falta de imparcialidad y denuncia un proceso disciplinario viciado. En sus declaraciones, Leyva cuestiona la autonomía de la Procuraduría, asegurando que sus acciones responden a intereses ajenos y presiones políticas.

Sanción y Acusaciones de Falta de Autonomía

Álvaro Leyva fue sancionado tras una investigación de la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello Blanco, en la que se le acusa de haber violado los principios de la contratación estatal. La decisión de declarar desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes habría perjudicado, según la Procuraduría, el interés público. La sanción, impuesta por el procurador de la Sala Ordinaria de Juzgamiento, Jesús Espinosa, incluye inhabilitación por 10 años, acusando a Leyva de actuar con dolo.

En respuesta, Leyva cuestionó abiertamente la independencia de la procuradora Cabello, afirmando que “no es autónoma” y actúa en beneficio de quienes están detrás de ella. Este señalamiento se centra en una supuesta falta de imparcialidad en el proceso disciplinario, que, según el excanciller, estaría influenciado por intereses externos.

Denuncia de Irregularidades en el Proceso

Leyva denuncia que el fallo de la Procuraduría era “previsible”, a pesar de las pruebas contundentes presentadas en su defensa. Según él, la procuradora Cabello habría incurrido en prejuzgamiento, ya que, de manera anticipada, declaró públicamente que el caso tendría un desenlace antes de enero de 2023, un acto que Leyva considera como una prueba de la parcialidad en su contra.

Además, argumenta que la Procuraduría habría excedido sus funciones al pronunciarse sobre la legalidad de actos administrativos, una competencia que corresponde a los jueces contenciosos. Para Leyva, este tipo de actuaciones representan un “precedente peligroso” que afecta la legitimidad de la Procuraduría.

Procedimientos sin Transparencia

El excanciller también señaló que las audiencias de su caso se llevaron a cabo sin acceso al público ni posibilidad de seguimiento en modalidad virtual. Según Leyva, esta falta de acceso vulnera el derecho a la transparencia, recordando la prohibición de la “justicia sin rostro” establecida por la ONU y la Corte Constitucional de Colombia. Esta restricción en la visibilidad de las audiencias es, a su juicio, una señal de irregularidades y una limitación a los derechos fundamentales de los acusados.

Crítica al Proceso de Licitación de Pasaportes

Uno de los puntos más controversiales en la sanción es la licitación para la emisión de pasaportes, proceso que Leyva asegura fue manipulado para beneficiar a un único contratista. El excanciller señala que el diseño de los pliegos de condiciones favorecía a un proveedor específico, eliminando la competencia. Este aspecto del proceso ha sido una de las principales justificaciones de Leyva para declarar desierta la licitación, argumentando que su actuación buscaba asegurar transparencia y adherirse a los principios constitucionales.

Además, menciona que durante el proceso recibió advertencias por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la propia Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en un intento de frenar las irregularidades detectadas. Estos señalamientos, según Leyva, demuestran que su decisión de cancelar la licitación se fundamentó en la legalidad.

La Respuesta de Leyva ante la Sanción

Leyva, en su comunicado, anunció que apelará la decisión de la Procuraduría y, en caso necesario, acudirá a los jueces de la República, a quienes considera como “autónomos e independientes”, en contraste con el proceder de la Procuraduría. Además, subrayó la necesidad de que este organismo retome un rol verdaderamente independiente, alejado de intereses políticos y enfocado en la moralidad pública en Colombia.

Leyva también reiteró su compromiso con las iniciativas de paz en el país, citando su papel en los acuerdos de La Habana y abogando por reformas políticas y sociales que promuevan un “gran acuerdo político nacional”.

Reflexión Final y Futuro del Caso

El caso de Álvaro Leyva plantea una profunda reflexión sobre la independencia y transparencia en los organismos de control en Colombia. Las declaraciones del excanciller, así como sus acusaciones contra la procuradora Cabello, han puesto en el centro del debate la imparcialidad de la Procuraduría y el impacto de posibles intereses políticos en sus decisiones.

Leyva ha sido una figura destacada en el ámbito político y de paz en Colombia, y su sanción, acompañada de las críticas al sistema de licitaciones y la falta de transparencia, podría repercutir en futuros procesos de contratación pública y en la evaluación de la gestión de la Procuraduría.

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La reciente IX Convención Liberal, celebrada entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Cartagena, ha dejado profundas controversias y divisiones dentro del Partido Liberal. La reelección de César Gaviria como presidente de la colectividad ha sido recibida con fuertes críticas desde distintos sectores políticos, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien expresó su preocupación por el rumbo actual del partido. Mientras tanto, figuras de la oposición y otros líderes aprovecharon el evento para enviar mensajes de unidad nacional y resaltar la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas.

Gaviria y Petro: Choque de visiones sobre el futuro del Partido Liberal

En el marco de la convención, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo públicas sus críticas hacia el Partido Liberal, señalando que la reelección de Gaviria y el estado de la colectividad representan «un paso hacia su eventual desaparición». Petro, a través de la red social X, sostuvo que los intereses personales están prevaleciendo sobre el bien común dentro del partido, lo que compromete su relevancia política.
Petro añadió que un gobierno progresista, como el que él encabeza, requiere del respaldo de fuerzas auténticas que representen a la sociedad. «Si el gobierno progresista se apoya en fuerzas dominadas por intereses personales, también corre el riesgo de perecer», puntualizó el mandatario, resaltando la importancia de mantener una alianza política basada en valores colectivos y no en agendas personales.

Muy lamentable. He visto en la izquierda que llegan estas situaciones. Cuando se llega a esto, ya no hay partido, porque se está en luchas de intereses personales que ya no logran poner como prioridad, los intereses de una sociedad, de una parte real de ella o el interés general.…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2024

Críticas de Gaviria al gobierno de Petro

Por su parte, César Gaviria respondió a las declaraciones de Petro con una crítica contundente hacia su administración. Durante su intervención en la convención, Gaviria calificó la gestión del presidente Petro como una de las más débiles de los últimos años, subrayando que su gobierno ha desconocido el orden constitucional y ha fallado en gestionar adecuadamente las problemáticas del país.
Gaviria aseguró que el presidente Petro ha mostrado una incapacidad para resolver las dificultades actuales y que su insistencia en imponer una visión propia «ha desacatado fallos judiciales e irrespetado el Estado de derecho». Estas declaraciones dejaron claro el creciente distanciamiento entre el Partido Liberal y el gobierno, marcando una postura crítica desde la colectividad.

Irregularidades en la elección y denuncias de los convencionistas

La IX Convención Liberal no solo estuvo marcada por las críticas entre líderes, sino también por denuncias sobre supuestas irregularidades en el proceso de votación. Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, señaló que varios votos a favor de la democratización del partido no fueron registrados correctamente. Según Velasco, al menos 30 convencionistas, quienes asistieron al evento con derecho a voz y voto, respaldaban sus propuestas, sin embargo, solo se contabilizaron 11 votos.
Estas declaraciones de Velasco generaron dudas sobre la transparencia del evento y plantearon la posibilidad de un sesgo en el conteo de votos, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la legitimidad del proceso. La controversia sobre el manejo interno de la convención subraya el desafío de mantener la confianza y transparencia dentro del Partido Liberal.

Me hacen llegar declaración de más de 30 convencionistas con voz y voto del @PartidoLiberal , quienes afirman que asistieron a la convención de Cartagena para acompañar mis ideas de democratización de ese partido, y se preguntan en donde están sus votos pues solo aparecen 11 de… pic.twitter.com/uHQB4VoDPG

— Luis Fernando Velasco Chaves (@velascoluisf) November 1, 2024

Paloma Valencia y el mensaje de unidad nacional

Otro momento destacado de la convención fue la presencia de la senadora Paloma Valencia, una figura clave del Centro Democrático y actual precandidata presidencial. Valencia aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de unidad nacional, enfatizando que a los colombianos los unen más cosas de las que los separan. Invitada por el presidente Gaviria, Valencia declaró que su participación tenía un simbolismo especial, y sostuvo que el Partido Liberal está promoviendo un esfuerzo por unir a las diversas fuerzas políticas para afrontar los retos del país.
Valencia subrayó que la unión de las fuerzas políticas ha sido esencial en la historia de Colombia para superar crisis y que este es uno de esos momentos en los que la cooperación puede marcar la diferencia para el desarrollo del país.

Llamado a la defensa de la democracia y la libertad de prensa

La clausura de la convención también contó con la intervención de Efraín Cepeda, presidente del Congreso y miembro del Partido Conservador, quien destacó el papel que los partidos tradicionales deben desempeñar en la defensa de la democracia. Cepeda afirmó que, a pesar de las diferencias entre las colectividades, es fundamental construir puentes para alcanzar lo que Álvaro Gómez Hurtado denominaba «el acuerdo sobre lo fundamental».
Cepeda hizo un llamado para que las colectividades políticas, incluyendo al Partido Liberal, apoyen la libertad de prensa y respalden a los medios de comunicación. El respeto a la independencia de los poderes y la libertad de prensa son esenciales para una democracia saludable, puntualizó Cepeda, agregando que estos principios deben ser defendidos ante cualquier intento de restricción o censura.

Las palabras de Cepeda fueron recibidas con interés y reflejan el consenso entre distintos sectores políticos sobre la importancia de fortalecer los valores democráticos en un contexto de polarización y desafíos institucionales.

Con esta convención, el Partido Liberal se enfrenta a una etapa de reflexión y posibles cambios en su estructura interna y en sus alianzas políticas. La convención de Cartagena dejó en evidencia las divisiones y los retos que enfrenta el partido para mantenerse como una fuerza política relevante en el país.

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La vicepresidenta y ministra de Igualdad de Colombia, Francia Márquez, ha declarado en Cali que no se postulará para la presidencia en 2026, cuando se elija al sucesor del actual presidente Gustavo Petro. Esta afirmación se da en un momento crucial, ya que el gabinete de Petro enfrenta una serie de desafíos significativos en la segunda mitad de su mandato. Márquez subrayó la importancia de cumplir con su responsabilidad actual, asegurando que su prioridad es trabajar en las necesidades del país.

Desafíos en el mandato de Petro

La administración de Gustavo Petro, de la cual forma parte Francia Márquez, se encuentra en un período crítico donde aún quedan “desafíos enormes” por afrontar. En su intervención durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), que culminará el próximo 1 de noviembre, Márquez expresó que su enfoque está en cerrar las brechas de inequidad y lograr una transformación social que beneficie a todos los colombianos.

Según la vicepresidenta, son muchos años de violencia estructural que no se transforman de la noche a la mañana, pero están trabajando para sembrar semillas de cambio en los territorios y en la vida de las personas. La transformación del Estado es fundamental para alcanzar los objetivos planteados, donde la inversión social jugará un papel crucial en la contribución a la equidad y la justicia social.

La importancia de la paz

Uno de los pilares fundamentales en el discurso de Francia Márquez es la búsqueda de la paz en Colombia. La vicepresidenta destacó que cuando se logre erradicar la violencia y el conflicto armado, se abrirán nuevas puertas de oportunidades para el país. Este llamado a la paz se convierte en una necesidad urgente, considerando que la violencia ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la estabilidad en Colombia.

Márquez también hizo hincapié en que el conflicto armado ha tenido impactos devastadores en la biodiversidad del país. Durante la COP16, mencionó que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha considerado al río Cauca y sus comunidades como víctimas de este conflicto, lo que resalta la interconexión entre la paz y la protección del medio ambiente.

Transición hacia una economía sustentable

Francia Márquez aboga por un cambio hacia una economía sustentable, dejando atrás la economía ilegal que ha sido impuesta en muchos territorios. Su discurso en la COP16, con el lema “Paz con la naturaleza”, resalta la necesidad de transformar la economía para que sea capaz de “anidar la vida”, es decir, promover un desarrollo que respete y preserve el entorno natural.

La vicepresidenta enfatizó que es crucial no repetir los hechos de violencia que han afectado a las comunidades. Para ello, instó al Estado a asumir su responsabilidad en la transformación y cambio social que Colombia necesita. Este enfoque no solo busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sino también abordar las causas profundas del conflicto armado y la violencia en el país.

A medida que se acercan las elecciones de 2026, los partidos políticos ya han comenzado a anunciar precandidaturas, mientras que el presidente Petro, que no puede buscar un segundo mandato, no ha hecho declaraciones sobre quién podría ser su sucesor. Francia Márquez, por su parte, desea éxito a quienes aspiren a la presidencia y espera que los elegidos sigan con la política impulsada por el actual Gobierno, enfocada en el cuidado de la vida, la paz y la justicia social.

Legado y futuro de Colombia

Francia Márquez ha manifestado su deseo de dejar un legado que ayude a crear un “país consciente de la necesidad de trabajar de manera articulada” para cerrar las brechas de inequidad y desigualdad. Este legado es esencial para abordar las raíces del conflicto armado que ha afectado a Colombia durante décadas. La vicepresidenta se muestra optimista y comprometida con la transformación del país, esperando que su administración contribuya a un futuro más pacífico y justo para todos los colombianos.

En este contexto, el enfoque de Márquez sobre los temas de equidad, justicia social y sostenibilidad ambiental se alinea con las demandas actuales de la sociedad colombiana. A medida que avanza su mandato, su liderazgo y compromiso serán fundamentales para enfrentar los retos que quedan por delante y para cimentar un futuro donde la paz y la equidad sean una realidad tangible.

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La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) ha generado gran expectativa y controversia en Colombia. La propuesta busca reducir las transferencias de la Nación a municipios y departamentos con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del país y permitir mayor autonomía regional en la distribución de recursos para sectores claves como la salud, educación y saneamiento básico. Sin embargo, la medida ha despertado opiniones encontradas tanto en el Congreso como en el ámbito empresarial, que resaltan la importancia de una transición planificada y técnica para evitar un impacto negativo en las finanzas locales.

Reforma al SGP: ¿Qué cambios propone?

La reforma al SGP, actualmente en su sexto debate, contempla una reducción del porcentaje de ingresos corrientes de la Nación destinados a departamentos, distritos y municipios, pasando de un 46,5% a un 39,5%. El objetivo, según el senador Ariel Ávila, ponente de la iniciativa, es garantizar la sostenibilidad fiscal del país, aunque esto implique una disminución en los fondos asignados desde el gobierno central hacia las entidades territoriales. Esta medida impactaría directamente en la capacidad de los entes locales para gestionar áreas fundamentales.

Autonomía regional: una prioridad para los defensores de la reforma

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha mostrado su respaldo a la idea de fortalecer la autonomía de los municipios y departamentos en cuanto a la gestión de sus recursos. Para él, es necesario que las entidades regionales puedan decidir sobre sus inversiones sin depender del Ministerio de Hacienda en Bogotá. No obstante, Cárdenas advierte que el proyecto actual presenta ciertas limitaciones que podrían crear desafíos fiscales a largo plazo.

Cárdenas propone que el porcentaje de transferencias quede definido en la Constitución, pero sugiere que una ley complementaria regule la distribución de esos recursos, revisándose cada cinco años para ajustar obligaciones y responsabilidades entre los niveles de gobierno. Esta recomendación busca evitar que las finanzas territoriales se vean afectadas por cambios en el contexto económico y garantizar un equilibrio entre los recursos transferidos y las competencias asignadas a cada entidad.

Críticas al proyecto y propuestas alternativas

A pesar del respaldo parcial de algunos sectores, el proyecto ha recibido críticas por el riesgo de reducir los fondos disponibles para los entes locales. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, subrayó que el país ha sido históricamente centralista, lo cual limita el desarrollo regional. Mac Master considera que la reforma es una oportunidad para corregir este problema, siempre y cuando se implemente cuidadosamente.

La necesidad de una transición técnica y planificada

Para Mac Master, la solución radica en un análisis profundo que permita evaluar el impacto económico, político y financiero de la reforma. Señala que, si bien la descentralización es una aspiración importante, adoptar una reforma sin un análisis técnico adecuado podría agravar los problemas de financiación y gestión en los municipios y departamentos. «Lo que debemos hacer ahora es un ejercicio juicioso y nacional, donde se evalúen los recursos necesarios para lograr la autonomía territorial», comentó.

Un llamado a un consenso técnico y responsable

Ante los distintos puntos de vista, tanto el senador Ávila como figuras del ámbito económico han coincidido en la necesidad de establecer un marco fiscal y legal que garantice la viabilidad financiera del proyecto. Este marco debería incluir disposiciones para la distribución y gestión de los recursos transferidos, considerando las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Propuestas para una implementación gradual

La propuesta de Cárdenas de incluir revisiones quinquenales y la necesidad de una ley que regule el aumento progresivo de transferencias ha ganado apoyo, ya que permitiría una adaptación gradual al nuevo sistema de financiamiento. Esta opción asegura que los departamentos y municipios puedan planificar sus presupuestos y obligaciones con mayor claridad, evitando posibles recortes abruptos que afectarían su capacidad operativa en áreas críticas como la salud y la educación.

Un avance en la autonomía territorial, pero con retos fiscales

El proyecto de reforma al SGP representa un paso significativo hacia una mayor autonomía de los entes territoriales en Colombia. Sin embargo, la reducción de las transferencias desde el gobierno central plantea importantes desafíos, en particular para aquellos municipios y departamentos que dependen en gran medida de estos fondos para sus operaciones diarias.

Por tanto, la implementación de esta reforma exige un proceso de transición planificado y sustentado en criterios técnicos. La propuesta de una ley adicional que defina los términos de las transferencias y sus aumentos, junto con revisiones periódicas, podría ser clave para lograr un equilibrio entre la autonomía local y la sostenibilidad fiscal de la Nación. Además, un análisis jurídico, político y financiero exhaustivo ayudaría a garantizar que el proceso sea efectivo y no impacte negativamente las finanzas territoriales.

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Diego Cancino ha sido nombrado como el nuevo director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad pública encargada de gestionar y administrar los bienes incautados al crimen organizado en Colombia. Con una amplia experiencia en el sector público y una sólida formación académica, Cancino enfrenta el desafío de fortalecer la transparencia y eficiencia en el manejo de estos activos para convertirlos en recursos destinados al desarrollo social y económico del país.

El Rol de la SAE en la Lucha Contra el Crimen Organizado

La Sociedad de Activos Especiales, o SAE, es una entidad del Estado colombiano dedicada a la administración y custodia de los bienes incautados al crimen organizado. Su misión es garantizar que estos recursos, que incluyen desde bienes inmuebles hasta activos financieros, se conviertan en un apoyo efectivo para programas de beneficio social y desarrollo en el país. Sin embargo, la SAE enfrenta desafíos importantes, entre los que se destacan la transparencia y la efectividad en la gestión de estos bienes, la cual muchas veces se ve comprometida por procesos burocráticos y limitaciones logísticas.

Con la designación de Diego Cancino como su nuevo director, se espera una gestión más orientada hacia la eficiencia y el impacto social, atendiendo las problemáticas y necesidades de un país que busca redirigir estos bienes hacia iniciativas de paz, cultura y reconstrucción del tejido social.

Experiencia y Trayectoria de Diego Cancino

Diego Cancino es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Desde temprana edad, Cancino ha estado vinculado a la política pública y la pedagogía ciudadana, desarrollando proyectos que buscan fortalecer la cultura ciudadana, la paz y la prevención de la violencia en Colombia. Su trabajo junto a figuras como Antanas Mockus ha sido fundamental en este sentido, liderando iniciativas que han tenido un impacto significativo en la sociedad.

Además de su rol como concejal de Bogotá y ministro del Interior, Cancino ha trabajado junto a importantes figuras del ámbito político, como Ángela María Robledo en el Congreso, donde impulsaron leyes como la Ley 1719, que protege los derechos de las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, y la Ley de Actores, que dignifica el trabajo artístico en el país. Estas experiencias le otorgan a Cancino un enfoque integral en la gestión pública, con un fuerte compromiso hacia la justicia social y la equidad.

Enfoque en la Cultura Ciudadana y el Liderazgo

Parte del éxito de Cancino en el ámbito público ha sido su capacidad para combinar su experiencia académica y política con una visión innovadora sobre la importancia de la cultura ciudadana. Ha sido profesor en universidades como los Andes, Externado y Rosario, donde ha impartido cursos en temas de liderazgo y cultura ciudadana, promoviendo una educación centrada en el respeto y la participación activa de los ciudadanos en el desarrollo de sus comunidades.

En este sentido, se espera que su enfoque en la formación ciudadana y la pedagogía influya positivamente en la dirección de la SAE, no solo en términos de administración de activos, sino también en el fortalecimiento de la entidad como un referente de transparencia y compromiso social.

Retos y Oportunidades de la SAE Bajo el Liderazgo de Cancino

La SAE, bajo la dirección de Diego Cancino, enfrenta retos cruciales en su funcionamiento y gestión, entre los que se destacan:

1. Optimización de Procesos: Uno de los principales desafíos es agilizar los procesos de venta, arrendamiento y mantenimiento de los bienes incautados. La burocracia y los obstáculos administrativos han afectado la efectividad de la SAE en su objetivo de convertir estos bienes en recursos útiles para la sociedad.
2. Transparencia y Confianza Pública: La entidad deberá fortalecer sus mecanismos de transparencia para recuperar la confianza pública. La administración eficiente y ética de los bienes recuperados es esencial para asegurar que estos recursos contribuyan efectivamente al desarrollo social y económico del país.
3. Impacto Social de los Bienes Recuperados: Se espera que Cancino impulse una visión que permita convertir los activos incautados en programas de desarrollo social en áreas necesitadas. La posibilidad de que estos bienes se transformen en viviendas para poblaciones vulnerables, centros comunitarios o recursos para la educación y la cultura representa una oportunidad invaluable para el país.

Proyección a Futuro: La SAE como Motor de Desarrollo Social

La llegada de Diego Cancino a la SAE trae consigo la expectativa de que la entidad no solo gestione eficientemente los bienes recuperados, sino que también se convierta en un motor para el desarrollo social en las regiones más afectadas por la violencia y el crimen organizado. Esta visión de transformar los recursos de actividades ilícitas en programas de paz y desarrollo representa una estrategia que podría marcar un antes y un después en la historia de la SAE.

Cancino ha sido un defensor activo de la construcción de paz en áreas afectadas por el conflicto armado, como Cauca, Caquetá, Putumayo y Montes de María, y se espera que esta experiencia le permita diseñar políticas y proyectos que contribuyan a la reconciliación y al fortalecimiento del tejido social en estas zonas.

Un Enfoque Integral y Ético para la SAE

El nombramiento de Diego Cancino como director de la SAE representa una apuesta por un liderazgo que combina una visión ética con una sólida experiencia en gestión pública y desarrollo social. Con una trayectoria caracterizada por su compromiso con la justicia social y el fortalecimiento de la cultura ciudadana, Cancino tiene la oportunidad de convertir la SAE en una institución modelo en la lucha contra el crimen organizado, promoviendo un enfoque integral y transparente en la administración de los bienes recuperados.

Bajo su liderazgo, la SAE podría consolidarse como un actor clave en la construcción de un país más justo y equitativo, donde los recursos incautados al crimen organizado se transformen en oportunidades de progreso para las comunidades que más lo necesitan. La responsabilidad y los retos que enfrenta Diego Cancino en esta nueva posición son significativos, pero su experiencia y compromiso con el servicio público generan expectativas positivas sobre el futuro de la entidad.

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La polémica en torno al software de espionaje Pegasus, adquirido durante el gobierno de Iván Duque, ha escalado en una investigación que apunta a posibles prácticas de espionaje político y lavado de activos en Colombia. Además de las dudas sobre quién controla y usa actualmente este software, el caso ha puesto en evidencia una presunta red de corrupción que involucra tanto a actores nacionales como internacionales. El uso irregular de Pegasus y su posible financiamiento opaco han provocado una crisis política y judicial, mientras el país espera respuestas sobre su paradero y propósito actual.

Adquisición de Pegasus en Colombia: sospechas y dudas

Durante el gobierno del expresidente Iván Duque, el software de espionaje Pegasus, conocido por su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles, fue adquirido bajo circunstancias poco transparentes. Fuentes de alto nivel han señalado que esta herramienta fue utilizada para espionaje político en Colombia, sin embargo, no existen contratos o registros oficiales que respalden la compra del software. Esto ha llevado a cuestionamientos serios sobre si la transacción involucró lavado de activos o un financiamiento ilegal que habría tenido el objetivo de evitar la llegada de Gustavo Petro a la presidencia.

La falta de documentación contractual ha intensificado las sospechas. El senador Antonio Correa, líder en la investigación del caso, sostiene que NSO Group, la empresa israelí desarrolladora de Pegasus, pudo haber sido engañada sobre el origen del dinero empleado en la transacción. Correa señala que no se usaron fondos públicos en esta adquisición, sino que, supuestamente, provino de empresarios y contratistas con intereses específicos en el contexto político de Colombia.

Espionaje político: el alcance de Pegasus en América Latina

El caso Pegasus no es exclusivo de Colombia. En países como México, El Salvador y Panamá, este software ha sido utilizado con fines políticos y de espionaje, generando múltiples denuncias internacionales. En México, por ejemplo, Pegasus fue empleado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a políticos de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos. Casos similares se han reportado en El Salvador, donde se señala que el presidente Nayib Bukele empleó Pegasus para vigilar a periodistas y críticos de su administración, específicamente al equipo de investigación del medio El Faro.

Panamá también es parte de la lista de países en los que Pegasus ha sido utilizado en prácticas de espionaje, y actualmente se han identificado a tres colombianos implicados en la estructura de venta de este software en territorio panameño. La presunta relación de Colombia con una red de corrupción transnacional amplifica las preocupaciones sobre el uso indebido de Pegasus en la región, conectando diversos escándalos de espionaje con una estructura de comercialización ilegal de tecnologías de vigilancia.

Debate de control político: la urgencia de una investigación en profundidad

El senador Correa ha convocado a un debate de control político en el Congreso de Colombia para esclarecer el paradero y uso actual de Pegasus en el país. Correa ha solicitado la comparecencia de la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares para que den explicaciones sobre la compra y la posible utilización del software en operativos de espionaje interno.

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, ha afirmado que Pegasus fue utilizado para espiar a opositores y activistas durante el Paro Nacional de 2021. Sin embargo, no se han encontrado pruebas concluyentes sobre quién posee el control del software hoy en día, lo que aumenta las sospechas de que sigue operando bajo una estructura irregular.

Redes de corrupción y posibles implicaciones democráticas

Más allá del espionaje político, las investigaciones señalan una sofisticada red de corrupción que involucra a instituciones del Estado colombiano, incluyendo la posible participación de la Policía de narcóticos. Según se informa, fondos desconocidos y vuelos con grandes cantidades de dinero fueron empleados para encubrir esta operación, utilizando instalaciones militares para evitar el escrutinio público. La falta de transparencia y la implicación de fuerzas de seguridad estatales sugieren una trama profunda de corrupción con fines políticos y económicos.

Líderes políticos y analistas coinciden en que este tipo de prácticas representan una amenaza directa para la democracia en Colombia. La presunta utilización de Pegasus para vigilar a ciudadanos y opositores afecta las libertades civiles y puede derivar en una crisis de derechos humanos si no se toman medidas contundentes.

Escenarios posibles: la importancia de respuestas claras

Este caso plantea dos grandes preguntas que aún no tienen respuesta: ¿dónde está actualmente el software Pegasus y quién está utilizándolo? Estas interrogantes, además de la ausencia de transparencia en la adquisición y manejo del software, han generado una crisis de confianza en las instituciones y han llevado a una serie de investigaciones en el Congreso.

La resolución de estos interrogantes será crucial para determinar si el uso de Pegasus se limitó a un caso de espionaje político irregular o si estamos ante una red de corrupción más amplia, con ramificaciones profundas y peligrosas para la institucionalidad del país. Las decisiones que se tomen al respecto serán fundamentales para proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos en Colombia.

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En un nuevo golpe para la colectividad que fundó el presidente Gustavo Petro, 18 de sus miembros presentaron su renuncia en una carta enviada al Consejo Nacional Electoral (CNE). En el documento, los firmantes no solo anunciaron su salida de Colombia Humana, sino también la creación de un nuevo partido, argumentando profundas diferencias éticas y políticas con la actual dirección de la colectividad.

Renuncia masiva de miembros clave

La carta, firmada por Elda Sorel Restrepo, Jaime Arzayus, Luis Eduardo Malagón Vélez, entre otros, expresa una fuerte crítica hacia la situación interna de Colombia Humana. Los exmiembros acusan al partido de haber sido tomado hostilmente por un sector de la bancada parlamentaria, lo que habría llevado a la colectividad a una crisis interna. Según los firmantes, este grupo ha desviado los principios originales del partido, convirtiéndolo en una organización «anacrónica e ineficiente», alejada de los valores que promueve.

Este grupo, que jugó un papel importante en el crecimiento del partido tras las elecciones de 2018, recalca en su misiva que la dirección actual niega por completo la esencia de lo que Colombia Humana representa, exponiendo al partido a las maniobras de la derecha y a organismos politizados como el CNE.

Crítica a la dirección actual

La misiva refleja el malestar de un sector que se siente traicionado por las decisiones y la gestión de los líderes actuales. «No podemos quedarnos en este proyecto», afirman los firmantes, quienes consideran que el partido ha caído bajo la influencia de intereses minúsculos. Para ellos, el proyecto político que iniciaron bajo la figura de Gustavo Petro ha sido distorsionado, y la falta de coherencia ética dentro de la colectividad ha llevado a una profunda crisis de identidad.

Este grupo asegura que su renuncia no es una rendición, sino un llamado a un debate profundo que ponga de nuevo sobre la mesa los principios éticos y políticos que deberían guiar a Colombia Humana. Los exmiembros critican que la dirección actual ha olvidado la solidaridad y el respeto a la democracia, valores que consideran esenciales para la transformación social que el partido prometió.

Creación de un nuevo partido

Tras su salida de Colombia Humana, los 18 exmiembros han anunciado su intención de formar una nueva colectividad política. Este nuevo proyecto se presentará como una alternativa fiel a los principios progresistas que inspiraron la creación de Colombia Humana, pero que, según ellos, ya no se reflejan en el partido actual.

Este grupo planea prepararse para competir en las elecciones legislativas de 2026. Para ello, han anunciado que iniciarán una gran conversación nacional, con el objetivo de consolidar una nueva fuerza política capaz de representar los intereses del pueblo colombiano sin caer en las prácticas de la «politiquería tradicional», a la que critican duramente.

Rechazo a la politiquería tradicional

En su carta, los exmiembros de Colombia Humana hacen una clara distinción entre su proyecto y las prácticas de la política tradicional. «Ahí les queda su partido pintado», afirman, en alusión a la Colombia Humana actual, a la que consideran presa de intereses mezquinos y distanciada de las verdaderas necesidades de la población.

Este grupo rechaza cualquier vínculo con la política tradicional, asegurando que su renuncia es una decisión ética y política que busca rescatar los ideales de transformación y justicia social que alguna vez guió a la colectividad.

Un debate que no termina

Para los 18 exmiembros, su salida de Colombia Humana no significa el fin de su lucha política. Por el contrario, afirman que seguirán impulsando un debate necesario sobre la ética, la democracia y la justicia social. Este debate, que según ellos fue silenciado dentro de la colectividad, ahora lo llevarán a un nuevo escenario político que representará sus ideales.

Con su renuncia, este grupo busca iniciar una nueva etapa en la política colombiana, enfocada en la defensa de los derechos del pueblo y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Aunque reconocen que su decisión puede acarrear sanciones, expulsiones o vetos, insisten en que este es un paso necesario por el bien de la democracia y el respeto a los principios que alguna vez guiaron a Colombia Humana.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha instruido a todas las entidades del Estado a que suministren información relacionada con la compra del software de espionaje Pegasus a la Fiscalía General de la Nación. La directriz presidencial se da tras la publicación de un informe de Señal Investigativa, en el que se detallan los vuelos y transacciones involucradas en la adquisición de este polémico software, utilizado para espiar a la oposición y a líderes juveniles en el país.

Petro denuncia espionaje y lavado de activos

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Petro confirmó la existencia de dos vuelos israelíes que llegaron a Bogotá, transportando dinero en efectivo utilizado para la compra de Pegasus. Estos vuelos aterrizaron en los hangares de la Policía Nacional, y según Petro, los pagos fueron realizados en dólares, lo que sugiere un procedimiento clandestino. El presidente ha descrito esta operación como un «Watergate monumental con lavado de activos incluido», destacando la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.

Efectivamente dos aviones israelíes vinieron a Colombia, y despegaron con rumbo a Tel Aviv , en los días que según el informe de la agencia de inteligencia israelí sobre lavado de activos dijo que se habían llevado los pagos en efectivo y en dólares para comprar el software… https://t.co/X00WiseneK

— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 21, 2024

La ruta de los aviones

El primer vuelo involucrado, un bombardier Challenger M-ABGG, salió de Tel Aviv el 25 de junio de 2021 y aterrizó en Bogotá tras hacer escalas en las islas Canarias y en Isla Margarita, Venezuela. La aeronave permaneció en el aeropuerto El Dorado durante 21 horas antes de despegar hacia Tel Aviv. Poco después de este vuelo, el Banco de Israel reportó una transacción de 5.5 millones de dólares, confirmando así la primera parte del pago por el software Pegasus. Amir Sade, piloto del avión y experto en ciberseguridad, fue señalado por liderar la operación.

El segundo vuelo, un jet privado T7CPX, llegó a Bogotá el 18 de septiembre de 2021, con una escala en Santo Domingo. Al igual que el vuelo anterior, el jet transportó dinero para completar la transacción de Pegasus. El piloto de este vuelo, Yaniv Hait, también está vinculado a empresas de tecnología militar, lo que resalta la participación de actores clave en la industria militar israelí.

El uso de Pegasus en Colombia

Petro ha denunciado que el software Pegasus fue utilizado en Colombia para espiar a la oposición política y a líderes juveniles populares durante más de seis meses. Estas revelaciones sugieren un uso del software con fines políticos, violando los derechos fundamentales de varios sectores de la población. El presidente ha insistido en la necesidad de identificar a las personas involucradas en los vuelos y transacciones que permitieron la compra del software.

La respuesta del gobierno de Iván Duque

El gobierno del expresidente Iván Duque ha negado repetidamente la adquisición de Pegasus, pero los documentos revelados por Señal Investigativa y las transacciones bancarias contradicen estas afirmaciones. A pesar de las negativas, las pruebas presentadas indican que las autoridades de esa administración estuvieron directamente involucradas en la compra.

Petro también mencionó que los medios de comunicación del «establecimiento» intentaron desacreditar su denuncia, pero reafirmó que la información sobre los vuelos y la adquisición de Pegasus es verídica y está respaldada por documentos oficiales.

El papel de la Policía Nacional

El presidente Petro ha solicitado a la Policía Nacional que conserve todos los registros relacionados con la llegada de los vuelos, incluidos los datos de los pasajeros y tripulantes. Además, Petro recordó que tiene la facultad de desclasificar información secreta si considera que la seguridad nacional o los derechos humanos están en juego. La medida tiene como objetivo garantizar que todos los detalles relevantes sobre la compra de Pegasus sean investigados y se mantengan disponibles para la Fiscalía.

Futuras investigaciones

Uno de los puntos clave pendientes, según el presidente, es identificar públicamente a las personas que estuvieron involucradas en los vuelos y su relación con la compra del software. Petro ha subrayado que la investigación debe continuar hasta que se aclaren todas las circunstancias alrededor de este caso de espionaje y lavado de activos.

Este caso no solo tiene implicaciones a nivel nacional, sino también a nivel internacional, dada la participación de empresas y pilotos vinculados a la industria militar israelí. Se espera que la Fiscalía avance en las investigaciones, con base en la información que las entidades del Estado han sido instruidas a entregar.

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