Fallo contra Chiquita Brands valioso pero insuficiente
Los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense.
Helber A. Noguera Sánchez*/Análisis de la Noticia/Razón Pública/El Pregonero del Darién
Las 4 caras del fallo
El fallo judicial contra la multinacional bananera Chiquita Brands International, Inc. es valioso en tanto establece la responsabilidad civil de la empresa por haber financiado a grupos paramilitares en el Urabá. Es insuficiente porque apenas responde a las demandas de justicia de nueve familias, que lograron acceder a la administración de justicia estadounidense.
Además, es excepcional porque representa un porcentaje exiguo de las víctimas de los crímenes perpetuados por los paramilitares, realizados gracias a la financiación de la empresa.
Finalmente, es lejano en tanto es un fallo judicial proferido fuera de Colombia – como sucede con otros muchos casos (Vbr. Corte Interamericana de Derechos Humanos) -, que determina la responsabilidad de empresas en el financiamiento de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra líderes sociales, campesinos, indígenas y civiles, así como otras violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares.
El fallo
Los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense.
Después de 17 años de litigio en EEUU y las múltiples estrategias de la empresa para desestimar los cargos, la justicia civil estadounidense estableció, mediante fallo judicial, que la multinacional pagó 1,7 millones de dólares al paramilitarismo, entre 1997 y 2004.
Estableció que los pagos no eran “por protección” sino en el marco de una colaboración periódica conocida por los directivos de la empresa estadounidense. Los fiscales federales llegaron a expresar en el juicio que Chiquita Brands obtuvo USD 49,4 millones de beneficios de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004.
Este fallo ordenó el pago de indemnizaciones de entre 2 y 2,7 millones, beneficiando a ocho de las nueve familias demandantes, que por ahora no recibirán el pago en tanto la empresa anunció la apelación de la decisión. No obstante, se esperan fallos similares en casos a juzgar en el devenir. Son cientos las familias demandantes contra la misma empresa en EE.UU.
El fallo no debería ser sorpresivo
No es menester ir hasta la masacre de las bananeras para soportar la relación de algunas empresas con las graves violaciones a los DDHH. El caso de Chiquita Brands (antigua United Fruit Company) no es excepcional.
La lista es muy larga. Solamente en lo que tiene que ver con el proceso especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) hubo más 17 mil compulsas de copias a la fiscalía general de la Nación, donde apenas tienen abiertas 2.300 investigaciones por las versiones de los paramilitares sobre las alianzas con empresas en todo el país.
En 2007, la empresa bananera fue investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y admitió ante un tribunal federal haber pagado 1,7 millones de dólares a las AUC, alegando que fue para proteger a sus trabajadores. Las autoridades estadounidenses le impusieron una multa de 25 millones de dólares, pero este dinero no fue destinado a las víctimas.
Además de los procesos judiciales en Colombia y EEUU, son sendas las investigaciones académicas, denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de las comunidades y víctimas que han documentado las alianzas entre empresas bananeras y palmicultoras – entre otras – con el paramilitarismo en Urabá y otras regiones del país.
Un texto hito es “La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política”, escrito por Mauricio Romero Vidal y publicado por Editorial Debate en 2011. Más recientemente también han aparecido los informes de organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
¿Y qué pasa con la justicia en Colombia?
En particular, frente a Chiquita Brands en materia penal, en Colombia se avanza muy lentamente en el juicio contra diez exdirectivos de C.I. Banadex, Banadex S.A. y Banacol S.A.
Los representantes de las víctimas han expresado su preocupación por el alto riesgo de presentarse prescripciones a la acción penal que deriven en la impunidad de los casos. Respecto de directivos de otras empresas vinculadas con los hechos, los avances en las investigaciones son etéreos.
Se espera que, con ocasión de la renovación y despolitización en la fiscalía general de la Nación, se avance con casos igualmente graves, como aquellos contra multinacionales como la Drummond, Coca-Cola, empresas palmicultoras, ganaderas, reforestadoras y de la industria extractiva; estos últimos, principales opositores en los procesos de restitución de tierras.
Como se mencionó supra, la Fiscalía debe impulsar las investigaciones con ocasión de las compulsas de copias de Justicia y Paz recaudando material probatorio y llevando a los jueces las acusaciones contra directivos, determinadores y máximos responsables.
En el marco de la justicia transicional penal, la JEP tiene competencia respecto de terceros cuando estos acuden de manera voluntaria. No obstante, en el marco del macrocaso 04, de la situación territorial de Urabá, el avance no se concreta en decisiones de fondo.
“La decisión contra Chiquita Brands exhorta en la necesidad de avanzar y movilizar la adopción del tratado vinculante sobre empresas y DDHH que se debate en la sede de la Organización de la Naciones Unidas”
A pesar del caudal probatorio recolectado y analizado, los representantes de las víctimas expresan ausencia de aportes y compromisos de los comparecientes voluntarios y de los integrantes de la fuerza pública y ausencia de decisiones de la magistratura para activar el régimen de condicionalidad o compulsar copias a la justicia ordinaria, entre otras.
Por otra parte, no son pocas las demandas contra el Estado vía contencioso administrativo que se encuentran pendientes de fallo en el Consejo de Estado. Ello, a pesar de las décadas de espera de las víctimas para que se declare la responsabilidad de la administración por acción u omisión y se ordene la reparación integral a su favor.
Para Colombia, la decisión contra Chiquita Brands exhorta en la necesidad de avanzar y movilizar la adopción del tratado vinculante sobre empresas y DDHH que se debate en la sede de la Organización de la Naciones Unidas; y también, vía legislativa y reglamentaria, incorporar en la normatividad interna sus contenidos.
Además, el fallo implica y exhorta a las empresas a reconocer su responsabilidad en escenarios judiciales y extrajudiciales; expresar sus alianzas con funcionarios públicos, altos mandos militares y redes de apoyo transnacional; a revertir los actos y negocios jurídicos que se beneficiaron de apoyos y colaboraciones con grupos armados; a reparar a las víctimas de manera integral, abandonando prácticas en el litigio dilatorias y desgastantes; y potencializar su credibilidad en los mercados a partir de la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Por último, a pesar de que el fallo se circunscribe a hechos del pasado, el país no debe perder de vista la situación de Urabá hoy, con una paz por seguir construyendo con un movimiento social, campesino y étnico que se mantiene en la reivindicación de sus derechos territoriales. Además, hay que tener en cuenta la presencia y accionar del llamado Clan de Golfo – grupo armado sucesor del paramilitarismo – y los ejercicios de exploración con el Gobierno Nacional, en el marco de la política de paz total.
“El fallo contra Chiquita Brands por haber financiado el paramilitarismo tiene un poder simbólico valioso, pero es insuficiente, excepcional y lejano”
* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Santo Tomás en materia de justicia transicional y agraria.
