Investigación millonaria: Olmedo López y González bajo la lupa

Viernes, 28 de junio de 2024

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación contra los exdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López y Eduardo José González, por presuntas irregularidades en la ejecución de obras destinadas a la reconstrucción de Mocoa, cuyo monto asciende a $185 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Este proceso ha captado la atención pública debido a la magnitud de los recursos involucrados y las posibles consecuencias para los responsables.

Investigación por irregularidades en la reconstrucción de Mocoa

La Unidad para la Gestión del Riesgo, encargada de mitigar desastres y coordinar acciones de respuesta ante emergencias, enfrenta un escándalo significativo. El Ministerio Público, tras un exhaustivo seguimiento, ha detectado posibles irregularidades en la ejecución de un paquete de 18 contratos, parte del Plan de Acción Específico presentado por la alcaldía de Mocoa en 2021 bajo un decreto de calamidad pública.

La Procuraduría abrió investigación contra los ex directores de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López y Eduardo José González, por presuntas irregularidades en la ejecución de varias obras para la reconstrucción de Mocoa. La inversión supera 185 mil millones de pesos pic.twitter.com/tu4iFjwzcr

— RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 28, 2024

Presuntos retrasos y deficiencias técnicas

Durante la fase de preinversión, se encontraron deficiencias en estudios, diseños y presupuestos en cuatro de las 18 obras, lo que retrasó considerablemente el inicio de los trabajos. Estas fallas iniciales se extendieron a la fase de ejecución, donde se identificaron posibles irregularidades técnicas que no fueron debidamente consideradas, poniendo en riesgo la infraestructura existente. Adicionalmente, se realizaron construcciones en áreas ambientales sin los permisos correspondientes y trámites ambientales fuera de tiempo, lo que agravó la situación.

Recursos destinados a actividades no relacionadas

Una de las irregularidades más destacadas es la destinación de recursos para actividades ajenas a los proyectos de reconstrucción. Entre estas actividades se incluye un viaje a San Andrés y Providencia por ocho días, cuyo objetivo era supervisar las actividades desarrolladas tras el huracán Iota. También se detectó una supuesta asesoría en temas ambientales para la reconstrucción de Mocoa, lo cual ha levantado sospechas sobre el uso adecuado de los fondos destinados.

Documentación y avances solicitados

La Procuraduría ha solicitado la copia de los 17 contratos de obra e interventoría suscritos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de los dos contratos firmados para el viaje a San Andrés y la asesoría en temas ambientales. Estos documentos deben incluir los certificados de disponibilidad presupuestal y los soportes de ejecución correspondientes. Asimismo, se ha pedido una certificación actualizada sobre el avance real de las diferentes obras contratadas para reducir y mitigar el riesgo en Mocoa.

Enfoque en altos funcionarios

La investigación no se limita solo a los exdirectores López y González, sino que también involucra a otros altos funcionarios de la Gestión del Riesgo. Esta amplia red de involucrados subraya la gravedad y el alcance del posible mal manejo de recursos públicos.

Responsabilidad fiscal en proceso

Este caso se suma a un proceso de responsabilidad fiscal abierto previamente por la Contraloría General de la República, que involucra más de $24 mil millones de pesos en presuntas irregularidades desde el año 2019. Este contexto amplifica la preocupación sobre la gestión de los fondos destinados a emergencias y reconstrucción en Colombia.

Implicaciones y expectativas

La apertura de esta investigación representa un paso importante en la lucha contra la corrupción y la mala gestión de recursos públicos en el país. La ciudadanía y las autoridades esperan que se aclaren los hechos y se tomen las medidas necesarias para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos destinados a la atención de desastres. La Procuraduría General de la Nación continúa recopilando pruebas y testimonios para avanzar en este proceso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Conclusión

Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control en la ejecución de recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la gestión de riesgos y emergencias. La investigación en curso promete esclarecer las irregularidades detectadas y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.