Fiscalía confirma compra del software Pegasus, pero desconoce su paradero en Colombia

28 de octubre de 2024

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, confirmó que el país realizó una transacción de 11 millones de dólares para adquirir el software de vigilancia Pegasus. No obstante, la Fiscalía aún desconoce quién tiene en su poder la herramienta y con qué fin se adquirió. Las declaraciones de Camargo en una entrevista reciente revelan la preocupación en torno a una tecnología que, a pesar de su costo elevado y su potencial de monitoreo, no ha sido rastreada en ninguna de las entidades oficiales hasta la fecha.

Confirman compra, pero persisten interrogantes sobre Pegasus

La fiscal Luz Adriana Camargo fue clara en sus declaraciones al ratificar que la adquisición de Pegasus se llevó a cabo en 2021, respaldada por documentos oficiales provenientes de Israel. Estos documentos indican que la transacción se realizó mediante dos pagos de 5,5 millones de dólares en diferentes momentos del año, sumando un total de 11 millones de dólares, cancelados directamente a NSO Group, la empresa israelí creadora de Pegasus.

Camargo detalló que, aunque la compra está documentada, no se tiene certeza sobre quién autorizó la adquisición ni el propósito específico de este software en Colombia. Esta falta de claridad se da en medio de una ruptura diplomática con Israel, lo cual añade complejidad a las gestiones para obtener información adicional directamente de la empresa.

La investigación y los posibles implicados

La Fiscalía ha puesto en marcha un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias en las que se realizó la compra del software Pegasus. Este esfuerzo se ha enfocado en determinar si exfuncionarios del gobierno de Iván Duque o integrantes de la Fuerza Pública tuvieron alguna responsabilidad en la adquisición de esta herramienta, que ha sido objeto de controversia mundial por su uso potencial en espionaje.

Entre los investigados se encuentran el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, y el exviceministro Jairo García, quienes han sido entrevistados en el marco de esta pesquisa. A través de estas indagaciones, la Fiscalía busca determinar si algún ente del Estado colombiano tiene actualmente en su poder el software Pegasus y si hubo alguna autorización oficial para su uso en actividades de inteligencia o interceptación.

Ausencia de rastros en entidades oficiales

Uno de los aspectos más sorprendentes revelados por Camargo es que, hasta el momento, no se ha encontrado evidencia de que el software Pegasus esté en poder de ninguna entidad estatal. La fiscal ha confirmado que, tras realizar múltiples pesquisas y entrevistas, no se ha detectado su presencia en la Fiscalía General, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía ni el Ministerio de Defensa.

La fiscal aclaró que, en caso de estar en posesión de alguna entidad oficial, el uso del software debería estar sujeto a estrictas regulaciones legales, en vista de que la Fiscalía no tiene licencia para operar Pegasus ni la intención de instalar plataformas de interceptación no autorizadas.

Impacto de la ruptura diplomática con Israel

El proceso de investigación también se ha visto afectado por la situación diplomática actual entre Colombia e Israel, un hecho que complica la comunicación directa con NSO Group. La Fiscalía está evaluando la posibilidad de establecer otros canales de comunicación con la empresa, aunque la ruptura de relaciones diplomáticas ha entorpecido la colaboración en este sentido.

Camargo explicó que este obstáculo impide un acceso expedito a información relevante sobre el software, sus características y, posiblemente, el uso que podría haberse planeado en el país. La situación ha generado un clima de incertidumbre sobre el verdadero propósito de la adquisición y su implementación en Colombia.

Transparencia en la Fiscalía

En sus declaraciones, Luz Adriana Camargo enfatizó que la Fiscalía ha llevado este caso con la mayor transparencia posible, resaltando que la entidad no tiene interés alguno en utilizar herramientas de interceptación ilegal. Aseguró que, de hecho, la Fiscalía se limita al uso de plataformas de interceptación legales y autorizadas, las cuales están diseñadas para operar bajo el marco regulatorio colombiano.

“Sería bastante curioso tener una sala de interceptaciones ilegales”, declaró Camargo, dejando claro que la investigación se desarrolla bajo un compromiso firme de transparencia y ética. Este enfoque es fundamental para disipar las inquietudes sobre la posible existencia de una infraestructura ilegal de vigilancia en el país.

La fiscal finalizó indicando que se continúa indagando exhaustivamente sobre el destino y posesión actual del software Pegasus, así como sobre las circunstancias que rodearon su compra, en aras de esclarecer si se violaron o no los protocolos de seguridad y privacidad que rigen las actividades de inteligencia en Colombia.