La JEP ordena indagaciones a políticos por señalamientos de alias ‘Otoniel’ sobre paramilitarismo

24 de octubre de 2024

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha ordenado iniciar investigaciones sobre un grupo de exsenadores, exgobernadores y militares, quienes fueron señalados de tener presuntos vínculos con paramilitares por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, exlíder del Clan del Golfo. Este desarrollo surge tras el testimonio que ‘Otoniel’ entregó a la JEP desde una cárcel en Estados Unidos, en el que proporcionó una lista de 63 colaboradores de estos grupos ilegales.

‘Otoniel’, extraditado a Estados Unidos, reveló información crucial que ha llevado a la JEP a compulsar copias para que las autoridades competentes inicien investigaciones contra varios funcionarios de alto perfil en Colombia, algunos de los cuales ocupan cargos públicos desde hace décadas.

Señalamientos de ‘Otoniel’ y el papel de la JEP

El testimonio de Dairo Antonio Úsuga, conocido como uno de los líderes más poderosos del crimen organizado en Colombia, ha sido clave para la apertura de estas investigaciones. ‘Otoniel’ mencionó a políticos y exfuncionarios de distintas regiones del país que, según él, colaboraron directa o indirectamente con el Clan del Golfo y otras organizaciones paramilitares.

Entre los nombres más relevantes que figuran en esta lista se encuentran:

• Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, acusado de haber ordenado el asesinato de su rival político, el congresista Octavio Sarmiento.
• Milton Rodríguez, exrepresentante a la Cámara por Cundinamarca, señalado de haber recibido financiamiento de los paramilitares del Casanare.
• Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador, quien presuntamente obtuvo apoyo de grupos paramilitares a cambio de respaldo político.

Investigaciones se expanden a nivel regional

Las investigaciones no solo se centran en excongresistas y exgobernadores. La JEP ha extendido su análisis a otros funcionarios locales y regionales, cuyos presuntos nexos con paramilitares son ahora objeto de escrutinio.

Uno de los casos más destacados es el de Andrés Rueda Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Casanare, vinculado al Bloque Centauros, uno de los grupos paramilitares más violentos de la región. Además, Rueda participó en la campaña presidencial de Iván Duque en 2018, lo que añade un ángulo político a esta investigación.

Asimismo, Sergio Manuel Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, está acusado de haber utilizado su cargo para realizar contratos que favorecían a los paramilitares. La investigación también abarca a Oscar Raúl Iván Flores, diputado de Casanare, y se extiende a toda la Asamblea Departamental de Casanare durante el período 2000-2003.

La cúpula militar también bajo la lupa

La JEP ha decidido investigar a Alfredo Iván Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, Arauca, así como a la cúpula de la Brigada 18 del Ejército que estuvo al mando entre los años 2000 y 2006. Estos altos mandos militares son investigados por su posible colaboración con paramilitares durante el conflicto armado en esta región del país, conocida por la presencia activa de grupos ilegales.

Este tipo de relaciones entre el poder político y militar y los grupos armados ilegales no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero el testimonio de ‘Otoniel’ proporciona nuevas evidencias que podrían transformar el curso de las investigaciones que ya llevan años en curso.

Implicaciones de esta investigación para el país

La decisión de la JEP de investigar estos nexos políticos tiene graves implicaciones para la justicia transicional y para el futuro de la reconciliación en Colombia. Estos vínculos con el Clan del Golfo y otros grupos paramilitares reflejan la complejidad de la violencia en el país y su profunda conexión con actores políticos y militares de alto rango.

La cooperación de ‘Otoniel’ con las autoridades colombianas marca un punto de inflexión en la lucha por esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y sus implicaciones políticas. La justicia transicional enfrenta el reto de llegar a la verdad, sin importar cuán incómoda sea, y procesar a aquellos que contribuyeron a perpetuar la violencia desde dentro del sistema.

El futuro de la JEP y el camino hacia la verdad

Con estos nuevos hallazgos, la JEP se enfrenta al desafío de procesar la información entregada por ‘Otoniel’ y de coordinar con la justicia ordinaria para que las investigaciones avancen sin contratiempos. Este proceso también es fundamental para asegurar que se esclarezcan las relaciones entre el poder político y los grupos paramilitares, un tema que ha afectado la legitimidad de muchas instituciones en Colombia.

Este caso será clave para definir el futuro de la paz en el país, y su desenlace tendrá un impacto significativo en cómo se percibe la lucha contra la impunidad. La participación de figuras políticas y militares de alto nivel en actos criminales demuestra que el conflicto armado colombiano no solo se ha librado en el campo de batalla, sino también en los corredores del poder.