El país que recibió nuevo Mindefensa

Jorge Andrés Baquero Monroy*Análisis de la Noticia /Razón Pública/El Pregonero del Darién

El legado de Velázquez

El nuevo ministro de defensa, el general Pedro Arnulfo Sánchez, será el encargado de manejar la seguridad y la defensa de un país perturbado por la violencia. No es fácil saber si Sánchez tendrá éxito, pero este artículo resume el panorama actual del orden público en Colombia, que debería determinar la hoja de ruta del nuevo ministro. 

Hace unos días salió del gabinete el titular de esta cartera desde el comienzo del gobierno Petro, el abogado Iván Velázquez Gómez; su nombramiento y su retiro posiblemente fueron decisiones acertadas y también desacertadas en cada uno de los respectivos momentos.  

Me explico. La trayectoria de lucha de Velázquez para identificar y desarticular las alianzas entre actores estatales y grupos criminales habría sido la razón para ser designado por el presidente en este ministerio en 2022. Velázquez obtuvo estas credenciales, en orden sucesivo, al luchar contra los herederos de “Los Pepes” en Antioquia, al perseguir legalmente a los financiadores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, al exhibir los acuerdos entre políticos de todos los niveles con el paramilitarismo, y finalmente al develar las alianzas criminales con el Estado en Guatemala, en un caso que internacionalmente se conoció como “la línea”. 

Pero ninguna de las acciones anteriores había tenido relación con su gran falla como ministro —la que seguramente condujo a su retiro—: la muy difícil situación de orden público que hoy padece Colombia. Gran parte de su fracaso se debió a la gestión descartada de la “paz total”, que no dejó operar con solvencia a las Fuerzas Militares.

Aunque suene irónico, Velázquez sale por la puerta de atrás y de manera tal vez injusta, porque deja un país incendiado, aunque Petro no lo puso allí para pacificar el territorio. Tan solo el paso del tiempo nos dirá si Velázquez logró hacer una purga en las Fuerzas Militares, y sí dejó un ministerio mucho más desarticulado con las redes criminales. 

Tres grupos criminales que mandan en el campo

La situación actual de orden público es crítica. Tres grandes organizaciones criminales (el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC) extienden su dominio sobre el país rural, y ellas —junto con varias otras— tienen presencia e incidencia en las ciudades grandes y medianas. 

El Clan del Golfo. Los señores de la guerra con más presencia territorial y mayor pie de fuerza son el Clan de Golfo o Autodefensas Campesinas de Colombia, una organización que actúa como sombrilla de numerosos grupos criminales dedicados al secuestro, la extorsión, la gestión de oficinas de cobro, la obtención de rentas derivadas de la minería ilegal y el tráfico de cocaína, venta de armas, cobro por tránsito de migrantes, lavado de dinero y captura de contratación pública. 

Esta manera de operar pragmática y a través de las alianzas criminales, ha permitido que el Clan del Golfo tenga presencia mayoritaria en la macrorregión norte del país, un total de 320 municipios, algunos con una importancia económica y criminal de primer nivel, como Barranquilla, Medellín y el sur de Bogotá. 

Aunque la información es bastante difusa, algunos informes de inteligencia del Estado señalan que el “Clan del golfo” tiene 5.000 integrantes.                   

El ELN. La segunda organización con más presencia y control territorial es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que en la actualidad utiliza su mito fundacional para sustentar su discurso político y sus acciones bélicas. 

En teoría esta guerrilla es dirigida por el Comando Central (COCE), pero su complejidad operativa implica un alto grado de atomización. Por ejemplo, hasta hace poco el gobierno negociaba con Eliécer Olinto Chamorro (alias “Antonio García”) e Israel Ramírez Pineda (alias “Pablo Beltrán”), pero uno de los comandantes más fuertes del ELN es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (alias “Pablito”), quien desde hace mucho tiempo se encuentra por fuera del proceso de la “Paz total”.

El ELN se financia de manera totalmente pragmática, sobre la base de la minería y los cultivos ilícitos, como también, en muchos lugares, con el cobro de extorsiones al mototaxismo, los préstamos “gota a gota”, la prostitución o la tala de bosques. Actualmente el ELN cuenta con 6.000 integrantes, buena parte de los cuales se encuentra en territorio venezolano. 

El ELN tiene presencia en poco menos de 230 municipios, y sus zonas históricas de control territorial (el Catatumbo, el sur de Córdoba y Bolívar, el Chocó, Arauca y Casanare) se han extendido a Boyacá, Cauca, Nariño, y Valle del Cauca. Los territorios que domina el ELN tienen los combustibles para continuar la guerra, es decir, las rentas ilegales, de manera que su desalojo de esas zonas sería una tarea de gran complejidad. 

Las disidencias de las FARC. La tercera organización con más presencia y control territorial son las disidencias del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. 

Las disidencias sin embargo se encuentran divididas en dos grandes líneas: la que se autodenomina el Estado Mayor Central (EMC), que en principio respondía a las órdenes de Iván Losada (alias “Iván Mordisco”) y, la “Segunda Marquetalia” que se anunció el 29 de agosto de 2019 bajo las órdenes de Luciano Marín (alias “Iván Márquez”). Más todavía: esas dos entidades hoy se encuentran internamente fragmentadas. 

 – En el caso del EMC, existen cuatro líneas de mando: el “Comando Conjunto Central”, que opera en Arauca y Casanare; el “Bloque Occidental Jacobo Arenas” que opera en Cauca, Nariño, y Valle del Cauca; el “Bloque Jorge Suárez Briceño y Suroriental” que opera en la macrorregión sur de Colombia, es decir, Meta, Huila, Caquetá y Putumayo; y finalmente el “Bloque Magdalena Medio” que opera en Antioquia, Cesar, Bolívar, Córdoba y la región del Catatumbo. Las líneas de mando responden a cuatro lealtades diferentes: uno, las de alias “Iván Mordisco”, dos, las de Alexander Díaz (alias “Calarcá”), tres, las de Javier Alfonso Veloza (alias “John Mechas”), muy cercanas a “Calarcá”, y cuatro, una línea de mando que en ocasiones parece independiente del resto del EMC, pues responde exclusivamente a comandancias locales. 

– En el caso de la “Segunda Marquetalia” existen tres grupos independientes. Por un lado, la nave nodriza de Iván Márquez, donde él es reconocido como máximo líder. Esta organización opera en Huila, Caquetá, Guainía y Vichada. Por otro lado, se encuentra la “Coordinadora Guerrillera del Pacífico” al mando de Walter Mendoza, con incidencia en los departamentos de Cauca y Nariño. Finalmente se encuentra la línea de los “Comandos de Frontera” que opera en Amazonas, Putumayo, Caquetá y Huila, a las órdenes del comandante recientemente capturado por el CTI de la fiscalía, Giovanni Andrés Rojas (alias “Arana”).   

El EMC tiene presencia y control sobre poco más de 200 municipios, y la “Segunda Marquetalia” se extiende sobre casi 70 municipios. Aunque el nivel de violencia en estos municipios es elevado, el panorama es más crítico en lugares de disputa entre ambas organizaciones, por ejemplo, en las zonas del Cauca disputadas entre el Frente Carlos Patiño del EMC y la Columna móvil Libardo García de la “Segunda Marquetalia”. 

Los informes de la Dirección Nacional de Inteligencia señalan que la Segunda Marquetalia cuenta con poco más de 1.700 integrantes, mientras que el Estado Mayor Central cuenta con entre 3.000 y 3.500 efectivos. Pero estas cifras tienen muchos subregistros debidos a la dificultad de las agencias estatales para ingresar a los lugares donde las disidencias tienen control territorial. 

Violencia organizada en las ciudades 

Finalmente tenemos la miríada de organizaciones armadas que se encuentran en los sectores urbanos. Entre los más importantes de estos “combos” del crimen se cuentan los del del Valle de Aburrá (norte de Antioquia), “Los Costeños” y “Los Rastrojos Costeños” (Barranquilla), el “Tren de Aragua” (Cúcuta y Medellín), el Clan del Golfo (Medellín y sur de Bogotá), “La Oficina” y “MAGO” (Tuluá), “Shottas” y “Espartanos” (Buenaventura), grupos urbanos del ELN, “Revolución Cabí”, “Fuerzas Armadas RPS”, “Los locos Yam” y “Los Zetas” (Quibdó).

El número de combatientes de estos combos o grupos criminales es muy difícil de establecer, pero las cifras de años anteriores sobre los centenares de acciones violentas en cada una de las ciudades donde operan daban cuenta de su presencia. 

Una buena noticia. En el 2023 estas cifras han disminuido a sus mínimos. Por tanto cabría decir que las mesas de diálogo en el marco de la “paz total” han logrado bajar radicalmente los índices de violencia en las ciudades, pues la disputa de los territorios se ha detenido.

A pesar de lo anterior, en las ciudades han aumentado considerablemente las rentas vinculadas al microtráfico y la extorsión. Los alcaldes de Medellín, Bogotá, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura nunca pudieron hacerles frente de manera exitosa — y tampoco lo hizo el saliente ministro de Defensa—. 

Guerras entre organizaciones criminales

Las experiencias de las guerras entre limpios y comunes de los años cincuenta, las guerras entre el EPL, las FARC y el ELN en los años noventa, y la anarquía criminal en el Cauca entre 2015 y 2018, nos demuestran que las guerras entre grupos armados ilegales destruyen el tejido social del territorio, demoran varios años y se degradan de manera pronunciada. 

La guerra actual en la región del Catatumbo lleva poco más de un mes y ya ha dejado casi 80.000 desplazados, 115.000 personas afectadas por los confinamientos, poco menos de un centenar de civiles asesinados, decenas de guerrilleros desmovilizados ante el riego de muerte inminente, y— según algunas fuentes— 150 hombres y mujeres pertenecientes al Frente 33 de las FARC han muerto a manos del ELN.

Lo que está ocurriendo en el Catatumbo no es nuevo. Lo mismo sucedió recientemente en los departamentos del Chocó, Guaviare, Cauca, Nariño, en regiones como la Sierra Nevada de Santa Martha y las fronteras con Ecuador y Venezuela. 

Estas disputas entre señores de la guerra se reactivan periódicamente, y frente a ello la acción del Estado es débil. Ejemplos de lo anterior fueron el último paro armado en el Chocó, los atentados de Villa del Rosario en Norte de Santander, y la violencia indiscriminada del ELN en el departamento del Cauca. 

Actualmente las regiones con más riesgo de iniciar guerras entre organizaciones criminales similares a la del Catatumbo son: el norte de Antioquia por cuenta del Clan del Golfo, el EMC y la “Segunda Marquetalia”; entre Bolívar, Cesar y la Sierra Nevada de Santa Marta por cuenta de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra versus el Clan del Golfo; y la región antes controlada por alias “Arana”, es decir, Putumayo, sur del Huila y parte del Caquetá, pues allí se puede desarrollar una disputa por parte de los mandos fieles a “Arana”, el EMC y los que se deslindan del mando de “Araña”. 

En consecuencia, es posible que en los siguientes meses estos fenómenos agraven la crisis humanitaria y el estado de inseguridad del país. 

Dos conclusiones 

En primer lugar, es muy posible que la gestión del nuevo ministro Sánchez sea bien recibida por la opinión: si logra contener al crimen será el gran héroe, y si no hace mucho por la seguridad la gente tampoco extrañará a Velázquez. Sánchez habría sido la continuación de un gobierno que permitió o agravó la expansión de una ola criminal que además ya había comenzado bajo el gobierno de Iván Duque. 

En segundo lugar, para el país “casi” no quedan salidas, y ese “casi” lo pongo entre comillas, porque el proceso de “paz total” iniciado en virtud de la Ley 2372 de 2022 ha sido desbordado por el estado crítico de inseguridad en muchos territorios, el número y capacidad de las organizaciones criminales. Como decía Diego León Hoyos en un célebre personaje de antaño, “en esta casa vamos a necesitar un milagro”.

*Magíster en Administración Pública, licenciado en Ciencias Sociales, y miembro del grupo de investigación Redes de la ESAP (Colombia). jorgebaqueromon@hotmail.com