Cayó licencia de hidroeléctrica
Exigían la devolución de la licencia y una indemnización de 16 mil millones de pesos por los perjuicios, pretensiones que el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió en el año 2016.
Un fallo del Consejo de Estado respaldó el actuar legítimo de las instituciones públicas para garantizar la sostenibilidad ambiental en el territorio nacional y libró a la nación de pagar una indemnización de 16 mil millones de pesos al rechazar una demanda que pedía anular una decisión de la Corporación Autónoma de Antioquia (Corantioquia) que negó la licencia al proyecto hidroeléctrico de río Frío.
La Sección Primera del alto tribunal anuló una sentencia inicial del Tribunal Administrativo de Antioquia, que condenaba a la nación al hacerla responsable por la revocatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto Generación de Energía Hidroeléctrica, Riego y Acueducto del río Frío, que pretendía construir una central a filo de agua en el municipio de Támesis (Antioquia), confirmó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
Los demandantes exigieron la devolución de la licencia y una indemnización de 16 mil millones de pesos por los perjuicios causados, pretensiones que el Tribunal Administrativo de Antioquia concedió en el año 2016.
La Agencia, en su intervención, comprobó que la revocatoria de la licencia ambiental se basó en estudios técnicos actualizados, que demostraban la insuficiencia del caudal del río Frío para soportar el proyecto en los términos propuestos. Así mismo, explicó que la actuación de la autoridad ambiental fue legal, objetiva y sustentada en la normativa vigente.
El alto tribunal halló razón en los apelantes y comprobó que la licencia ambiental es una herramienta de carácter preventivo y adaptable, que puede ser modificada o revocada si existen nuevas evidencias que comprometan la sostenibilidad del entorno. Por tanto, no existía un daño antijurídico ni una relación directa entre la actuación administrativa y los perjuicios reclamados, lo cual impide declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.
