Corte Constitucional frena contratación directa de vías con Juntas de Acción Comunal
La Corte argumentó que el decreto otorgaba a las organizaciones sociales capacidad jurídica para contratar con el Estado, lo que va más allá de las facultades extraordinarias del presidente bajo la Constitución.
8 de octubre de, 2024
La Corte Constitucional de Colombia ha dado un golpe significativo a una de las iniciativas más ambiciosas del gobierno del presidente Gustavo Petro, al declarar inexequible el Decreto 1961 de 2023. Este decreto permitía la contratación directa para la construcción y mejora de vías terciarias con comunidades indígenas, campesinas y las Juntas de Acción Comunal (JAC), entre otras organizaciones sociales. Con esta decisión, el plan de empoderar a estas comunidades en la ejecución de obras de infraestructura ha sido detenido.
La decisión de la Corte Constitucional
El fallo de la Corte fue unánime, aunque los magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Antonio José Lizarazo aclararon su voto en ciertos puntos del decreto. La Corte concluyó que el presidente Petro se extralimitó en sus funciones, al modificar el régimen de contratación estatal más allá de lo permitido por el artículo 368 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Este artículo daba pautas para la construcción de vías regionales, pero no para cambiar las reglas de contratación, otorgando capacidad jurídica a organizaciones sociales para contratar directamente con el Estado.
Implicaciones del fallo
Según el tribunal, la modificación que proponía el decreto alteraba el sistema de contratación vigente, lo que requeriría ajustes legislativos que no podían hacerse mediante un decreto presidencial. La Corte resaltó la necesidad de que el mandatario se mantenga dentro de las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, y que no sobrepase los límites en cuanto a los poderes de contratación estatal.
La defensa de Petro
A pesar de este revés, el presidente Gustavo Petro defendió su propuesta de contratación directa, argumentando que hacía más transparente el proceso y empoderaba a las comunidades para gestionar obras públicas esenciales. Petro ha propuesto que las JAC y otras organizaciones sociales desempeñen un papel más activo en la ejecución de proyectos clave, como la pavimentación de vías, la gestión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), e incluso la generación de energía y la instalación de internet de fibra óptica.
La apuesta de Petro por la economía popular
El objetivo del presidente ha sido transformar a las Juntas de Acción Comunal en gestoras de obras millonarias como parte de su enfoque hacia la economía popular. Esta estrategia se basa en la participación activa de las comunidades en la ejecución de proyectos que beneficien a sus propios territorios. Un ejemplo de esta visión se dio en Sincelejo, donde los vecinos del barrio La Independencia pavimentaron una calle de 275 metros, marcando un precedente de lo que Petro pretendía replicar a nivel nacional.
Un futuro incierto para las JAC
Con la anulación del Decreto 1961 de 2023, el futuro de la participación de las Juntas de Acción Comunal en proyectos de infraestructura y otros servicios queda en duda. Aunque Petro ha prometido continuar buscando vías para empoderar a las comunidades, el fallo de la Corte limita significativamente sus opciones. Ahora, se requerirá una nueva estrategia legislativa que permita avanzar en la construcción de vías terciarias y otros proyectos, sin caer en la misma controversia jurídica.
El presidente Petro enfrenta un desafío complejo: ¿cómo impulsar su agenda de economía popular sin vulnerar los límites constitucionales?
