12 de agosto de 2024
El exgobernador de Santander, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, se encuentra en el ojo del huracán tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por delitos relacionados con la celebración irregular de contratos con el canal público de televisión regional TRO. Las acusaciones incluyen peculado por apropiación en favor de terceros agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, delitos que no fueron aceptados por el exmandatario.
La investigación del caso Aguilar Hurtado
Convenios sospechosos por más de 8.500 millones de pesos
Según la investigación llevada a cabo por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Aguilar Hurtado estaría involucrado en el direccionamiento de dos convenios interadministrativos, suscritos entre la gobernación de Santander y el canal público TRO. Estos contratos, firmados el 11 de septiembre de 2020 y el 18 de mayo de 2021, suman un valor total de 8.593 millones de pesos y tenían como objetivo posicionar la imagen institucional bajo la campaña «Siempre Santander».
Irregularidades en la contratación
El proceso investigativo ha revelado que, en la celebración de estos contratos, se incurrió en múltiples irregularidades. Entre las anomalías destacadas se encuentra la ausencia de necesidad para contratar, ya que la iniciativa surgió de una propuesta hecha por el propio canal TRO, sin que se realizaran los necesarios estudios de mercado para evaluar los costos de cuñas, piezas y espacios publicitarios.
Además, no se contó con un plan de medios que justificara la contratación ni se establecieron los impactos que se pretendían alcanzar con las campañas publicitarias. A esto se suma la omisión en la publicación del trámite contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), lo cual contraviene las normativas vigentes en materia de contratación pública en Colombia.
Recursos desaprovechados y daño patrimonial
Personal y medios de la gobernación subutilizados
Otro punto crítico en la investigación es que, para el momento de los hechos, la gobernación de Santander contaba con profesionales en distintas disciplinas comunicativas y periodistas que estaban capacitados para ejecutar el objeto del contrato. Estos recursos humanos, junto con las plataformas digitales propias de la gobernación, como la página web, comunicados de prensa y redes sociales, habrían sido suficientes para llevar a cabo la difusión institucional sin necesidad de contratar a terceros.
Detrimento patrimonial de más de 3.600 millones de pesos
Las irregularidades en la contratación han generado un deterioro patrimonial significativo para el departamento, que según las investigaciones alcanza los 3.644 millones de pesos. Esta situación no solo refleja la gravedad de los hechos, sino que también subraya la importancia de la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos legales en la administración pública.
Siguientes pasos y posibles consecuencias
Proceso judicial en curso
El proceso judicial en contra de Aguilar Hurtado continúa, con la Fiscalía presentando pruebas que podrían comprometer aún más la situación legal del exgobernador. Aunque los cargos no han sido aceptados por el imputado, la evidencia recaudada hasta ahora indica un panorama complejo para su defensa.
Impacto en la imagen institucional
Este caso no solo afecta al exgobernador, sino que también pone en tela de juicio la gestión administrativa del departamento de Santander durante su mandato. La falta de transparencia y las irregularidades detectadas en los procesos contractuales pueden tener repercusiones a largo plazo en la confianza pública y en la imagen institucional de la gobernación.
