El abogado del Grupo Prisa

Luis Alfonso Ossa B./Opinión/El Pregonero del Darién

Como nos gustaría conocer la opinión del Dr. Mauricio Gaona, hoy contratista del Grupo Prisa  y convertido por tanto en su jurista de cabecera, respecto a lo planteado acá  en su columna, que transcribimos, por el Profesor de la Universidad de Antioquia, Heberto Tapias García, dado que el Dr. Gaona, quien parece haber sido contratado  para ayudar a «hacer fuerza»  u oposición que llamamos, contra la iniciativa de una Asamblea Constituyente de iniciativa popular, tarea que desarrollará seguramente  enredando  con su alambicado y elitista discurso jurídico  la validez de la iniciativa nacida y eventualmente respaldada en las urnas por las mayorías populares

La trampa de la institucionalidad: cuando la democracia se convierte en privilegio

Heberto Tapias García *

La defensa de la institucionalidad se presenta frecuentemente como el último bastión de la democracia. Sin embargo, en manos de ciertas élites, este principio se convierte en un fetiche: un símbolo vacío que distorsiona su significado original para proteger intereses establecidos.

 Cuando ciertos «expertos juristas» se aferran a la independencia de poderes para deslegitimar mecanismos de participación como las consultas populares o las asambleas constituyentes, no solo evidencian una visión amañada de la democracia, sino que ejecutan una estrategia cuidadosamente diseñada para preservar el statu quo.

Montesquieu, al concebir la separación de poderes, buscaba evitar la concentración absoluta del poder y prevenir la tiranía. En ningún caso podemos pensar que pretendía erigir muros jurídicos frente a la voluntad popular. No obstante, en Colombia esta idea ha sido secuestrada por sectores que recurren a este principio para bloquear transformaciones políticas que cuentan con respaldo ciudadano, mientras toleran la captura institucional ejercida por el poder económico.

La paradoja colombiana es evidente: una élite que se autoproclama defensora de la institucionalidad bloquea reformas populares, pero tolera —y a veces promueve— la intromisión de actores privados en las estructuras del Estado. Así, la independencia de poderes se convierte, en la práctica, en una dependencia encubierta de intereses corporativos. El Legislativo se pliega a los intereses de multinacionales, mientras el Judicial actúa con inusitada celeridad solo cuando se trata de neutralizar a quienes desafían el orden establecido. Paralelamente, los casos de corrupción que involucran a las élites económicas se archivan, se diluyen o simplemente no avanzan.

Aquí surge la pregunta crucial que la sociedad colombiana debe hacerse: ¿independencia frente a quién? ¿Frente al pueblo soberano o frente a los poderes económicos que financian campañas, redactan leyes y manipulan decisiones desde las sombras?

El caso de Luis Carlos Sarmiento Ángulo resulta particularmente revelador. No solo es el banquero más poderoso del país, dueño de una porción significativa del sistema financiero y de influyentes medios de comunicación, sino que ha financiado partidos políticos, campañas de congresistas, alcaldes, gobernadores y presidentes. Además, ha reconocido públicamente haber redactado artículos de leyes tributarias y financieras que luego fueron incorporados sin mayor discusión en el Congreso. ¿Qué tipo de democracia permite que un solo actor tenga tanto poder normativo sin haber sido elegido por nadie? ¿Esa es la independencia que tanto proclaman y defienden como inviolable los expertos constitucionalistas?

La cercanía de Sarmiento con los gobiernos fue transversal: desde César Gaviria hasta Iván Duque, ha sido interlocutor privilegiado del poder, logrando influir en decisiones estructurales sobre política fiscal, bancaria y de infraestructura. El escándalo de Odebrecht-Corficolombiana —que evidenció la manipulación de la adjudicación de la Ruta del Sol II— expuso cómo su grupo empresarial operaba en las sombras del Estado. Sin embargo, mientras en Brasil y Perú los implicados fueron juzgados con rigor, en Colombia los procesos se diluyeron en tecnicismos, omisiones y lentitudes convenientes. El nombre de Sarmiento fue protegido por todas las instancias del sistema: la Fiscalía, la Superintendencia y hasta el periodismo que su conglomerado controla. ¿Actuaron estas instituciones con independencia?

La resistencia actual a una Constituyente o a cualquier mecanismo de participación directa en Colombia no es, entonces, un debate jurídico desinteresado, sino una expresión del miedo visceral de las élites a una redistribución del poder. Este temor se manifiesta en la tecnocratización del debate: se convierten decisiones políticas en temas «técnicos» o «inconstitucionales», enterrando el debate público en una maraña de argumentos jurídicos especializados diseñados para excluir a la ciudadanía común.

Así se despolitizan sistemáticamente los privilegios acumulados durante décadas, presentándolos como resultado natural del mérito en lugar de reconocerlos como producto de estructuras de poder históricas. Esta estrategia oculta una realidad: que la democracia meramente procedimental —limitada al ritual electoral cada cuatro años— resulta insuficiente. Necesitamos una democracia auténtica, verdaderamente deliberativa, con espacios permanentes de construcción de consensos donde el poder popular se materialice en cambios sustantivos de redistribución efectiva y justicia social concreta.

Mientras tanto, una minoría que se autoproclama «ilustrada» y bien conectada se presenta como garante de la institucionalidad, cuando en realidad opera como filtro elitista que neutraliza las demandas populares más transformadoras y preserva el statu quo. ¿Podemos seguir llamando democrático a un sistema donde las mayorías son bloqueadas sistemáticamente por una minoría blindada con poder económico, legal y mediático? ¿Es mera coincidencia que la independencia de poderes se invoque con mayor fervor justo cuando emergen propuestas de cambio estructural?

Esta contradicción deja al descubierto la naturaleza de un sistema concebido para preservar equilibrios formales, pero estructuralmente incapaz de corregir los desequilibrios sociales más profundos. Cuando la institucionalidad no se subordina genuinamente al interés popular, se convierte en un dispositivo de tutela que infantiliza a la ciudadanía y sofoca su autonomía política. En lugar de ser garante del bien común, el Estado se degrada a mero administrador de lo existente y protector de los intereses privados que dominan el orden social.

Por esta razón, el verdadero desafío histórico consiste en construir una institucionalidad democrática que no tema al cambio ni al pueblo. Una institucionalidad que no se arrodille ante los banqueros ni legisle para proteger rentas privadas. En este sentido, la Asamblea Constituyente no es una amenaza, sino una oportunidad histórica para redefinir las reglas del juego desde abajo, con participación, pluralismo y justicia.

De lo contrario, tendremos una «democratura»: una fachada electoral donde el pueblo puede votar, pero no puede decidir. Un régimen que protege fortunas y bloquea derechos. Un Estado que, en nombre de la estabilidad, se vuelve cada vez más funcional a la desigualdad.

El momento exige valentía política, claridad moral y voluntad popular. La democracia no es la conservación de las formas: es la conquista del poder colectivo para transformar la vida. No hay que temer a las aspiraciones del pueblo soberano.»

Profesor de la Universidad de Antioquia*

El pulmón de Montería

“Montería tendrá su pulmón verde listo en 22 meses: Parque de las Lagunas arranca en enero”

Qué forma más eficiente de hacer rendir los dineros públicos viene dándose en la administración pública en la ciudad de Montería.

Allí donde antes reinaba la incertidumbre en la culminación de cualquier obra pública hoy vemos una ciudad produciendo a diario noticias de nuevos emprendimientos en la infraestructura pública que inducen de manera envidiable el desarrollo urbano terminando aportándole a la ciudad nuevos y atractivos factores de competitividad que se transforman en fuerte para el capital inversionista.

El cambio de Petro

“El cambio de Petro no va a ser un puente ni una carretera. Es lo que ha traído, un cambio de formas, de estilo, de que puede gobernar gente distinta a las élites. Y ese no es un legado menor”. El País de España

No es un legado menor es cierto ,pero sin la posibilidad de poderlo recordar en otro gobierno que por lo menos le sea afín, no pasará de ser un elemento de nostalgia que nos endilgue cada día, eso sí,  los innumerables errores cometidos, partiendo de la incapacidad de habernos conformado en una fuerza política monolítica que pudiera  haber asumido la dirección política del programa del cambio que propusimos  y que nos hubiera  permitido a su vez relevar a Petro de  un libre albedrío que terminó negando la toma de decisiones  de manera colectiva y también lo que hubiera sido  a su vez garantía de construir, todavía desde el uso del poder, el camino que nos permitiera mantener en el 2026  lo conseguido en las urnas hace tres años.

Peñaloza canalla

El país no recuerda que este Sr tan beligerante contra Petro haya dicho algo cuando Álvaro Uribe a punta de trapisondas y corruptelas comprobadas y por las cuales sus cómplices si pagaron, hubiera dicho una sola palabra contra las ambiciones reeleccionistas de Uribe.

Dígale al país por qué esa doble moral canalla y oportunista

 Dr. Peñaloza!!! Tenga la entereza moral para diferenciar entre lo que Uribe hizo quedándose 8 años en el poder destruyendo el sistema de pesos y contrapesos y lo que usted apenas si presume quiere hacer Petro pero que no tiene prueba alguna.

La seguridad de su manido discurso contra Petro solo se la da el respaldo de unos medios corporativos que le amplifican, como idiota útil que hace rato es, sus mentiras y cuanta

canallada se inventa contra el Gobierno del Cambio

Amenaza gringa

«Senador Bernie Moreno lanzó fuerte advertencia por “politización” del juicio contra Álvaro Uribe: “Es un camino muy peligroso”

¿Dónde están las voces altisonantes de las Cortes, unidas a la del presidente del Senado Efraín Cepeda y todo ese séquito de corifeos que vienen endilgándole al presidente Petro un permanente irrespeto a la independencia de los poderes?  Por qué guardan silencio ahora cuando de manera atrevida un extranjero, senador de los E.U abiertamente interfiere de manera insolente y atrevida con la justicia colombiana?

Pánico económico

“Barbosa contra Gobierno Petro: «Esperando el saqueo de las bóvedas del BanRep”

Declaraciones tan temerariamente generadoras de desconfianza en la opinión pública por el grado  calumnioso y el Pánico Económico que ellas implican,  deberían ser investigadas de oficio por la Fiscalía General  de la Nación, apresurándole al Sr. Barbosa por lo menos el expediente que determine si incurrió  o no  en Pánico Económico, puesto que son las arcas del Banco de La República las que este Sr. ha puesto en duda de ser robadas  por el Gobierno del Cambio, legítimamente elegido por mayorías nacionales.