¿Directrices para el gobierno o buenas prácticas para periodistas?

Análisis de la noticia/ Mario Morales*/Razón Pública/ El Pregonero del Darién

El reto comunicacional del gobierno Petro:

La directiva podría parecer un exceso por suficiente ilustración si no fuera por los hechos que ponen en riesgo al periodismo, para enfocarse en vigilar lo prometido.

Contra periodistas en vísperas de elecciones

Ya estamos en temporada preelectoral. La cascada de directrices emanadas del gobierno Petro en días recientes revela dos estrategias:

el endurecimiento discursivo para mantener el —por ahora— disminuido apoyo popular;

el énfasis en relatos que exhortan emociones negativas para enfrentar reformas, investigaciones, escándalos y discusiones.

Las 33 directrices de la fiscal Camargo para proteger la protesta pacífica, las orientaciones dadas a los 1500 medios comunitarios reunidos en Armenia, los llamados para ambientar las asambleas y movilizaciones sociales de esta semana y la directiva presidencial para la interacción de funcionarios públicos con periodistas: todas indican que el gobierno ahora le apunta al lenguaje directo y confrontacional; a la reunión y unidad de sus bases, y a tamizar adhesiones y adeptos para recuperar la opinión pública y apuntalar la estrategia para los próximos veinte meses de campaña electoral —que ya palpita a fuego lento—

Lineamientos de relación con la prensa

El cambio más sensible es la concentración en el manejo emocional del relato de Petro en redes sociales, de sus seguidores y de los contenidos que pasan por los sistemas de medios públicos.

Ahora se ha concentrado en azuzar emociones básicas como el miedo, la indignación y la frustración; lo condimenta con temas que nacen y se marchitan, como el de la socorrida constituyente, y se renuevan en la coyuntura, como el “golpe blando”. A la vez, mantienen ocupados a la oposición y a acérrimos críticos mediáticos.

Por esto, acontecimientos que apuntan a emociones positivas y esperanzadoras —como los once lineamientos para relacionarse con la prensa nacional— tienden a diluirse porque esa comunicación política recurre a la crudeza y el instinto. La directiva podría parecer un exceso por suficiente ilustración si no fuera por los hechos que ponen en riesgo al periodismo, para enfocarse en vigilar lo prometido —junto con el cumplimiento de la constitución, leyes y normas—, en términos de participación, pluralismo y diversidad.

Era necesario

Pero, Colombia es de tradición santanderista: ama la retórica y la prosodia; si algo no está escrito y repetido hasta la saciedad, no existe.  La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avaló que se construyera una directiva sobre la relación con los periodistas.

Esas indicaciones y recomendaciones refuerzan el pedido a gritos de la sociedad para que haya debates con altura y que se atengan a elementos básicos de respeto y ética: evitar la estigmatización y la discriminación de periodistas, los lenguajes de odio o las instigaciones a la violencia con la excusa de la libertad de expresión. Además, reaviva el reclamo permanente por el acceso a información verificada, no contaminada y oportuna, de modo que se facilite el papel fiscalizador de la prensa y su mandato de entregar información para que los ciudadanos tomen decisiones informadas.

A esto se suman quejas, denuncias y reclamos en informes sobre la libertad de expresión:

no debe obstaculizarse el trabajo periodístico de control social; hay que garantizar el escrutinio de la función pública; es necesario abstenerse de ejercer poder e influencia pública para censurar ideas, opiniones o información sobre las autoridades o los funcionarios.

La FLIP publicó uno de los informes más relevantes. Cuenta 120 periodistas agredidos por funcionarios públicos el año pasado y pueden ser más este año: hasta ahora registra 90 casos, así como 51 estigmatizaciones.

Lo que falta

Desde el presidente hacia abajo, el actual gobierno contraviene el ambiente de respeto, diálogo y tolerancia hacia todas las opiniones. Una cosa es que haya un desequilibrio informativo en algunos medios y periodistas —o quienes quieren parecerlo- por sesgos, intereses personales, activismos o ramplona ignorancia, y otra cosa que el gobierno generalice, simplifique y, por ende, ofenda al gremio y sus audiencias.

Quienes detentan el poder tienen el derecho y la obligación de aclarar desinformaciones, mentiras o calumnias; pero esa labor debe ser proporcionada, respetuosa y siguiendo las instancias de ley. Probar inconsistencias o construcciones periodísticas falaces o injuriosas debe ser una tarea distanciada de la ideología y la propaganda política; pero, sobre todo, no se debe personalizar ni ser una excusa para victimizarse. Esto deteriora el debate y la calidad informativa.

El gobierno falla en el llamado a un libre intercambio de ideas, información y opiniones. Los medios públicos son un lamentable ejemplo de ello: cerrados en cumplir como sea su proyecto político, se han alejado del interés público, de su misión institucional y del desafío de ser medios ciudadanos. Hoy se confunden con medios alternativos, partiendo de dicotomías partidistas y untados de moralismos a conveniencia.

Los medios públicos, como el mismo ejercicio gubernamental, deben ser para todos. En eso se diferencian del millar y medio de medios alternativos que —como quedó claro en los discursos de instalación— tienen una misión de difusión y orquestación del ideario petrista, apoyados con pauta publicitaria.

Si bien esos medios alternativos tienen todo el derecho a existir, el presupuesto publicitario debería incluir otras corrientes políticas, si de fomentar el pluralismo se trata, como reza la directiva. Es extensión del mismo derecho de crítica del que habla Petro, que no es otro que la misma libertad de expresión. Intentar separar esas libertades no es más que una estrategia retórica.

La novena directiva habla de garantizar la existencia y el funcionamiento de canales de comunicación permanentes que respalden interacción libre, oportuna y eficaz entre medios de comunicación y autoridades. No solo está en deuda, sino que, con la lógica de comunicación en redes, discursos in situ y réplica de esos discursos en pronunciamientos televisados, verticaliza el conducto y cierra el flujo informativo.

Así es más fácil manipular las emociones —como se dijo al comienzo—, pero perjudica la argumentación y el disenso. Las ya casi jubiladas ruedas de prensa, las entrevistas a cara a cara, el diálogo formal e informal entre gobierno y reporteros ayuda a clarificar la información, a zanjar diferencias, a resolver dudas y a comprender proyectos. Ahí, de nuevo, los medios públicos tienen una promesa incumplida.

La “X-dependencia” o “Twitter-dependencia” puede jugar en contra del presidente, sobre todo ahora que en su rutinaria construcción de enemigos desafía a Elon Musk, dueños de esa red social. ¿Qué pasaría si —como profetiza Petro— cierran su cuenta? ¿Se derrumbaría su estrategia?, ¿quedaríamos a expensas de medios alternativos, medios públicos, alocuciones y las infaltables bodegas?

Los matices de las recomendaciones

En las recomendaciones que incluye la directiva, hay rendijas. La segunda recomendación habla de las acciones frente a “información contraria a la verdad, parcializada, descontextualizada o estigmatizante, o que vulnera los derechos de una población, deben brindar información suficiente para la rectificación, complementación o corrección necesaria, sin recurrir a la descalificación o descrédito”.

¿Quién determina lo que es verdad o no lo es?, ¿cuáles son los criterios gubernamentales para determinar que es parcializada o estigmatizante, más aún cuando se trata de noticias en desarrollo?, ¿a través de qué medios?, ¿con cuáles estándares?

Se habla también de liderar un programa integral de capacitación para las áreas de comunicación de la administración pública y de formación necesaria para cumplir con los estándares establecidos en esta directiva. Esto podría terminar de politizar los contenidos informativos. ¿Por qué no aparece la academia y la sociedad civil experta en estas instancias, más aún cuando se habla de participación e inclusión?

Sí. Algo es algo frente a la aridez en la relación del gobierno con la prensa, que parece deteriorarse cada día.

Esas directrices prácticas son un reto para Petro y algunos de los voceros de su círculo cercano. Así pueden corresponder a las organizaciones internacionales que ayudaron a construirlas para que la propaganda no le gane a la información; para que no se archive como otra manifestación de nuestro talante leguleyo y distanciado de la realidad; para que el periodismo, sus gremios, medios y trabajadores asuman su cuota de responsabilidad por respetar el debate público, diferenciando información de opinión. 

Está bien la retórica, pero se necesita el ejemplo de las buenas prácticas. Si todos somos parte del problema…

*Analista, columnista y profesor de la Universidad Javeriana.
@marioemorales www.mariomorales.info