17 de agosto de 2024
El Concejo de Medellín se prepara para llevar a cabo el primer debate sobre la venta de las acciones de Tigo-Une, un tema que ha generado gran interés público debido a sus implicaciones para la ciudad. Sin embargo, esta discusión no está exenta de controversias. El concejal José Luis Marín ha denunciado posibles vicios de forma y fondo en el proceso, cuestionando tanto la legalidad como la transparencia de este debate.
Cuestionamientos sobre la presentación del proyecto
El alcalde Federico Gutiérrez presentó el proyecto que busca la venta de las acciones con el propósito de destinar los recursos obtenidos a un «gran fondo para el desarrollo de la ciudad y las nuevas generaciones», enfocándose en áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación y las becas educativas. Sin embargo, durante la sesión plenaria del Concejo del 14 de agosto, el concejal José Luis Marín señaló que la sustentación del proyecto contiene elementos que podrían vulnerar la integridad del proceso.
Marín destacó que la justificación del proyecto sugiere que el debate ya se había llevado a cabo en la administración anterior, lo cual considera inapropiado debido a que el 90% de los concejales actuales son nuevos. Según él, «se están dando por sentadas discusiones que no se han dado», lo que compromete la legitimidad del debate.
Inconsistencias en la presentación del proyecto
Otro de los puntos críticos mencionados por Marín se relaciona con la presentación del proyecto. Según el concejal, este no fue presentado por el alcalde, como debería ser, sino por el secretario de Hacienda, Orlando Uribe. Esto genera dudas sobre quién tiene realmente la facultad para presentar formalmente un proyecto de esta envergadura. «No es cierto cuando dice que presentó de manera personal, lo presentó el secretario de Hacienda», aseguró Marín, subrayando la necesidad de clarificar este aspecto antes de continuar con el proceso.
Además, Marín cuestionó si se han cumplido los artículos 110 y 172 en cuanto a la presentación de los informes de ponencia y el tiempo necesario para realizar los debates con la información del proyecto. Estas normativas son clave para garantizar que el debate se realice de manera transparente y conforme a la ley.
¿Es el momento adecuado para la venta?
El concejal también planteó dudas sobre la pertinencia de vender las acciones de Tigo-Une en este momento. En su intervención, señaló que no se ha identificado una justificación clara en el proyecto que determine el mejor momento para realizar esta venta, ni se han presentado detalles técnicos, legales, financieros, contables y fiscales que respalden la decisión. «No se conocen los detalles técnicos y legales relacionados con el fondo del proyecto», argumentó Marín, sugiriendo que se requiere un análisis más profundo antes de proceder.
Solicitudes para garantizar un debate transparente
Ante estas preocupaciones, Marín solicitó el retiro inmediato del Proyecto de Acuerdo 12 de 2024 hasta que se cumplan con los insumos técnicos necesarios, como un avalúo actualizado, y se brinden las garantías para la participación ciudadana. El concejal insistió en que se debe garantizar un debate amplio, donde todas las partes interesadas tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista de manera informada.
Estas solicitudes reflejan el interés de varios sectores en asegurar que cualquier decisión sobre la venta de las acciones de Tigo-Une se realice bajo condiciones de total transparencia y con una participación ciudadana efectiva.
La importancia de este debate para Medellín
El debate sobre la posible privatización de Tigo-Une tiene implicaciones significativas para Medellín, tanto en términos económicos como sociales. La administración municipal argumenta que los recursos obtenidos permitirán impulsar proyectos clave para el futuro de la ciudad. Sin embargo, las denuncias de posibles irregularidades y la falta de claridad sobre el proceso generan una incertidumbre que podría afectar la confianza en la gestión pública.
En este contexto, es fundamental que el debate se realice bajo las mejores condiciones posibles, garantizando el cumplimiento de las normas y la transparencia en cada etapa del proceso. Solo así se podrá tomar una decisión informada y beneficiosa para los ciudadanos.
