Decíamos: El escándalo de EPM
Cuando las empresas del Estado como EPM se toman como botín para establecer negocios y contratos exclusivos de particulares con el Estado, dejan de ser éticamente viables.
El fin de la empresa privada -de todas las empresas-, es producir rentabilidad, esto es, dinero por la venta de sus productos y servicios. Las empresas del Estado funcionan con dineros públicos provenientes de nuestros impuestos y su rentabilidad pertenece al Estado para proyectos de inversión estatal de beneficio a la comunidad: servicios públicos, infraestructura, educación, proyectos de vivienda, salud, etc. Ocasionalmente se hacen alianzas público privadas (APP) aprovechando capital y experiencia privados con un claro marco jurídico que establezca prioridades y equilibrio en las ganancias y el manejo de las empresas u obras de servicio público; ejemplo de ello son las concesiones de túneles y carreteras como la Ruta del Sol y muchas de las llamadas 4G. Pero cuando las empresas del Estado como EPM se toman como botín para establecer negocios y contratos exclusivos de particulares con el Estado, dejan de ser éticamente viables para formar un conciliábulo rentístico a partir de los dineros públicos, y eso no es sano para una sociedad que propende por tener una institucionalidad pública fortalecida y democrática. Conservar la institución pública sin la injerencia de la empresa privada, salvo para asesorías y consultorías, debe ser objetivo de un gobierno democrático que luche contra la corrupción.
Podrán esgrimir el argumento de que el Estado es corrupto y todas sus empresas están condenadas a la quiebra. Pues de eso precisamente se trata, de ir creando empresas estatales con una planta administrativa de carácter público comprometida con el servicio y siempre con miras a la excelencia y amor por el país.
