Internacional

En Guatemala, incautan 2.2 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento procedente de Colombia.

Incautación en Guatemala revela vínculos entre empresa colombiana y figuras de la política Colombiana.

Lunes, 01 de julio de, 2024

Más de dos toneladas de cocaína fueron incautadas en Guatemala en un operativo realizado por el Ministerio de Gobernación del país centroamericano. El cargamento, procedente de Colombia, estaba oculto dentro de productos agrícolas y fue identificado con el logo de la empresa colombiana Carval, la cual tiene vinculaciones directas con figuras prominentes política en Colombia.

Incautación en Guatemala

En un operativo llevado a cabo el viernes 29 de junio, las autoridades guatemaltecas incautaron 2.2 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de productos agrícolas que llegó al puerto de Santo Tomás de Castilla, en el departamento de Izabal. El cargamento, que ingresó al país procedente de Colombia, fue trasladado posteriormente vía aérea a la ciudad de Guatemala.

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La empresa Carval y sus conexiones

La empresa colombiana Carval, dedicada a la venta de productos de nutrición animal y farmacéuticos, ha estado en el centro de la atención debido a sus estrechos vínculos con algunos políticos Colombianos. La compañía es propiedad de Liliana Vallecilla, hija de Carlos Alberto Vallecilla Borrero, un conocido financiador de la campaña presidencial de Iván Duque en 2018. Según registros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Carlos Alberto Vallecilla Borrero aportó más de 33 millones de pesos a la campaña de Duque.

Apoyo político de Paloma Valencia

Además de su rol como financiador, Carlos Alberto Vallecilla Borrero y su empresa Carval han recibido un notable apoyo político por parte de la senadora Paloma Valencia, una destacada figura del Centro Democrático. En mayo de 2022, Valencia presentó una proposición en el Senado para rendir un reconocimiento a Vallecilla Borrero, destacándolo como un empresario influyente que ha contribuido significativamente al desarrollo económico de Colombia y el Valle del Cauca.

En sus intervenciones públicas, Paloma Valencia ha elogiado repetidamente a Carlos Alberto Vallecilla Borrero, describiéndolo como un «ser humano extraordinario» y resaltando la importancia de su trabajo y el impacto de su empresa en el país. Este respaldo político ha generado controversias, especialmente tras la incautación del cargamento en Guatemala.

Denuncia del investigador Juan Poe

El investigador Juan Poe, conocido por sus revelaciones en redes sociales, ha sido clave en la difusión de esta noticia. A través de su cuenta en la red social X, Poe detalló los vínculos entre Carval y figuras políticas Colombianas, incluyendo la financiación de la campaña de Iván Duque y el apoyo político de Paloma Valencia. En su serie de publicaciones, Poe también compartió imágenes de la incautación en Guatemala, así como fotografías de Paloma Valencia con miembros de la familia Vallecilla.

Implicaciones y reacciones

La incautación del cargamento y las revelaciones sobre los vínculos políticos de Carval han generado una ola de reacciones en Colombia. Diversos sectores han exigido una investigación exhaustiva para determinar el alcance de estas relaciones y la posible implicación de figuras políticas en actividades ilícitas.

La conexión entre una empresa colombiana de productos de nutrición animal y el tráfico de sustancias ilícitas plantea serios cuestionamientos sobre la transparencia y la ética en el financiamiento de campañas políticas. Asimismo, resalta la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en las relaciones entre el sector privado y los actores políticos.

Perspectivas futuras

La situación actual demanda una respuesta clara y contundente por parte de las autoridades colombianas y guatemaltecas. Las investigaciones en curso deberán esclarecer todos los aspectos de este caso, desde la procedencia y el destino final del cargamento incautado hasta las responsabilidades legales de las personas y entidades involucradas.

En conclusión, este caso subraya la importancia de la transparencia en la financiación de campañas políticas y la necesidad de un escrutinio riguroso de las actividades de las empresas con vínculos políticos. Solo a través de una investigación exhaustiva y un juicio justo se podrá determinar la verdad y garantizar que se haga justicia.

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