Gaza: de la autodefensa a la represalia

Camilo González Vides*Análisis de la Noticia/RazonPublica/El Pregonero del Darién

En su afán por “exiliar a Hamás” de la Franja de Gaza, Netanyahu ha desencadenado un castigo colectivo que ha provocado reacciones adversas dentro su propio país y ha agrietado la cohesión del campo occidental respecto al respaldo diplomático del cual gozaba Tel Aviv en los primeros días del conflicto.

Con el transcurrir de los meses, el conflicto en la Franja de Gaza parece no tener fin. Una nueva etapa de la guerra ha emergido de la ruptura del cese al fuego de enero de 2025 entre el gobierno de Israel y el movimiento islamista, Hamás. Sin embargo, la nueva ofensiva militar sobre la franja ha reactivado la condena internacional tras la reanudación de los bombardeos y el asedio terrestre que han provocado dramáticas situaciones de inanición de la población gazatí. Esto ha provocado el desdibujamiento ante la opinión pública internacional de la inicial justificación israelí para intervenir la Franja, de una legítima autodefensa ante los ataques de octubre de 2023 por la de una despiadada represalia sobre los palestinos. En su afán por “exiliar a Hamás” de la Franja de Gaza, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha desencadenado un castigo colectivo que ha provocado reacciones adversas dentro su propio país y ha agrietado la cohesión del campo occidental respecto al respaldo diplomático del cual gozaba Tel Aviv en los primeros días del conflicto.

El cese al fuego que no fue

El acuerdo para lograr el fin de las hostilidades nació muerto. La “Propuesta de Tres fases para una paz duradera en Medio Oriente”, diseñada por las delegaciones de Egipto, Catar y Estados Unidos, preveía que en la primera fase se realizarían las liberaciones de los secuestrados israelíes por parte de Hamás, mientras que Tel Aviv retiraría parcialmente sus tropas de Gaza, desmantelaría sus bases militares y liberaría a un grupo de militantes palestinos durante un período de 42 días. La segunda etapa estaría caracterizada por el intercambio de secuestrados israelíes y prisioneros palestinos, junto a la promesa de Israel de retirada definitiva del enclave palestino. Por último, la fase tres preveía un plan de reconstrucción y el final del bloqueo a la Franja de Gaza supervisado por Egipto, Catar y Naciones Unidas.

Sin embargo, el acuerdo era tan vago en sus términos, que dentro de un clima de desconfianza mutua cualquier demora en el cronograma podría ser interpretada como un gesto de falta de compromiso entre las partes que podría conducir a descarrilar todo el proceso de negociación.

Y así fue: en marzo de 2025, el gobierno israelí decidió no continuar y reanudó las operaciones militares sobre Gaza sobre la base del incumplimiento de Hamás de entregar los cautivos israelíes.

El grupo islamista solo liberó 38 de los cautivos, frente a los 1.900 militantes palestinos liberados por Tel Aviv, una desproporción que acentuó la decisión del premier israelí a terminar el acuerdo a menos de dos meses de iniciar su implementación. Los ataques aéreos se reactivaron y posteriormente, la Operación “Carros de Gedeón” inauguró una nueva etapa de incursión terrestre sobre Gaza.

Para Netanyahu, presionado por una parte de la opinión pública de su país, el regreso de los cautivos se convirtió en casi una promesa de campaña para la sociedad israelí que había caído en cuenta de cómo las operaciones militares habían resultado insuficientes para traerlos de vuelta. La negociación parecía un camino viable para ello, pero con el tiempo la expectativa se desvaneció con las dilaciones de Hamás en entregarlos, aduciendo que Tel Aviv violaba el acuerdo al no retirar sus tropas de territorio gazatí.

El grupo islamista era consciente de que los cautivos en su poder eran por mucho el único medio de presión directa a Israel para que cumpliese sus exigencias en el acuerdo, dada la situación militar que los exponía a la derrota total con una Siria en transformación, un Hezbollah contenido, los hutíes peleando una quijotesca guerra a distancia e Irán detrás de sus fronteras curándose las heridas después de las operaciones israelíes en todo el vecindario que han perjudicado su influencia a nivel regional.

Esto tuvo un efecto en el gabinete de la coalición de gobierno: los socios de extrema derecha, conscientes del papel de pivote para hacer caer el Gobierno, se fortalecieron al punto de convencer a Netanyahu de que la opción viable para continuar en el Gobierno era cruzar la línea reactivando las operaciones militares y darle la estocada final a un endeble acuerdo. Sin embargo, cada vez más israelíes, cerca del 60%, quieren que el conflicto culmine y se niegan a ver a sus tropas ocupando la Franja, una empresa que le ha costado cerca de 1.700 soldados.

Washington vacilante y Tel Aviv decidido

Sin embargo, habría que agregar a esta ecuación el papel de Estados Unidos. El acuerdo roto en marzo venía con el sello de la administración Biden, crítico con las acciones de Tel Aviv en Gaza desde el inicio de las hostilidades. Sin embargo, el regreso de Donald Trump cambió todo el panorama: Netanyahu, socio cercano del presidente republicano, vio la posibilidad de cambiar los términos del acuerdo antes de entrar en vigor, una situación que se frustró por la negativa de Hamás y que el mismo Trump aprovechó para exponer su política de “paz a través de la fuerza” reconviniendo a ambas partes de cumplir lo acordado so pena de duras consecuencias.

Sin embargo, ese papel de árbitro acabó allí. Desde entonces Washington optó por un alineamiento no activo con Tel Aviv.

“Esa guerra no es nuestra” fueron las palabras de Trump que se interpretaron como luz verde para que Israel tomara sus propias decisiones frente al destino de un acuerdo que su gobierno había contribuido a supervisar. Por entonces, la decisión de romper el cese al fuego fue consultada con Washington, quien avaló la reactivación de las acciones militares sobre Gaza. Inclusive, las declaraciones de Trump sobre controlar ciertos territorios como Groenlandia y el Canal de Panamá han creado un clima de opinión favorable a ideas anexionistas.

Es así como el premier israelí pareció motivado a cruzar la línea para declarar la necesidad de “controlar todo Gaza” formulando implícitamente que el objetivo de Tel Aviv es anexar el enclave palestino como una forma de construir una zona de seguridad desde la cual nunca más se realizará una incursión de militantes palestinos a las fronteras de Israel. Para Israel, la autonomía de Gaza se volvió problemática con la toma del poder por parte de Hamás en 2007, ya que instaló un riesgo latente y directo a su seguridad.

Por tanto, mantener la autonomía no resulta viable para el gobierno de Netanyahu y he aquí que los reclamos de anexión empiezan a ser fuertes a favor de una operación militar que busca destruir a Hamás para convertir a Gaza en un territorio más dispuesto a las exigencias del dominio israelí y limitar las pretensiones de autodeterminación de los gazatíes. Sin embargo, la persistencia del dominio del movimiento islamista sobre la Franja y su doble naturaleza de partido político y movimiento armado complican la tarea de “exiliar a Hamás” del enclave, a pesar del declive en su confianza por parte de los habitantes del enclave.

Una Gaza en proceso de anexión de facto implica un dilema para la Autoridad Nacional Palestina (ANP) afincada en Cisjordania. Ciertamente, este actor puede beneficiarse directamente de la destrucción del rival político Hamás. Sin embargo, no parece ser garantía de que Gaza vuelva a los linderos de la ANP. Juzgada como incompetente por Israel por no controlar la militancia islamista y muy impopular entre los gazatíes, el gobierno de Ramallah enfrenta un destino incierto sobre su papel en los años venideros y por la cada vez más amenazante pérdida de su territorio a manos de colonos israelíes impulsados subrepticiamente por los elementos más ultraconservadores del gobierno de Netanyahu. En la guerra de Gaza, Rammallah es una víctima política invisible con un papel relevante en el futuro de la causa palestina.

Reacciones al castigo colectivo

Las acciones de Israel en Gaza desde el comienzo del conflicto han sido descritas como un castigo colectivo. Según el Derecho Internacional Humanitario, esta es una “forma de sanción impuesta a personas o a un grupo de personas como respuesta a un delito cometido por una de ellas o un miembro del grupo”. Los gazatíes viven un castigo colectivo directamente por las acciones violentas de Hamás.

Resulta ilustrativo que las operaciones militares, especialmente aéreas, a lo largo de la guerra no hayan distinguido a los civiles de los combatientes, incluso cuando se ha detectado felonía de Hamás de guarnecerse en instalaciones civiles. Todo esto ha conducido a que el número de víctimas mortales siga incrementándose: de 47.000 en el primer año de las hostilidades a aproximadamente 55.500 palestinos hoy día.

Sin embargo, el conflicto después del rompimiento de la tregua tiene un carácter distinto. Es un castigo colectivo por otros medios: mientras se sigue sancionando a los palestinos por el incumplimiento de Hamás, esta milicia hoy no representa una seria amenaza para Israel. La ocupación del norte, el centro y el sur de la Franja de Gaza sigue cobrándose vidas que se encuentran entre la sumisión al grupo islamista diezmado y la conquista de las fuerzas israelíes. Dentro de ello, Tel Aviv ha impuesto desde marzo un bloqueo a la ayuda humanitaria que Netanyahu ha justificado bajo el pretexto de no dar oxígeno a las células islamistas remanentes. Sin embargo, como él mismo ha reconocido inconscientemente, “no conviene una hambruna en Gaza”, lo que devela indirectamente que el asedio no distingue entre combatientes y no combatientes, todos por igual pagan el costo de no entregar los rehenes. Sin embargo, en un territorio donde todavía permanece cierta lealtad cultivada hacia el movimiento islamista, ni el asedio exiliará a Hamás ni justificará la muerte por inanición de los gazatíes que no están involucrados en la contienda.

Por último, esta dramática situación ha conducido a un quiebre en la cohesión discursiva del campo occidental frente a la guerra. De la solidaridad inicial en octubre de 2023 se ha pasado rápidamente a la crítica velada y ahora al abierto rechazo de las acciones de Israel.

Aunque persisten las adhesiones en silencio como la de Estados Unidos o más públicas como la del gobierno húngaro, y la impotencia del vecindario regional, la determinación de ocupar territorio gazatí ha movilizado a varios actores internacionales a tomar distancia públicamente de Tel Aviv: Suecia ha llamado a sancionar a funcionarios israelíes, mientras Reino Unido, Francia y Canadá han levantado su voz frente al asedio y sus consecuencias humanitarias, a lo que se suma la condena de la Liga Árabe y la decisión de la Unión Europea de revisar su acuerdo de cooperación comercial. Aunque las presiones diplomáticas han puesto en marcha algunas negociaciones en secreto entre las partes del conflicto, será cuestión de tiempo observar si el cambio en la retórica puede transformarse en acciones concretas que detengan la violencia y allanar mecanismos fuertes para conjurar el riesgo de profundización del conflicto y con ello todas sus implicaciones humanitarias.

*Profesor e investigador de la Universidad Javeriana, editor del medio digital Visión Global, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca.