Lunes, 24 de junio de 2024
En respuesta a las recientes denuncias de espionaje, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que su gobierno no está involucrado en actividades de interceptación telefónica. Estas declaraciones surgen después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara una investigación sobre posibles escuchas ilegales a magistrados de la Corte Constitucional. Petro ha asegurado que su administración se diferencia de las anteriores al prohibir expresamente el uso de la inteligencia estatal contra opositores, prensa o cortes.
Denuncias y Respuesta Presidencial
La Fiscalía abrió una investigación tras recibir denuncias de posibles interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Constitucional. Estas denuncias, reveladas inicialmente por el diario El Tiempo, señalan que algunos magistrados sospechan que están siendo espiados. Posteriormente, la revista Semana informó que José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, entregó una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo en la que se denuncia una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal.
Gustavo Petro, en su cuenta de X, respondió contundentemente: «Este Gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado». El mandatario enfatizó que desde el primer día de su administración se ordenó a los organismos de inteligencia no utilizar sus capacidades contra la oposición, la prensa o las cortes. Petro también destacó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no cuenta con equipos para interceptar servicios de telefonía privada.
Acciones de la Fiscalía
La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía ha iniciado una investigación inmediata tras las denuncias presentadas por los magistrados de la Corte Constitucional. Entre las pruebas se incluye información sobre presuntas interceptaciones telefónicas y seguimientos a magistrados y otros funcionarios con procesos sensibles.
Las funciones de los magistrados incluyen examinar si las reformas del gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen con los requisitos de constitucionalidad. Esto aumenta la gravedad de las denuncias, ya que cualquier intento de espionaje podría interpretarse como una interferencia directa en el poder judicial y en la independencia de sus funciones.
Contexto y Antecedentes
El escándalo actual evoca recuerdos de un caso similar durante la presidencia de Álvaro Uribe, donde el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue descubierto instalando micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptando teléfonos de jueces, periodistas y opositores. Este escándalo resultó en condenas para varios responsables, incluyendo a Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia, y María del Pilar Hurtado, exjefa del DAS, quienes fueron hallados culpables de varios delitos.
En septiembre de 2017, Jorge Noguera, exdirector del DAS, también fue condenado a más de siete años de prisión por su participación en estas actividades de espionaje, que incluían interceptaciones de comunicaciones privadas, vigilancia y seguimientos sin orden judicial. Este oscuro capítulo de la historia colombiana resuena en el presente, alimentando las preocupaciones sobre la posible repetición de estos actos.
Declaraciones de los Magistrados
El presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, junto con otros magistrados, ha expresado su preocupación por las presuntas actividades de espionaje. En una carta entregada a la fiscal general, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denunció que él y su esposa son víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal. Esta persecución supuestamente incluye interceptaciones telefónicas, seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes, lo que ha sido denominado coloquialmente como «chuzadas» en Colombia.
La gravedad de estas denuncias ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y ha planteado serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las acciones del gobierno en relación con el uso de la inteligencia estatal. La claridad y contundencia en la respuesta del presidente Petro serán cruciales para abordar estas preocupaciones y mantener la confianza en las instituciones.
