Presidente Petro exige investigar compra de software espía Pegasus en el gobierno de Duque
Presidente Petro pide investigar la compra del software espía Pegasus en el gobierno de Duque.
5 de septiembre de, 2024
El presidente Gustavo Petro confirmó recientemente la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Iván Duque, señalando que este programa podría haber sido utilizado para espiar a oponentes políticos y periodistas. Ante estos hechos, Petro ha solicitado a la Fiscalía que realice una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la compra y el uso de este software, que ha generado gran polémica tanto en el ámbito político como en el de los medios de comunicación.
Reuniones secretas y la compra de Pegasus
De acuerdo con una investigación revelada por Señal Investigativa, en octubre de 2021, durante un viaje a Israel del expresidente Iván Duque y varios altos funcionarios del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, se llevaron a cabo reuniones confidenciales. En estas reuniones, un viceministro de Defensa y altos mandos militares se reunieron con el general israelí Yair Kulas, quien dio el visto bueno a la transacción del software Pegasus.
Se presume que este software fue adquirido para intervenir hasta 2.600 líneas telefónicas en Colombia, lo que habría tenido un costo de 50 mil dólares por cada 10 líneas intervenidas. Las reuniones se mantuvieron en secreto hasta que la investigación de Señal Investigativa reveló fotos y documentos que evidencian la presencia de altos funcionarios colombianos durante estas negociaciones.
La incertidumbre sobre el control actual de Pegasus
Uno de los puntos más críticos del escándalo es que no se sabe en manos de quién está actualmente Pegasus, ni cuál es su propósito en estos momentos. Carlos Ramón González, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), confirmó a finales de junio de 2024 que Pegasus no está bajo el control del actual gobierno de Petro. Esto ha despertado gran preocupación, ya que el software podría estar siendo utilizado por militares retirados o grupos con intereses oscuros para espiar a ciudadanos y desestabilizar al Estado.
La Fiscalía General de la Nación ha asumido la tarea de investigar a varios generales retirados, conocidos como «generales criminales», quienes están señalados de haber participado en un plan para destruir la inteligencia estatal colombiana. Estos generales habrían estado involucrados en la adquisición de Pegasus y ahora son objeto de investigaciones por parte de un grupo especial de la Fiscalía.
Rumores de interceptaciones y chuzadas en Colombia
Desde junio de 2024, varios medios de comunicación y figuras públicas han expresado su preocupación por el posible regreso de las chuzadas en Colombia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por ejemplo, denunció que su teléfono había sido intervenido, lo que generó un gran revuelo en la opinión pública. Aunque más tarde se retractó de la denuncia, su declaración inicial fue suficiente para que surgieran rumores sobre nuevas interceptaciones telefónicas en el país.
El senador David Luna, un opositor al gobierno Petro, también denunció que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas, aunque no presentó pruebas al respecto. Las acusaciones de chuzadas han alimentado un ambiente de desconfianza y especulaciones sobre quién podría estar utilizando el software Pegasus.
¿Qué sigue para el software Pegasus?
La gran pregunta que queda por responder es quién tiene ahora el control de Pegasus y para qué se está utilizando. Aunque el gobierno de Petro ha sido señalado por algunos sectores de la oposición, la evidencia apunta a que Pegasus podría estar siendo operado por grupos que no están vinculados al actual gobierno, sino a actores que buscan desestabilizar la administración actual.
A medida que la Fiscalía avanza en sus investigaciones y se revelan más detalles sobre la compra y el uso de Pegasus, la expectativa es que se logre identificar a los responsables de la utilización ilegal de este software. La falta de transparencia sobre el destino de Pegasus y su posible uso en la interceptación de teléfonos de periodistas y figuras políticas sigue siendo motivo de preocupación para la sociedad colombiana.