La compra del software Pegasus por la Dipol: Denuncias y repercusiones en Colombia
El presidente Gustavo Petro denunció la compra del software Pegasus por la Dipol en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, por un valor de 11 millones de dólares a una empresa israelí.
6 de septiembre de, 2024
El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha reavivado una controversia en torno a la adquisición del software Pegasus por parte de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) en 2021, durante el gobierno de Iván Duque. Petro denunció públicamente esta compra, señalando que el software de espionaje fue adquirido por un monto de 11 millones de dólares de una empresa israelí, en circunstancias que aún generan más dudas que respuestas. Este software, utilizado para espiar teléfonos móviles, solo puede ser adquirido por gobiernos, y su uso ha levantado graves cuestionamientos, especialmente en el contexto del estallido social vivido en Colombia en ese mismo año.
¿Qué es la Dipol y cuál es su función?
La Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) es una entidad adscrita a la Policía Nacional de Colombia, cuya principal misión es la producción de inteligencia estratégica y operacional. Este organismo se encarga de recopilar y analizar información sobre amenazas, criminalidad y desafíos sociales, para apoyar la toma de decisiones de los altos mandos del gobierno en materia de seguridad y defensa. La Dipol juega un papel crucial en la orientación de políticas de seguridad en Colombia, respondiendo a los problemas que afectan el orden público. En 2021, la Dipol estaba bajo la dirección del general Jorge Luis Vargas, quien también ocupaba el cargo de director general de la Policía Nacional en ese momento.
La adquisición de Pegasus y el contexto social
En junio de 2021, en plena crisis social provocada por el estallido de protestas en Colombia, la Dipol cerró un acuerdo con NSO Group, la empresa israelí creadora del software Pegasus. Este contrato, valorado en 11 millones de dólares, fue denunciado recientemente por el presidente Petro, quien afirmó que la compra incluyó una serie de irregularidades financieras. Según Petro, un banco israelí reportó una transacción sospechosa de 5.5 millones de dólares en julio de ese mismo año, lo que levantó sospechas sobre el manejo de estos fondos y su relación con la compra del software.
El contexto en el que se realizó la adquisición ha generado especial preocupación. Durante las protestas sociales, en las que hubo denuncias de abusos de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones de derechos humanos, el uso de herramientas como Pegasus podría haber sido utilizado para espiar a líderes sociales y opositores políticos. Esto ha incrementado las dudas sobre el alcance y los fines de dicha compra.
Las graves denuncias de Petro
El presidente Petro fue contundente en su denuncia: «Estamos ante una cadena de delitos que incluye lavado de activos, espionaje interno sin orden judicial y corrupción». Según sus declaraciones, la compra de Pegasus no solo involucró irregularidades financieras, sino que también pudo haber sido parte de un aparato de espionaje ilegal montado en medio de la crisis social de 2021. Petro señaló que la transacción, realizada en efectivo y con la participación de entidades extranjeras, fue parte de un esquema que podría tener repercusiones legales tanto a nivel nacional como internacional.
Además, Petro mencionó la participación de altos mandos del gobierno de Duque en esta operación, apuntando directamente al general Jorge Luis Vargas, entonces director de la Policía Nacional, y al general Mojica, director de la Dipol. Según el presidente, estos funcionarios podrían enfrentar cargos graves, incluyendo delitos extranjeros que podrían llevar a la extradición.
Implicaciones para el gobierno anterior
El gobierno de Iván Duque ha sido señalado en varias ocasiones por su manejo de la seguridad y la represión durante el estallido social. La compra de Pegasus, según las denuncias de Petro, añade una nueva capa de complejidad a estas acusaciones. La posibilidad de que el software se haya utilizado para espiar a líderes sociales y figuras de la oposición durante uno de los momentos más tensos de la historia reciente de Colombia pone en entredicho las prácticas de inteligencia del gobierno anterior.
El general Jorge Luis Vargas, uno de los principales señalados por Petro, ha defendido en otras ocasiones las acciones de la Policía durante las protestas, pero estas nuevas revelaciones podrían traer consecuencias legales y políticas para quienes participaron en la adquisición de Pegasus. La comunidad internacional también está atenta a estos desarrollos, especialmente dado que el software Pegasus ha sido objeto de polémica en otros países por su uso indebido para fines de vigilancia interna.
¿Qué sigue para la Dipol y el gobierno actual?
Las denuncias de Petro no solo ponen bajo escrutinio a los actores del pasado, sino que también plantean preguntas sobre el futuro de la Dipol y sus prácticas. El presidente ha solicitado una investigación exhaustiva sobre el uso de Pegasus y ha asegurado que este tipo de prácticas no tendrán cabida en su administración. Sin embargo, la sombra de las denuncias sigue presente, y será crucial para el gobierno actual demostrar transparencia y responsabilidad en el manejo de la inteligencia policial.
Al mismo tiempo, la oposición ha pedido respuestas claras sobre cómo se utilizaron los recursos destinados a la compra de Pegasus y qué medidas se tomarán para garantizar que este tipo de operaciones no se repitan en el futuro. La Dipol, por su parte, deberá enfrentar un proceso de revisión interna que permita aclarar su papel en estos eventos y restaurar la confianza pública en sus acciones.
