La derecha considera suyo el poder

Luis Alfonso Ossa B./Opinión/El Pregonero del Darién

A propósito de la columna de opinión de Carlos Medina Gallego-Historiador y Analista Político, titulada: “Las dificultades de gobernar un país capturado por la extrema derecha”

Esta clara visión del dominio consolidado  del Estado que las diferentes fuerzas que conforman la derecha ostentan de tiempo atrás, nos recuerdan que el  Pacto Histórico no solo tenía  que conquistar las mayorías populares sino que además debería  haber continuado  preparándose  rigurosamente para hacer los cambios, pero también  para aprender a desactivar las trabas instaladas en  el aparato del Estado por los dueños del poder, quienes al perder las elecciones no  descansarían, como efectivamente lo han hecho, en la tarea de obstaculizar al gobierno progresista con miras a no dejarlo hacer nada  para  allanar así  el camino que los  retorne a lo que ellos consideran  lo suyo: El poder del Estado. Miremos pues esta didáctica lectura que la experticia del académico nos comparte en la perspectiva de construir una mirada más rigurosa de la realidad que estamos padeciendo:

 Las dificultades de gobernar un país capturado por la extrema derecha

Carlos Medina Gallego-Historiador y Analista Político.

¡¡¡Cuando el cambio se enfrenta a los muros del poder!!!

Gobernar desde una posición progresista en un país como Colombia no es solamente una cuestión de voluntad política o de diseñar buenos programas de gobierno. Es, ante todo, una lucha contra un sistema profundamente enquistado, estructuralmente diseñado para resistir cualquier intento de transformación real. La promesa del cambio choca con un poder que no es solamente oposición parlamentaria, sino una amalgama de intereses económicos, militares, judiciales, mediáticos y criminales que han aprendido a actuar en bloque para garantizar la conservación de sus privilegios. Un gobierno que intente revertir esa lógica se encontrará frente a un cerco implacable.

1. La democracia secuestrada.

“Uno de los principales obstáculos para un gobierno progresista es que, aunque haya ganado las elecciones presidenciales, el sistema político en su conjunto está capturado por sectores conservadores y de extrema derecha. El Congreso de la República, cooptado por clientelas, partidos tradicionales y bancadas que no representan los intereses populares sino los de los gremios, el capital financiero, las iglesias y los clanes regionales, se convierte en un dique contra toda iniciativa de reforma estructural.

Las reformas fundamentales –como las pensionales, laborales, de salud o agrarias– son torpedeadas no solo por ideología, sino por el temor de estas élites a perder control sobre los recursos del Estado. En ese escenario, el Congreso deja de ser un espacio de deliberación democrática y se transforma en una maquinaria de chantaje político, donde cada voto tiene precio y cada debate es una negociación de intereses.

2. Las altas cortes como trincheras del viejo régimen.

Pero no basta con controlar el Legislativo. Las élites han extendido sus tentáculos a la rama judicial, y en particular, a las altas cortes. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema han sido infiltradas por una lógica de reparto burocrático, cuotas partidistas y favores mutuos. Jueces y magistrados, lejos de ser garantes de la justicia y el equilibrio de poderes, operan como factores de poder que bloquean, ralentizan o sabotean las iniciativas gubernamentales bajo el ropaje de la técnica jurídica.

Se judicializa la política como mecanismo de guerra: cualquier reforma, cualquier acto del Ejecutivo que toque privilegios, es denunciado como inconstitucional, populista o autoritario. Se acude a tutelas, demandas, suspensiones preventivas, y todo el aparato judicial actúa como contención institucional contra el cambio. No se trata de justicia, sino de poder.

3. La conspiración mediática: la mentira como arma de guerra.

En paralelo, el ecosistema mediático funciona como el brazo armado de la reacción. Los grandes medios de comunicación, en manos de conglomerados económicos que han lucrado históricamente del Estado, lanzan campañas sistemáticas de desprestigio contra el gobierno, sus funcionarios y sus iniciativas. Se manipula la información, se tergiversan datos, se repiten mentiras hasta convertirlas en sentido común.

Los medios construyen un relato en el que el gobierno progresista es incapaz, corrupto, autoritario, amigo de criminales o cómplice de la violencia. No importa la realidad. Importa el relato. Es una guerra cultural y simbólica en la que se busca aislar al gobierno de su base social, sembrar desesperanza, generar confusión y alimentar el odio. La prensa no informa: combate.

4. El aparato militar y policial: entre la desobediencia y la connivencia.

Un gobierno progresista también debe enfrentar la resistencia interna de las fuerzas armadas y de policía. Cuerpos entrenados en la doctrina del enemigo interno, moldeados durante décadas por una visión anticomunista, elitista y autoritaria, miran con recelo a cualquier presidente que hable de derechos humanos, paz, justicia social o reforma del aparato represivo.

Muchos altos mandos boicotean en silencio las órdenes del Ejecutivo, filtran información a la prensa hostil, sabotean políticas de seguridad humana y mantienen alianzas con redes ilegales. La connivencia entre sectores de la fuerza pública y el crimen organizado –en particular con el narcotráfico y el paramilitarismo– sigue siendo una realidad inconfesable que debilita la capacidad del Estado para gobernar con soberanía.

5. Un Estado desarticulado, una burocracia corrompida.

Colombia no es solo un país de instituciones capturadas, sino también de instituciones que funcionan mal. El Estado ha sido intencionalmente debilitado en nombre del “modelo eficiente” neoliberal: privatización, tercerización, contratos temporales, burocracia clientelista. Un gobierno que quiera transformar se encuentra atado a una maquinaria administrativa que responde más a favores políticos que a planes de desarrollo.

No hay una tecnocracia leal al proyecto de país. Hay funcionarios que sabotean desde adentro, que retardan la ejecución presupuestal, que incumplen órdenes, que filtran información, que responden a padrinos políticos antes que a su jerarquía institucional. Gobernar es nadar contra una corriente de intereses, mafias y mediocridades enquistadas.

6. La oposición: una alianza entre políticos, banqueros y mafias.

La oposición en Colombia no es simplemente un bloque parlamentario. Es un entramado de poder que articula partidos tradicionales, sectores empresariales, grandes bancos, medios de comunicación, iglesias, mafias territoriales y redes paramilitares. Es un régimen que no se resigna a dejar el poder y que está dispuesto a usar cualquier medio –legal o ilegal– para desgastar al gobierno y preparar su retorno.

Las estrategias van desde el sabotaje legislativo hasta el uso de la justicia para perseguir funcionarios del Ejecutivo, pasando por campañas de desinformación, incitación a la protesta desestabilizadora, alianzas internacionales para presionar políticamente al país y hasta la promoción de golpes institucionales. En Colombia, la oposición no compite: conspira.

7. Un país atravesado por el odio estructural.

Todo esto ocurre en un país donde el odio ha sido sembrado durante generaciones. El odio al diferente, al pobre que reclama, al indígena que resiste, al negro que se organiza, a la mujer que protesta, al joven que sueña. Un odio funcional a las élites que lo han cultivado desde la educación, la religión, los medios y la guerra.

Colombia no es solo un país violento, sino una sociedad estructuralmente vengativa. La paz es sospechosa. El diálogo es visto como debilidad. La protesta se criminaliza. En ese contexto, cualquier gobierno que apueste por la justicia social debe hacerlo no solo contra los poderes fácticos, sino contra una cultura política profundamente antiliberal, autoritaria y clasista.

8. La ciudadanía desmovilizada y fragmentada.

Uno de los grandes dramas que enfrenta un gobierno progresista es que, al llegar al poder, las bases populares que lo apoyaron tienden a desmovilizarse. Muchos piensan que al ganar la presidencia se resolvió todo, cuando en realidad es apenas el inicio de la disputa. La calle se vacía, la presión social se diluye, y el gobierno queda solo ante la embestida de los poderes tradicionales.

Peor aún: las divisiones internas entre sectores progresistas, los egos, los sectarismos y los cálculos personales hacen que incluso las fuerzas del cambio se fragmenten. Se pierden energías en disputas menores mientras la derecha actúa con frialdad estratégica y cohesión.

9. La urgencia del poder constituyente.

Ante este panorama, queda claro que un gobierno progresista no puede gobernar solamente desde la legalidad establecida. El régimen está diseñado para impedir el cambio. Por eso, resulta urgente la activación del poder constituyente: una movilización social consciente, organizada, permanente, que respalde al gobierno y empuje la transformación desde abajo, desde los territorios, desde las calles, desde las bases populares.

No basta con administrar el Estado capturado: hay que subvertirlo. No basta con negociar reformas con quienes quieren impedirlas: hay que imponerlas con el respaldo del pueblo organizado. La soberanía no está en las urnas cada cuatro años: está en la acción colectiva que reconfigura el sentido común y reescribe el contrato social.

10. La esperanza como resistencia.

Pese a todo, la historia no está escrita. Cada día que un gobierno progresista sobrevive, resiste y avanza, aunque sea un milímetro, es una victoria contra siglos de dominación. La tarea no es fácil. Exige valentía, lucidez, inteligencia táctica y, sobre todo, pueblo movilizado. Porque si algo teme el régimen es a un pueblo que ha perdido el miedo.

En Colombia, donde el odio ha sido política de Estado, la única salida es construir un poder popular capaz de disputar cada centímetro de democracia real. Porque cuando los poderosos conspiran con medios, jueces, congresistas, generales y banqueros, el pueblo tiene que responder con organización, con unidad, con dignidad.

El cambio no vendrá desde arriba. Solo será posible si abajo se enciende el fuego de la esperanza echa fuerza transformadora.” (Hasta aquí la citada columna)

Una narrativa violenta

No me cabe la menor duda  que de la manera más perversa y canalla posible, la derecha colombiana, al costo de poner incluso  la vida de uno de sus alfiles en peligro, está construyendo a pasos agigantados  una narrativa  profundamente violenta que se ha empezado a juntar con  una ola  de violencia desaforada desatada  por todas las expresiones armadas del narcotráfico, cuya resultante final propende por la implementación de una nueva versión de la seguridad democrática, aquella  que en su momento catapultó a Álvaro Uribe Vélez empoderándolo hasta el punto que atropelló, sin mayor obstáculo, la Constitución Nacional para hacerse reelegir por ocho  años.

Credibilidad y confianza

“Fiscalía no cree necesaria una intervención de la UNU para investigar atentado a senado”

¿Y será que las atrabiliarias fuerzas de derecha del país le creerán a La Fiscalía cuando su investigación muestre que los autores intelectuales del atentado provienen precisamente de la derecha colombiana? Por eso a la Fiscalía General de la Nacional la deben acompañar agencias internacionales que le den esa garantía de credibilidad y confianza al país entero.

Justicia envalentonada

“La justicia no se doblega: presidente de la Corte Constitucional lanzó contundente llamado, tras el decreto sobre la consulta popular”

¿Entonces qué fue lo que pasó cuando el cartel de la toga le vendió la institucionalidad al imperio multinacional de la corrupción? ¿Acaso es el producto de la ficción de escritores de paso? Se envalentonan ahora cuando ya es inocultable la animadversión que le tienen a este gobierno por progresista valiente al intentar cambios profundos en las estructuras del poder.?

El sujeto non tiene fuero

“Corte Suprema determina que César Manrique deberá ser investigado por jueces y no por la Corte”

A propósito ¿por qué hasta hoy ningún periodista de los poderosos medios corporativos  que desde comienzos del gobierno del cambio tomaron partido contra Petro, se ha tomado la molestia de indagar por lo que ha sucedido con los cientos de procesos  por corrupción que abrió la Fiscalía contra ex funcionarios de Iván Duque, los mismos que al parecer pasan  ahora por el laberinto del olvido y terminarán seguramente  perdidos en la noche de los tiempos, mientras hoy con acuciosa diligencia sus investigadores concentran su personal a trabajar en  investigaciones exhaustivas  por  la «compra irregular» de unos traperos y unos sobrecamas para la casa de la vicepresidenta Márquez?