2024 será la prueba de fuego de la ‘Paz Total’
Con un panorama complejo y tras un cierre de año estrepitoso, el gobierno intenta replantear la denominada ‘Paz Total’. ¿Cuáles deberían ser las prioridades?
Sebastián Zuleta* Razón Pública/Análisis de la Noticia/El Pregonero del Darién.
Los cambios en la ‘Paz Total’
La salida del gobierno del ex comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó lo que la mayoría de la sociedad colombiana y la comunidad internacional habían advertido: la ‘Paz Total’ no va por buen camino y no tiene un horizonte claro.
La ausencia de una estrategia de negociación con grupos armados ilegales, la imposibilidad de crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales, la pérdida de control territorial del Estado a manos de organizaciones armadas de diversa índole y el aumento en la mayoría de los índices de violencia precipitaron la salida de Rueda.
El insólito episodio ocurrido en el preludio de las elecciones regionales en el corregimiento de El Plateado, Argelia, Cauca, puso en conocimiento de la opinión pública un desafortunado comunicado suscrito por los jefes de las delegaciones negociadoras del gobierno nacional y del EMC-FARC donde anunciaban que delegados de ambas partes harían presencia en la instalación de la jornada electoral en Popayán y después en El Plateado.
Dicho comunicado, como vino a ser conocido horas después, estuvo precedido por la suscripción de un ‘acuerdo confidencial’ con el gobierno. Se estableció que el EMC-FARC se retiraría del casco urbano del corregimiento para que los militares pudieran entrar a El Plateado en el día de elecciones y vigilar su desarrollo.
«El aumento de la violencia en diversas regiones, la expansión del control territorial y de la gobernanza criminal por parte de las organizaciones armadas, así como la ausencia de respuestas por parte del gobierno, son las principales razones por las cuales la denominada ‘Paz Total’ atraviesa una profunda crisis»
La negativa del ejército de retirarse provocó indisposición y presión por el EMC-FARC, lo que obligó a los militares a abandonar el corregimiento. Tanto el ministro de defensa como el Presidente de la República afirmaron desconocer dicho pacto, motivando la salida del cargo de Danilo Rueda.
En su lugar, Otty Patiño —quien fungía como jefe de delegación del gobierno en las negociaciones con el ELN— fue nombrado como nuevo Alto Comisionado para la Paz.
En los primeros pronunciamientos, Patiño ha afirmado que es consciente de la necesidad de replantear algunos aspectos de la ‘Paz Total’, empezando por delimitar el alcance y promover la construcción de confianza con las comunidades que han percibido como “la paz en lugar de traer mayor seguridad, está trayendo mayor inestabilidad y mayor inseguridad”.
En otras palabras, resulta evidente que la tarea del nuevo Comisionado es mostrar resultados positivos en el marco de la ‘Paz Total’ tanto en materia de seguridad, como de acuerdos para el reducir la violencia y finalizar el conflicto con algunas de estas organizaciones.
Prioridades para el redireccionamiento
En diversos pronunciamientos, el nuevo Comisionado de Paz ha sido claro en afirmar que la seguridad y el control territorial deben ir de la mano con las negociaciones de paz.
De entrada, esto marca una nueva orientación en comparación con los planteamientos previos sobre la ‘Paz Total’, donde la provisión de seguridad, el papel de las fuerzas armadas y la protección de las comunidades frente a las acciones de los grupos armados eran, si acaso, secundarios.
Esa suerte de ‘estado de excepción’, que implican las actuales negociaciones con estas organizaciones en sus áreas de influencia, le restó credibilidad y legitimidad a la ‘Paz Total’ frente a las comunidades. El aumento de la violencia en diversas regiones, la expansión del control territorial y de la gobernanza criminal por parte de las organizaciones armadas, así como la ausencia de respuestas por parte del gobierno, son las principales razones por las cuales la denominada ‘Paz Total’ atraviesa una profunda crisis.
Por eso el diseño de una estrategia de negociación con los grupos armados ilegales debe ser la prioridad fundamental del gobierno para el 2024.
Ha quedado demostrado que la ausencia de una estrategia de negociación y la adopción de un enfoque donde la dinámica de la negociación va marcando el horizonte estratégico de la ‘Paz Total’ es errado y políticamente costoso para un gobierno que atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad a menos de dos años de haber asumido el poder. En otras palabras, ha quedado en evidencia que la improvisación es la peor estrategia de negociación.
En segundo lugar, las crisis que atraviesan los procesos de negociación por la debilidad de los denominados ‘ceses al fuego’, la falta de claridad, la incapacidad de acotar agendas de negociación y la ausencia de resultados concretos que aumenten la confianza de la ciudadanía en dichos procesos exigen una revisión a fondo que le permita al gobierno retomar el control de las negociaciones.
Algunas preguntas que valdría la pena plantear son: ¿Existe voluntad de paz en estos grupos?, ¿tiene el gobierno la capacidad para adelantar negociaciones exitosas?, ¿qué se requiere para alcanzar una correlación de fuerzas positiva que le permita al gobierno mostrar resultados en materia de paz?, ¿cuáles son los criterios para otorgarle reconocimiento político a unas organizaciones armadas y a otras no?, ¿con quién se debe negociar y a quién se le deben ofrecer un sometimiento a la justicia?, entre otras.
En tercer lugar, el gobierno debe avocarse a crear un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales.
Como es tradición en Colombia, el primer año de un gobierno está marcado por la influencia que éste ejerce sobre el Congreso para adoptar las principales reformas de su agenda.
En el caso del actual gobierno, el primer año terminó con un balance deficitario y, de ahora en más, el costo político de tramitar cualquier reforma vía Congreso será muy alto.
La imposibilidad de lograr la aprobación de un marco jurídico para el sometimiento a la justicia en el primer año de gobierno ha limitado seriamente el alcance de la ‘paz total’. Por el momento el gobierno no cuenta con herramientas para propiciar acercamientos y eventuales negociaciones con ciertas organizaciones armadas, como podrían ser las AGC, las ACSN o aquellas que operan en contextos urbanos.
Ahora el gobierno debe apelar al realismo y al pragmatismo para redefinir los contornos de la ‘Paz Total’. La tozudez de los hechos demuestra que, difícilmente, durante los dos años y ocho meses que le quedan al actual gobierno, se va a lograr un acuerdo para el desarme y desmovilización de organizaciones armadas.
Dicho en otras palabras, es muy improbable que bajo las condiciones actuales el gobierno logre sacar adelante los cambios o reformas que algunos de estos grupos arguyen como motivación principal para mantenerse en armas.
En este escenario, el gobierno debe enfocarse en acelerar y profundizar la ejecución del Acuerdo de 2016 con las extintas FARC-EP, disminuir la violencia presente y sentar las bases para una verdadera política de paz que cuente con las estrategias y herramientas que permitan dejar encaminados procesos de diálogo y negociación, y eventualmente, en un futuro no muy lejano, las organizaciones armadas opten por la finalización del conflicto.
Los próximos meses son críticos
La prisa y los errores estratégicos han marcado la primera fase de la ‘Paz Total’. Por eso los limitados resultados a la fecha. El proyecto de “paz total” que hemos visto tiene serias falencias, entre ellas, el desconocimiento de los interlocutores en las negociaciones, así como sus incentivos o motivaciones, y no tiene una orientación clara para consolidar unas negociaciones con perspectiva de éxito.
«Es muy improbable que bajo las condiciones actuales el gobierno logre sacar adelante los cambios o reformas que algunos de estos grupos arguyen como motivación principal para mantenerse en armas»
Además, perdió el norte sobre el propósito inicial de los diálogos y negociaciones y desaprovechó la confianza inicial de la ciudadanía. Por el momento se ve muy distante la meta de pacificar el país.
Las señales que ha enviado el flamante Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, son positivas. Es fundamental que cuente con todo el apoyo institucional que le permita redirecciconar la ‘Paz Total’ hacia objetivos más realistas y alcanzables.
Es esencial que el gobierno desideologice el tema de la paz. Los frecuentes llamados para obtener la paz deben pasar de la retórica a la práctica, lo cual requiere un gobierno abierto a dialogar, concertar y trabajar conjuntamente con quienes percibe como sus contrincantes ideológicos.
No es posible lograr el éxito en un proceso de paz dejando de lado a quienes no piensan de la misma manera ni a quienes no se sienten representados por la agenda del actual gobierno.
La actual crisis de gobernabilidad que tiende a profundizarse puede encontrar en la búsqueda de la paz un nuevo aliento que le permita al gobierno pasar a la historia como un capítulo positivo en el largo y difícil camino de lograr una paz estable y duradera.
*Consultor independiente en mediación y resolución de conflictos, profesor universitario, ex-asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Candidato a PhD (EHS), magíster en Derecho Internacional (Universidad de los Andes), magíster en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Deusto) y magister en Acción Humanitaria Internacional (Universidad de Uppsala).